Por Eduardo Fernández
El día 28 de julio del año que acaba de terminar (2024) hubo elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición, felizmente, asumió la ruta electoral. El gobierno hizo todo lo posible para que la oposición incurriera de nuevo en el error de llamar a la abstención. No tuvieron éxito.
El gobierno pensó que le convenía el triunfo del sector más radical de la oposición cuya candidata presidencial era María Corina Machado. Calcularon que al ser ella la candidata que ganara la primaria y al estar impedida de postularse por la figura absurda, ilegal y antidemocrática de la inhabilitación, la señora Machado reaccionaría indignada y llamaría a la abstención. No ocurrió así. Maria Corina Machado, con mucha inteligencia, se mantuvo en la ruta electoral. La oposición concurrió masivamente y el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, ganó ampliamente ese proceso electoral.
El gobierno resolvió arrebatar. Resolvió concretar su amenaza: por las buenas o por las malas nos quedamos en el poder. De inmediato desataron una ola represiva para amedrentar a la oposición. Las calles se llenaron de militares y de policías y se cumplió aquello que decía Nelson Mandela: “Cuando un gobierno se sostiene por la fuerza armada en la calle, ese gobierno está muy lejos de ser democrático y de ser legítimo”.
El gobierno alega que ganó las elecciones, pero ha sido incapaz de presentar las pruebas. Todavía a estas alturas no ha logrado presentar los resultados electorales, mesa por mesa, como lo ordena la ley.
La oposición alega que ganó las elecciones. Y presenta las actas que confirman esa realidad electoral. Esta vez, la oposición, actuando con mucha inteligencia, se ocupó de tener las actas en su poder. El Centro Carter y la comunidad internacional han dado por buenas las actas presentadas por la oposición y han deplorado que el gobierno no haya presentado ninguna documentación que le dé fundamento a su alegato de haber ganado la elección presidencial.
¿Qué debería haber ocurrido? En cualquier país civilizado del mundo las partes contendientes, gobierno y oposición, se habrían sentado alrededor de una mesa con un árbitro imparcial y cada uno habría presentado sus alegatos y pruebas y el conflicto se habría resuelto sin mayores traumas.
En lugar de eso, el gobierno desató una persecución grotesca contra María Corina Machado, la líder más representativa de la oposición y contra Edmundo González, el candidato presidencial que representaba la alternativa democrática frente a la pretensión continuista del presidente Nicolás Maduro.
¿Qué tenemos que hacer ahora? Defender el resultado de las elecciones del 28 de julio. Defender el principio constitucional, según el cual la soberanía reside en el pueblo. Hacer uso del derecho que nos confiere la Constitución Nacional para expresar nuestra protesta frente al atropello que se pretende cometer contra la soberanía popular.
Defender los valores y los principios contenidos en el texto constitucional con todos los medios a nuestro alcance. De esta manera no sólo estaremos defendiendo al estado de derecho y al orden constitucional. Estaríamos defendiendo también al pueblo venezolano.
Un gobierno cuya legitimidad está seriamente cuestionada dentro del país como en la comunidad internacional es lo que menos nos conviene a los venezolanos que queremos ver resueltos los problemas económicos y sociales que padece la nación.
Los venezolanos queremos vivir mejor. Para eso, es indispensable superar la crisis política y, a partir de allí, superar la crisis económica y la crisis social. Estamos en tiempo de hacer prevalecer la razón, la inteligencia y el patriotismo. Estamos a tiempo de hacer un llamado a la unión y al progreso de Venezuela y de los venezolanos.
Así lo veo.
Editado por los Papeles del CREM. Responsable de la edición: Raúl Ochoa Cuenca.
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