El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (CICIVEN), este jueves hizo un al Presidente de los Estados Unidos, al Secretario de Estado, a las autoridades civiles y policiales que atienden el asunto migratorio y, por supuesto, al Congreso de los Estados Unidos, en defensa de los centenares de miles de venezolanos que hoy son víctimas de la no atención al debido proceso.
Solicitaron al Poder Ejecutivo de EEUU “ordenar la inmediata suspensión de las persecuciones y detenciones arbitrarias, así como aplicar el debido proceso”.
Asímismo, solicitaron al Congreso “atender este asunto a través del o de los Comités correspondientes”, y manifestaron su intención “de ponerse a la orden”, si lo requieren, para aportar más elementos de información a la investigación.
CICIVEN en su comunicado expresó “su profunda preocupación y rechazo a la violación de derechos fundamentales en los Estados Unidos, entre otros al debido proceso, consagrado en la 5° Enmienda de la Constitución de este gran país (1791)”. Lo que resaltó que “que parece haber quedado en el olvido, para quienes hoy persiguen, acosan y privan de libertad a venezolanos, al igual que a otros migrantes que están en proceso de trámite de asilo por razones políticas o de otra naturaleza”.
Entendiendo claramente “el derecho de los Estados Unidos a proteger sus fronteras y a establecer disposiciones migratorias”, rechazaron la criminalización a una comunidad por su origen o por su nacionalidad. Lo que consideraron ni constitucional ni humano, “contraria además el derecho internacional”.
Recordaron, que en el proceso migratorio, “el trámite no hace delincuente al solicitante, ni puede presumirse su culpabilidad, debe ser tratado con el respeto que merece su dignidad humana”.
Igualmente, CICIVEN señaló que “la situación migratoria, por sí sola, no supone la pérdida de las garantías fundamentales como la libertad; y que, “cuando una persona está sometida a un proceso migratorio pendiente y ha cumplido sus obligaciones, permaneciendo a la espera de una entrevista o audiencia, según el caso“; y afirmaron que “privar de libertad a una persona exige el cumplimiento de garantías legales y constitucionales”.
“Nadie debería ser privado arbitrariamente de su libertad, por mora u omisión que no le es imputable. Son centenares de miles los venezolanos en los Estados Unidos que han recibido permiso de trabajo y tienen cobertura de seguro social, en espera de la entrevista o audiencia; en algunos casos son muchos años de espera, cinco, diez o más; mientras esperan, están incorporados al proceso productivo del país, pagan sus impuestos y son personas de bien; no obstante, de la noche a la mañana se les criminaliza, se les persigue y priva de libertad, comienzan a vivir un estado de zozobra y angustia semejante al que los obligó a venirse y solicitar asilo político, siendo nuevamente víctimas de pánico, alterando peligrosamente su estado emocional, con lo que por supuesto afecta también a sus hijos”.
Finalmente, el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela resaltó que “el debido proceso no es un privilegio reservado para ciertos grupos, es una garantía fundamental de toda persona frente al poder del Estado, el cual debe actuar en plazo razonable, de conformidad con la ya citada 5° Enmienda de la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo de 1946”.
La declaración de CICIVEN fue firmada por la junta directiva: José Emilio Castellanos, Wilfredo Castro, Luis Corona, Juan José Monsant, Rosario Orellana, José Pinto, Víctor Rodríguez Cedeño, William Cárdenas -Presidente, Paciano Padrón -Vicepresidente, y Walter Márquez -Director General.
Fuente: Prensa CICIVEN
Fotografía: Cortesía El Carabobeño.