Expropiaciones del derecho a la propiedad

www.eastwebside.com analiza las últimas acciones de intervención de los desarrollos inmobiliarios. Construcciones tomadas a la fuerza. Viviendas entregadas sin documentos de propiedad.  Al final, nadie es propietario.

Por Eduardo Martínez

En las últimas semanas el gobierno ha ejecutado intervenciones en el sector inmobiliario. A pesar que las ha denominado “expropiaciones”, en este caso la definición constitucional de las mismas no puede ser aplicada a lo que el gobierno ejecuta. No se cumplen los requisitos necesarios, y no se agotan las instancias ni los procedimientos. Por lo que no pasan de ser simples “intervenciones” sustentadas únicamente en el poder real que ostentan quienes toman las decisiones.

Habría que reconocer, sin embargo, que detrás de algunas de estas intervenciones pudieran existir razones de peso para acciones regulatorias del Estado. No es nueva la problemática de la redacción de cláusulas, evidentemente ilegales, en los contratos de las pre-ventas de viviendas.

No solo existen sentencias claras y recientes del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ. Tales son los casos de la indexación y la cuota balón, los préstamos en bolívares pero contratados en dólares, y la aplicación desproporcionadas de tasas de interés.  También la Asamblea Nacional ha legislado al respecto. Lo que ha faltado es la acción regulatoria del Estado para hacer cumplir la Ley y proteger a los ciudadanos. Un Estado, y su administrador que es el gobierno,  ante cuyos ojos se ha permitido que algunas constructoras abusen de los compradores de viviendas. Algo que ha sucedido repetidamente en los últimos 11 años. Pero, un Estado negligente, tampoco es algo nuevo.

Lo que si es nuevo, es la actitud irresponsable de intervenir propiedades sin cumplir los requisitos legales. Y, más aún,  entregar los apartamentos intervenidos sin firmarse los contratos respectivos. Dando, lo que no se posee. Entregando sin ningún respaldo documental una propiedad a ciudadanos, que probablemente tienen derecho a ocupar esa vivienda, pero que sin el documento legal se les deja sin respaldo y al descubierto. No se es justo con quien construyó, y no se justo con quien compró.

Habría también que preguntarse porqué en muchos de los desarrollos intervenidos no se han protocolizadas las ventas. Seguramente quienes tomaron la decisión de intervenir desconocen el calvario que hay que recorrer para registrar un documento en registros y notarías. Pueden pasar meses antes que un documento pueda registrarse o notariarse. Se puede registrar la mitad de los documentos de venta, para luego la otra mitad sea rechazada con cualquier pretexto, aunque esté redactada en los mismos términos. Cualquier empleado, cualquiera sea su preparación, tiene la facultad de objetar y “echar para atrás” un documento. Hasta los contratistas cubanos, que presuntamente y únicamente se encargarían de la automatización de los procesos, tienen la autoridad para  imponer criterios de rechazo. Esto último lo afirman abiertamente los empleados venezolanos que laboran en registros y notarías.

Igualmente, otro de los problemas a la hora de legalizar documentos es el sistema de atención por “números”. Una práctica que ha desarrollado una nueva ocupación de la economía informal, como es la de levantarse a las 3 de la madrugada para hacer la cola respectiva a cuenta de terceros. Un madrugonazo muy bien pagado o cobrado.

El Estado que no ha podido construir suficientes viviendas en 11 años, ahora ha tomado para si cientos de viviendas inconclusas, o tal vez miles, para “hacer justicia” con los compradores. Pero el gobierno también en estos 11 años, y lo demuestra con esta última acción, no entrega documentos de propiedad. Ha sucedido con los terrenos para la siembra y el cultivo, y ocurre con las viviendas. Lo que se está expropiando es el derecho a la propiedad. Por esta vía, la única tierrita que tendremos los venezolanos será la que tengamos en el ombligo.

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