La Fundación de Derechos Humanos (HRF) condena enérgicamente los recientemente anunciados y evidentemente fraudulentos resultados electorales del régimen autoritario venezolano, que dieron al dictador Nicolás Maduro una victoria con el 51,20% del voto nacional. HRF considera que los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por Maduro, son claramente fraudulentos porque contradicen directamente las cifras de las encuestas a pie de urna documentadas por la oposición democrática unificada, encabezada por la candidata ilegalmente descalificada María Corina Machado y su sustituto, el candidato de la unidad Edmundo. González, que dio la victoria al candidato de la oposición democrática con el 70% del voto nacional.
Las cifras publicadas por el bando de Machado y González, basadas en el escrutinio de todos los centros de votación por parte de sus miembros, son en gran medida consistentes con el análisis de las encuestas a pie de urna realizado por la experimentada firma encuestadora Edison Research, con sede en Nueva Jersey, que ha sido considerada la más creíble. fuente del jefe de la oficina sudamericana del Wall Street Journal, y dio a la oposición una victoria proyectada con el 65% de los votos.
“En una medida predecible pero escandalosa, el portavoz electoral del régimen de 25 años ha anunciado una vez más resultados electorales fraudulentos, afirmando falsamente que la dictadura ha ganado. Este descarado intento de legitimar un resultado amañado es una bofetada al pueblo venezolano y muestra el grado de desvergüenza que alcanzará la dictadura para mantener su control ilegítimo del poder”, dijo el director ejecutivo de HRF, Thor Halvorssen. “HRF se solidariza con el valiente pueblo de Venezuela, que merece que sus votos sean contados y validados, en lugar de lo que realmente ocurrió durante una contienda que no fue ni libre ni justa, pero donde el pueblo venezolano se movilizó masiva y valientemente para «Expulsar la dictadura», dijo.
En el período previo a las elecciones, el dictador Nicolás Maduro había amenazado ominosamente que si perdía, habría un “baño de sangre” en Venezuela. Esta escalofriante advertencia fue un intento descarado de intimidar a los votantes, reprimir a la oposición y socavar el proceso democrático, pero a pesar de estas amenazas, el pueblo venezolano aún así obtuvo el voto de manera histórica y ahora está en las calles pacíficamente exigiendo que sus votos sean contados adecuadamente. y pedir a la dictadura que permita una transición a la democracia. Además, la negativa del régimen a permitir que observadores internacionales independientes supervisen las elecciones es una clara indicación de su intención de ocultar la verdad. A la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE) se les negó la capacidad de enviar misiones de observación electoral a Venezuela. Además, en los días previos a las elecciones, a numerosos observadores internacionales, incluidos ex presidentes y legisladores de países democráticos, se les negó arbitrariamente la entrada a Venezuela o se los expulsó del país, lo que puso de relieve la desesperación del gobierno por ocultar su manipulación electoral. La mayoría de los observadores no eran independientes y, en cambio, eran partidarios incondicionales del régimen.
“En sintonía con el espíritu de la Carta Democrática Interamericana que reconoce el derecho del pueblo venezolano a la democracia, el mundo debe rechazar los resultados fraudulentos anunciados por el régimen y exigir que el régimen renuncie, al tiempo que apoya a los millones de venezolanos que han tomado medidas. a las calles para exigir pacíficamente que se cuenten sus votos. Instamos a la comunidad internacional a unirse a nosotros para exigir que el régimen de Maduro renuncie para que puedan ocurrir reformas democráticas genuinas en Venezuela y para que el régimen rinda cuentas por dos décadas de tiranía y graves abusos contra los derechos humanos”, dijo el jefe legal y el responsable de políticas, Javier El-Hage. “Esta última burla de un proceso electoral caracterizado por el silenciamiento de las voces de la oposición y la manipulación de los resultados electorales socava una vez más el derecho humano fundamental del pueblo venezolano a elecciones libres y justas, y no se puede permitir que se presente”, afirmó. .
Durante décadas, los votantes en las elecciones venezolanas han carecido de la libertad de decidir votar contra el régimen chavista, y el proceso ha carecido de la equidad básica que permitiría a la oposición competir en condiciones razonablemente equitativas, con los medios de comunicación estrechamente controlados por el gobierno. régimen y cientos de presos políticos y líderes políticos icónicos, como los ex alcaldes de Caracas Leopoldo López y el alcalde Ledezma, que han tenido que buscar asilo arriba. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha mantenido el poder desde 1999, cuando el entonces gobierno liderado por Hugo Chávez comenzó a implementar medidas para reprimir a la oposición, incluida la restricción del registro de candidatos, la censura de los medios y la manipulación de los procesos electorales. El CNE, controlado por el régimen y responsable de supervisar las elecciones, está dominado por personas abiertamente leales al gobierno, lo que genera corrupción y prejuicios en la forma en que se llevan a cabo las elecciones.
Históricamente, el gobierno ha utilizado herramientas como la “Lista Tascón” (que publicó los nombres de los venezolanos que votaron en un referéndum revocatorio contra Chávez) para castigar a los votantes de la oposición y el “Programa Maisanta” para recompensar a los leales, creando un clima de miedo y coerción. La Lista Tascón, que lleva el nombre del legislador chavista Luis Tascón, se utilizó para identificar y poner en lista negra a partidarios de la oposición, negándoles el acceso a servicios públicos y empleo. De manera similar, el Programa Maisanta se utilizó para atacar a los opositores mediante discriminación política, incluso recompensando a los partidarios del gobierno, creando un sistema de clientelismo y dependencia. Estos factores han llevado a un acuerdo generalizado sobre la falta de legitimidad democrática de los procesos electorales de Venezuela, y los organismos de control independientes, incluido HRF, los consideran desde hace mucho tiempo ni libres ni justos.