El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la acción de nulidad que la representante legal de la ciudadana Carla Daviana Padua Muñoz ejerció contra el acto administrativo dictado por el entonces Contralor General de la República, en la cual le impuso la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez años.
Ante la decisión de este Juzgado se ordenó notificar a la ciudadana Fiscal General de la República, a la Contralora (E) General de la República y al Procurador General de la República remitiéndoles copias certificadas de la solicitud y de la documentación sobre el caso.
Asimismo, se estableció que una vez que consten en autos las notificaciones practicadas se remitirán a la Sala el expediente a fin de que se fije la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Fuente: Prensa TSJ