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La sentencia leída en la noche del jueves por la jueza Susana Barreiros, lejos de hacer justicia, descubre en toda su dimensión el modus operandi de lo que sería la institución judicial venezolana.

Desde el primer día, cuando los estudiantes manifestaron el 12 de febrero del 2014 a plena luz meridiana, hasta la oscuridad de la noche, cuando es leída la condena, el proceso tuvo como frontera la ausencia de lo que los juristas llaman “el debido proceso”.

Innumerables pruebas y testimonios fueron desechados por la juez, quien en ningún momento habría rechazado las presuntas pruebas elaboradas en juicio por la fiscalía.

Ese 12 de febrero, cuando se generaron los sucesos, los reporteros, fotógrafos y camarógrafos fuimos testigos de lo sucedido. La evidencia gráfica respalda lo que los periodistas escribieron ese día. Los videos presentan en movimiento, de secuencia y audio cómo se generaron los distintos eventos. Muestran la caras de motorizados -con vestimenta tipo comando- que agreden con armas de fuego a indefensos estudiantes.

Retirados del lugar –Plaza Carabobo- pudimos ver como enjambres de motorizados sin placas, estaban colocados detrás de las barricadas policiales. ¿Se preparaban para atacar al numeroso grupo de estudiantes?

Frente a la sede de la Fiscalía, los estudiantes esperaban a que la ciudadana fiscal general los recibiera. ¿Porqué la fiscal no asumió sus funciones y recibió a una delegación de los estudiantes para oír sus planteamientos? ¿Inseguridad, cobardía o premeditación? ¿Eso hubiera evitado la violencia?

Las muertes de tres venezolanos, uno jefe colectivo en La Candelaria, y el otro estudiante en la inmediaciones de la protesta, marcaron el inicio de la violencia ese día. En la noche, un joven de apellido Redman, testigo material del asesinato del estudiante unas horas antes, sería asesinado en la calle Elice de Chacao. Más de un año después, otro de los testigos –Conan- también sería sospechosamente asesinado a pocas cuadras del lugar.

Al sur de la Plaza Carabobo, cuatro estudiantes que huían de los disparos serían detenidos por funcionarios del CICPC. Entre ellos Marcos Coello, quien en forma casi inmediata sería brutalmente torturado en las instalaciones de ese organismo policial.

En su conjunto esos cuatro jóvenes fueron integrados al juicio contra Leopoldo López. Son los cómplices necesarios que se necesitaban para configurar una conspiración y otros delitos “ad hoc” para el régimen.

Simultáneamente, dos adolescentes fueron detenidos luego de quemar vehículos asignados al cuerpo policial. En copia de las actas -ocultadas a los abogados defensores- los menores reconocen haber propiciado el fuego. Estas declaraciones fueron realizadas en presencia de sus padres.

La experticia técnica realizada a los celulares, según han relatado los abogados, habría descubierto que de los 4 detenidos, solo uno habría presentado datos relacionados con un político: un alto funcionario del gobierno. Lo más grave, es que habría intercambio de mensajes minutos antes de los sucesos violentos. El resto no contenía información alguna al respecto. ¿Quién es ese alto funcionario?

En el caso de Coello, la denuncia de las torturas fue realizada de inmediato por los familiares. Los torturadores están identificados. Los exámenes forenses dejaron constancia de las consecuencias de la tortura. Esto al punto, que fue el único de los procesados que fue liberado a presentación. Nada más pasó desde entonces. ¿Están los torturadores presos?

Los familiares de Coello también han denunciado que quien recibió las denuncias de la tortura, sería el fiscal que a la postre realizaría la imputación la imputación ante la juez Barreriros. ¿Estamos frente a una conspiración de la cual formaría parte ese fiscal?

La reclusión de Leopoldo López amerita al menos un párrafo. Es mantenido en una cárcel militar, cuando es juzgado por tribunales civiles. Sus familiares no lo pueden ver casi nunca. Los amigos, nunca. La figura de “aislado y confinado” en la cual sus carceleros lo mantienen, sería según los estándares una figura de “trato cruel e inhumano”. Leopoldo no puede ver casi nunca a sus hijos.

Ramo Verde también amerita unas líneas. Quienes van a visitar presos en esa cárcel, son sometidos a revisiones vejatorias de la dignidad humana. Esto con el agravante de que dependería de “a quién” van a visitar, para someterlos a diferentes “profundidades” de revisión. Es así como se evidenciaría el trato discriminatorio para presos y visitantes.

Todos sabemos por la historia, que cuando la dignidad, la justicia, la libertad –entre otros principios y valores- regresan a la vida ciudadana y cotidiana, los responsables se escudan siempre bajo una declaración clásica: “Yo recibía órdenes”.

Así fue con los criminales de la revolución Nazi, los fascistas italianos, los carniceros de los campos de concentración, y más recientemente con los esbirros de la Seguridad Nacional, y los agentes comunistas detrás de la cortina de hierro, una vez esta se desintegró.

Solo falta, oída la sentencia “leída” si no escrita por la jueza –que condenó a López a 13 años y 9 meses- hacernos las preguntas: ¿Alguien dio la orden? ¿Cual sería la amenaza para que se diera esa sentencia condenatoria? ¿Una re edición del caso Affiuni?

Es para meditar todas las anteriores preguntas. Estamos en un mundo en donde no se pueden ocultar las respuestas por mucho tiempo. Ya no existe ese universo en el cual se cometían grandes injusticias, y el mundo estaba ignorante de lo que pasaba. Ahora, así quieran ignorarlas ex profeso, la tecnología y la actitud de las personas no lo permiten.

La sentencia, más que juzgar a Leopoldo López y cuatro estudiantes, juzga a la juez y a todos aquellos que se articularon en este proceso. Un proceso indignante para los venezolanos de bien, y vergonzoso para la justicia venezolana.

Eduardo Martínez

Editor eastwebside.com