Ciadi ratifica criterio de la Sala Constitucional venezolana

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Luis Estella Morales, Magistrada

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi), mediante un Laudo arbitral (de fecha 2 de agosto 2011) decidió a favor de la posición litigiosa de la República Bolivariana de Venezuela, al invocar la sentencia Nº 1541/2008 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), bajo la ponencia de su presidenta, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño.

La magistrada Luisa Estella Morales Lamuño explicó que en el marco de la Ley Habilitante de 1999 se dictó la Ley de Protección y Promoción de Inversiones, “esta ley en su artículo 22 desarrolla el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que establece los medios alternativos de resolución de conflictos y entre ellos el arbitraje”. Al respecto la presidenta del TSJ recordó que el artículo 22 de la Ley de Protección y Promoción de Inversiones “al principio se le señaló como que era confuso”, lo cual ameritó que la Procuraduría General de la República (PGR) interpusiese ante la Sala Constitucional del TSJ un recurso de interpretación.

En ese sentido, la magistrada Luisa Estella Morales Lamuño afirmó que la Sala Constitucional interpretó claramente “la intención del artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y por ende su desarrollo en el artículo 22 de la ley.

Al mismo tiempo, la Magistrada explicó que la conclusión de la Sala en la sentencia Nº 1541, “fue clarificar que el artículo 22 debe interpretarse como que la voluntad del país para contraer un compromiso internacional de arbitraje debe ser expresa, que no puede ser tácita, no puede ser que se suponga que en ejercicio del artículo 22, el hecho de que la voluntad del legislador haya sido abrir los medios alternativos, ese ope legis fuese ya una patente de corso para todas las empresas que estuviesen actuando o contratando en Venezuela considerase esa controversia que pudiese surgir en el ejercicio de los contratos o acuerdos tuviese que ventilarse a nivel del arbitraje internacional”, detalló.

La Presidenta del TSJ también enfatizó que a medida que Venezuela ha hecho sus defensas desde la Procuraduría General de la República siempre ha argumentado este criterio, “y es eso lo que ha sido acogido como una interpretación válida por el Ciadi”.

Resultados satisfactorios en arbitrajes anteriores

Recordemos que esta es la cuarta ocasión que la defensa venezolana resulta airosa ante un panel arbitral asistiéndose de los argumentos ampliamente expuestos por la sentencia vinculante Nº 1541/2008 (publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.055 del 10 de Noviembre de 2008).

La primera oportunidad fue en el caso de la transnacional norteamericana Exxon Mobil, lo que se constituyó en un gran triunfo judicial, cuya cantidad asciende a no menos de $ 7.000 millones de dólares (Vid. Laudo Ciadi ARB/07/27). La segunda ocasión obedeció al caso de la empresa Cemex (Vid. Laudo Ciadi ARB/08/15), en donde también la República ahorró una cantidad cuantiosa de dinero a consecuencia de que fue rechazada la gran porción dineraria de las reclamaciones de la transnacional.

Mientras el tercer caso correspondió a la empresa canadiense Nova Scotia Power, la cual había reclamado más de $180 millones como indemnización a la revocatoria de concesión de suministro de carbón por un largo período con una empresa del Estado venezolano.  En esto oportunidad fue un panel arbitral Ad Hoc (reunido en la Corte Permanente de Arbitraje con sede en la Haya) la que no sólo negó jurisdicción sobre el caso (y con ello desechando la demanda), sino que además, condenó a la empresa a pagar un millón de dólares en costas y costos a favor de Venezuela.

Y, ahora, por cuarta vez Venezuela resulta favorecida gracias al precedente de la sentencia 1541/2008 de la Sala Constitucional, lo constituye el Laudo Ciadi (2 de agosto de 2011), iniciado por la demanda de la empresa norteamericana Brandes Partners, que reclamaba una indemnización con ocasión a la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Cabe destacar que los cuatro laudos arbitrales tienen en común, el hecho de haber acogido la tesis jurisprudencial de la Sala Constitucional (en la sentencia Nº 1541); y más específicamente los tres laudos Ciadi (en casos Mobil, Cemex y Brandes), por cuanto negaron que el artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones contenga una “oferta unilateral” y “abierta” de arbitraje sin que antes medie el consentimiento de la República para ello, señala la decisión.

En efecto, los Laudos arbitrales se inclinaron por la posición de la defensa venezolana, que asistiéndose de la sentencia de la Sala Constitucional, argumentaron que la República no podía obligarse a ir a un arbitraje  sin que antes mediara su consentimiento para tal fin. De allí, la importancia que para tales casos revistió la aludida sentencia vinculante 1541/2008, dado que ya había esclarecido el tema en forma extensa y profusa.

En suma, esta nueva victoria de Venezuela ante tribunales internacionales ratifica no sólo la postura seria y responsable del país en enfrentar sus contiendas judiciales de carácter internacional, sino también revela el alto grado de tecnicidad que detenta la Sala Constitucional venezolana para tratar conflictos de alta envergadura internacional.

Fuente: Prensa TSJ

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