
Por: Wilmer Suárez | HAITÍ, PARTE II | EDICIÓN FINAL
¡Y se armó la sampablera en Haití! Como comentamos en nuestra entrega anterior, Nayib Bukele envió fuerzas salvadoreñas a territorio haitiano después de la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de su país. Lo que comenzó con centenares de efectivos escaló a un despliegue que la prensa internacional sitúa alrededor de 2.500 soldados. Pero, ¡ojo pelao!, no confundamos una ofensiva militar con la pacificación definitiva: las bandas siguen siendo una amenaza y los cuatro salvadoreños continúan sin aparecer en las informaciones verificadas.
Para esta columna bautizamos, con licencia editorial y no como nombre oficial, aquella ofensiva como «Bukele Clear». La palabra «limpiamos» del título va entre comillas precisamente porque es una provocación periodística, no un parte militar que certifique que Haití quedó libre de pandillas. En el Caribe conocemos muy bien la diferencia entre anunciar una victoria y poder caminar por la calle sin miedo. ¡Del dicho al hecho hay mucho trecho!

Y aquí está el meollo del asunto: de poco sirve perseguir al muchacho que carga el fusil si quien paga las municiones, el transporte y las mordidas aduaneras sigue disfrutando de aire acondicionado, negocios y buenos contactos. Porque, como decía mi abuela, las armas no crecen en las matas de mango. ¿Quién pone los reales? ¿Quién abre la frontera? ¿Quién cobra por hacerse el pendejo?

No se trata de una pregunta lanzada al aire. El Panel de Expertos de Naciones Unidas, en su informe S/2024/704, párrafos 167 a 173 y anexo 44, señaló al exsenador haitiano Rony Célestin como uno de los presuntos financiadores de la banda 400 Mawozo y describió una red de contrabando entre Haití y República Dominicana. El Panel entrevistó a 18 fuentes confidenciales en ambos países. Cinco explicaron por separado cómo camiones vinculados al contrabando de Célestin habrían transportado en ocasiones armas y municiones ocultas, destinadas a la banda, con conocimiento del exsenador, según la investigación. Estas son conclusiones y testimonios recogidos por expertos, no una sentencia penal.
El documento es tan concreto que identifica los corredores de Belladère y Malpasse. Las fuentes hablaron de cargamentos con lotes de 100 a 500 cartuchos y dos o tres armas escondidas entre mercancías y alimentos. El anexo 44 describe presuntos pagos totales de entre 3.000 y 5.000 dólares por camión a integrantes de la red, incluidos miembros de la banda y funcionarios corruptos, para facilitar el tránsito, esquivar inspecciones y evitar impuestos. ¡Con razón el negocio del terror no se acaba cambiando solamente al hombre de la alcabala!

La ONU describe empresarios, comerciantes informales, transportistas, contrabandistas y agentes corruptos de seguridad y aduanas que actuarían a ambos lados de la frontera. También registra testimonios sobre traslado irregular de trabajadores migrantes —en ocasiones menores—, drogas ocultas en vehículos y manipulación de facturas comerciales. Lo grave no es la nacionalidad de los empresarios: es la presunta asociación entre dinero, corrupción y armas. No corresponde convertir a todos los comerciantes dominicanos en sospechosos por culpa de una red investigada.
Ahora la prensa de República Dominicana vuelve a colocar nombres sobre la mesa. Diario al Día publicó el 11 de noviembre de 2026 declaraciones del comunicador Eduardo Saint-Hillaire, quien señaló a Célestin como supuesto cerebro financiero de 400 Mawozo. El respaldo documental es el informe de Naciones Unidas de 2024. Pero una denuncia televisiva no identifica por sí sola a todos los empresarios o funcionarios involucrados; para publicar nombres adicionales hacen falta documentos, decisiones oficiales y evidencia individualizada. Que nadie confunda periodismo con una lista de condenados inventada.
El exsenador también fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en diciembre de 2022 por asuntos relacionados con narcotráfico. Las sanciones importan, pero tampoco equivalen por sí mismas a una condena penal. A cada cual hay que exigirle cuentas con pruebas, no con cuentos. Si la investigación quiere llegar hasta el fondo, debe seguir cuentas, beneficiarios reales, sociedades comerciales, registros aduaneros y transferencias. ¡Porque el dinero deja huellas, aunque sus dueños quieran caminar de puntillas!
Por otra parte, Haití reprogramó sus elecciones. La primera vuelta, prevista para el 13 de diciembre de 2026, pasó al 18 de julio de 2027, y la siguiente jornada electoral al 4 de octubre. El Consejo Electoral citó cambios al decreto, dificultades técnicas y operativas y condiciones de seguridad. No afirmó que la ofensiva salvadoreña fuera la causa directa. En un país donde registrar votantes y abrir centros de votación exige garantías básicas, no se puede organizar una democracia a punta de promesas. ¡Primero hay que permitir que la gente salga viva a votar!

¿Y Venezuela? Ahí está la pregunta que incomoda. Si se investigan los financistas de las pandillas haitianas, ¿por qué no reclamar el mismo rigor para averiguar quién suministra recursos y armas a los grupos armados ilegales que actúan en Venezuela? Los nombres Tupamaros, Alexis Vive y La Piedrita aparecen frecuentemente en el debate público, pero cada organización y cada persona debe ser examinada por sus actos concretos. No basta el apodo de «colectivo» para probar un delito, ni basta un discurso oficial para borrar posibles responsabilidades.
La eventual participación de fuerzas salvadoreñas en Venezuela es una hipótesis política que exigiría una base jurídica internacional, autorización pertinente, protección de civiles y controles de derechos humanos; no es una operación anunciada ni aprobada. Y sobre la frase atribuida al presidente Donald Trump —«Haz lo que tengas que hacer»—, esta columna no la presenta como cita comprobada mientras no aparezca una fuente primaria. Lo que sí podemos exigir, sin pedir permiso a nadie, es una investigación seria sobre autores materiales, intelectuales y financistas.
En Haití, como en Venezuela, el desafío es impedir que el hombre del fusil termine pagando solo mientras quien le llenó los bolsillos sigue repartiendo tarjetas de presentación y hablando de paz en televisión. La salsa que sirve para el pavo también sirve para la pava. Si la justicia va tras los que disparan, que no se le pierdan los que compran las balas. ¡Y eso hay que decirlo a calzón quitao!
DOCUMENTO DE LA ONU: Informe S/2024/704, párrafos 167–173 y anexo 44. No se reproduce una imagen fotográfica del documento porque no fue posible obtener el archivo original; enlace oficial: https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n24/243/76/pdf/n2424376.pdf
FUENTES: ONU S/2024/704; ONU S/2026/241; Reuters (29/10/2026); Associated Press (octubre y noviembre 2026); Diario al Día, Santo Domingo (11/11/2026); Departamento del Tesoro de EE. UU. (02/12/2022).
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