Por Wilmer Suárez
¡DE PAPA DOC A BARBECUE: EL ORIGEN DEL ZAPEROCO!
Hay un refrán que dice: «El que siembra vientos, recoge tempestades». Y Haití lleva décadas recogiendo una cosecha amarga: dictaduras, golpes de Estado, pobreza, instituciones debilitadas y grupos armados que terminaron convirtiendo la vida cotidiana en un calvario. Hoy las pandillas extorsionan, secuestran, bloquean carreteras y disputan territorios a las autoridades. Pero no aparecieron por arte de magia. ¡Para entender este arroz con mango hay que comenzar por el principio!
En 1957 llegó al poder François Duvalier, el célebre Papa Doc, quien creó los Tonton Macoutes, una milicia utilizada para perseguir e intimidar a sus adversarios. Aquellos hombres no eran las pandillas actuales, pero ayudaron a consolidar una peligrosa costumbre: emplear grupos armados para proteger intereses políticos. En 1971 lo sucedió su hijo Jean-Claude, Baby Doc, hasta la caída de la dictadura en 1986. Cambió el gobierno, pero no desaparecieron las armas ni la impunidad. ¡Se fue el dueño del circo y quedaron los trapecistas!
Durante los años noventa y las crisis relacionadas con Jean-Bertrand Aristide adquirieron protagonismo grupos barriales armados, entre ellos las llamadas baz y chimères. Algunos nacieron como estructuras de defensa comunitaria; otros participaron en intimidaciones y disputas políticas. La disolución del ejército en 1995, la crisis de 2004 y el terremoto de 2010 agravaron la debilidad institucional. El terremoto no creó las pandillas, pero añadió combustible a una situación ya incendiada.
¡BARBECUE Y VIV ANSANM: CUANDO EL CRIMEN SE HIZO DUEÑO DE LA CALLE!
Con los años, diversas bandas pasaron de la violencia barrial al control de rutas, mercados, secuestros y extorsiones. En 2020 ganó notoriedad la coalición G9, asociada al expolicía Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue; frente a ella se consolidó G-Pèp. El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 profundizó el vacío de poder. En 2024 grupos antes rivales anunciaron Viv Ansanm, «Vivir juntos». ¡Bonito nombre para quienes habían pasado años arreglando sus diferencias a tiros!
Las Naciones Unidas estimaron durante 2024 que las pandillas dominaban o influían en cerca del 85 % del área metropolitana de Puerto Príncipe. Eso no equivale al control de todo Haití, pero sí de buena parte de su capital y de corredores vitales. En semejantes condiciones, ir al mercado puede convertirse en una aventura. El problema no se reduce a un jefe o una banda: también incluye redes de tráfico de armas, financiación, corrupción y ausencia de servicios públicos.
2024: ¡BUKELE LE PUSO EL OJO A HAITÍ!
En marzo de 2024 Nayib Bukele ofreció públicamente contribuir a resolver la crisis haitiana, condicionado a autorización internacional, consentimiento de las autoridades haitianas y financiación. No fue una intervención formal suya ante el Consejo de Seguridad. La misión multinacional ya había sido autorizada por ese órgano mediante la Resolución 2699 de octubre de 2023 y fue encabezada inicialmente por Kenia.
El 30 de octubre de 2024 la Asamblea Legislativa salvadoreña autorizó personal para operaciones de evacuación médica. La Resolución 2793 de septiembre de 2025 creó un nuevo marco para la Fuerza de Supresión de Pandillas, concebida con hasta 5.550 integrantes en total, no 5.550 salvadoreños. En septiembre de 2026 se prorrogó el mandato internacional y el Congreso salvadoreño aprobó la continuidad de su participación. ¡Pero no confundamos la gimnasia con la magnesia! Una cosa es autorizar una misión internacional; otra, aprobar la salida de militares de El Salvador; y otra muy distinta, determinar el mando y las reglas de cada operación.
18 DE OCTUBRE DE 2026: ¡LA EMBOSCADA QUE CAMBIÓ EL ESCENARIO!
El 18 de octubre cuatro técnicos de aviación salvadoreños desaparecieron tras el ataque contra un vehículo blindado en las afueras de Puerto Príncipe. El vehículo terminó incendiado. Los técnicos participaban en tareas vinculadas al apoyo aéreo y a evacuaciones médicas. Bukele anunció una operación para localizarlos y rescatarlos.
En los días siguientes se comunicó el envío de unidades de fuerzas especiales y aumentó el despliegue. Reuters informó de alrededor de mil efectivos el 27 de octubre y aproximadamente dos mil el 29, con referencias a una posible ampliación. Las cifras corresponden a reportes de esos días, no a un balance definitivo. Al 4 de noviembre no había confirmación pública concluyente del paradero de los cuatro desaparecidos. ¡Una cosa es el rumor de la esquina y otra una noticia confirmada!
¿QUIÉN MANDA? ¡HASTA PARA JUGAR DOMINÓ HAY REGLAS!
La dimensión de la movilización planteó preguntas sobre autoridad, coordinación y responsabilidades. Naciones Unidas señaló que los refuerzos extraordinarios salvadoreños no estaban integrados formalmente en la fuerza multinacional. Por ello, la autorización internacional existente no puede interpretarse como permiso automático para cualquier operación adicional.
¿Quién investiga si muere un civil? ¿Qué autoridad responde por un abuso?
¿Quién administra un barrio recuperado cuando se retiran los militares? No basta con entrar manu militari y anunciar que todo quedó resuelto. Una seguridad
duradera necesita policía profesional, tribunales, escuelas y servicios. ¡Porque una cosa es sacar al ratón de la cocina y otra tapar los huecos por donde vuelve!
La reducción de homicidios y del dominio de las maras en El Salvador es un antecedente relevante, pero también lo son las denuncias sobre detenciones arbitrarias y garantías judiciales. Haití tiene condiciones diferentes. La fuerza puede ser una herramienta legal de protección, pero no sustituye la justicia ni las instituciones.
¿LAS PANDILLAS ESTÁN PIDIENDO CACAO?
A comienzos de noviembre se informó sobre una solicitud de mediación dirigida a Naciones Unidas por un dirigente pandillero haitiano. Eso no demuestra una rendición ni permite anunciar el final de las bandas. Un contacto humanitario para liberar rehenes tampoco significa conceder impunidad. ¡No vayamos a confundir una paloma de la paz con un hombre armado que pide tiempo para reorganizarse!
Hasta que existan resultados comprobables, el título de esta columna seguirá siendo una pregunta provocadora y no una victoria consumada. Los haitianos necesitan poder regresar a sus casas y abrir sus negocios sin pedirle permiso a un delincuente.
¡LA SALSA QUE SIRVE PARA EL PAVO TAMBIÉN SIRVE PARA LA PAVA! ¿Y VENEZUELA?
La historia haitiana invita a mirar las denuncias sobre civiles armados en Venezuela. Se mencionan nombres como Tupamaros, Alexis Vive, La Piedrita y Círculos Bolivarianos, aunque no todas esas organizaciones tienen igual naturaleza ni todos sus integrantes pueden ser acusados colectivamente de delitos. Lo que corresponde es investigar hechos concretos y responsabilidades individuales: amenazas, agresiones, homicidios, secuestros, extorsiones o desapariciones.
La misión internacional de determinación de los hechos de la ONU ha examinado denuncias de actuación de civiles armados y vínculos con estructuras estatales. Por las funciones del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, dirigido por Diosdado Cabello, cabe exigir transparencia, supervisión y respuestas institucionales. La responsabilidad política de dirigir un ministerio no prueba automáticamente participación penal personal en cada hecho denunciado.
Especial atención merecen los venezolanos deportados desde Estados Unidos y quienes retornan mediante mecanismos de repatriación, incluido Vuelta a la Patria. Cada deportación tiene circunstancias jurídicas distintas, pero ninguna autoriza persecución, extorsión o detención arbitraria. ¿Quién garantiza la protección de esos ciudadanos? ¿Quién investiga las denuncias de sus familiares?
La propuesta es que organismos internacionales examinen las amenazas de grupos armados ilegales, documenten las denuncias, fortalezcan la protección de retornados y evalúen cooperación policial, judicial y asistencia técnica, incluida la experiencia salvadoreña. No existe una autorización automática de la ONU para intervenir militarmente en Venezuela: cualquier medida coercitiva requeriría una base jurídica propia conforme a la Carta de Naciones Unidas. Invocar la «ley del garrote» como única solución sería ignorar que la fuerza sin controles también puede producir abusos. La autoridad legítima exige ley, pruebas, jueces y protección de civiles.
Y para quienes piensan que la violencia es tolerable cuando la ejercen los suyos, queda el refrán: «La salsa que sirve para el pavo también sirve para la pava».
¡Que la ley sea igual para todos, lleven uniforme, franela o corbata!
FUENTES Y PRECISIONES EDITORIALES
ONU: resoluciones 2699 (2023), 2793 (2025) y 2829 (2026). Asamblea Legislativa de El Salvador: autorizaciones de octubre de 2024 y septiembre de 2026. Reuters y Associated Press: cobertura de octubre y noviembre de 2026. Las acusaciones sobre personas y organizaciones deben distinguirse de sentencias judiciales.
Ilustraciones: caricaturas editoriales, no fotografías.
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