Por José Antonio García
Imaginen que su casa se viene abajo. Ahora, imaginen tener los ahorros en la pantalla del banco, pero recibir un frío «Acceso denegado». Tienen el dinero en la mirada, pero las manos atadas. Esa es, exactamente, la trágica paradoja que vive Venezuela tras los sismos de 2026 y que entraña una bomba económica y humanitaria. El país está sentado sobre un cofre que guarda miles de millones de dólares en el extranjero; un dinero que serviría para atender la emergencia actual en La Guaira, Caracas y otras zonas del país, pero que permanece flotando en el limbo a causa de las sanciones. Lo tenemos, está ahí, pero no lo podemos usar.
EL RETROVISOR DE VARGAS: Lecciones de una economía con pulmones.
Para entender la gravedad actual, la historia nos ofrece un espejo nítido. En el año 2000, tras la tragedia de Vargas, Venezuela enfrentó daños estimados en 5.000 millones de dólares. Sin embargo, la velocidad de la respuesta económica estaba a la mano gracias a dos pulmones financieros: una bonanza petrolera y, fundamentalmente, la apertura del crédito internacional.
En aquel momento, el Banco Mundial reestructuró de inmediato 320 millones de dólares y donó 12,5 millones para escuelas; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) redirigió 100 millones de dólares y otorgó 20 millones en créditos de desembolso rápido, mientras que la CAF inyectó otros 150 millones para vialidad y vivienda. Hoy, en cambio, las sanciones de Estados Unidos bloquean millones en el exterior, el manejo de los ingresos petroleros actuales pasa por procesos burocráticos norteamericanos que retienen parte de los fondos necesarios para la respuesta temprana, y el Estado se encuentra sin un colchón financiero de reserva.
ANATOMÍA DEL BLOQUEO: Las cifras del dinero congelado
Los análisis digitales, basados en evaluaciones satelitales del PNUD, estiman preliminarmente pérdidas de 6.700 millones de dólares tras los sismos de 2026. Es un monto escalofriantemente similar al de la tragedia de Vargas de 1999 si realizamos los ajustes por inflación de los últimos 27 años.
No obstante, si se levantaran o suspendieran las sanciones, se revela un músculo financiero que podría cubrir con creces las fases iniciales de la emergencia, sin tener que acudir al peligroso recurso de financiar la inversión con emisión de dinero sin respaldo. Nos referimos a:
1. Derechos Especiales de Giro (5.100 millones de dólares): En el Fondo Monetario Internacional (FMI).
2. El Fondo Social en la ONU (3.000 millones de dólares).
3. Oro en el Banco de Inglaterra (1.900 millones de dólares).
4. Líquido en bancos extranjeros (7.000 a 10.000 millones de dólares): En cuentas comerciales en 23 países.
DESPUÉS DEL SISMO: Dos caminos para una economía en ruinas
Tras el polvo y el derrumbe físico, viene el impacto invisible pero demoledor. Los terremotos no solo rompen paredes, quiebran dinámicas financieras. Dependiendo de lo que ocurra con esos fondos congelados en el exterior, el país transitará por uno de dos escenarios económicos radicalmente opuestos, aunque ambos comparten una certeza inevitable: el golpe inicial en las costillas de la economía real ya es un hecho.
ESCENARIO A: El peor de los mundos (Sin acceso a los recursos)
Si las sanciones continúan y, además, los ingresos petroleros siguen limitados por EE. UU. a pesar de la emergencia humanitaria, el impacto económico será demoledor. Sin ahorros, el Estado se verá tentado a imprimir dinero sin respaldo. El resultado sería combustible para la inflación, la brecha cambiaria y la economía en general. Además, para atender a las miles de familias afectadas, retirar millones de toneladas de escombros y reparar hospitales, el gobierno tendría que echar mano de recursos de otros sectores con impacto directo en otras responsabilidades como servicios, ayudarás sociales, sin descartar sueldos y salarios o el apoyo a la actividad no petrolera, entre otros.
ESCENARIO B: El amortiguador financiero (Accediendo a los miles de millones)
El panorama cambia si el sentido común humanitario destraba los miles de millones de dólares retenidos. Sin embargo, hay que ser realistas: el dinero no es una varita mágica. Igual que ocurrió tras la tragedia de Vargas de 1999, la contracción del PIB sectorial en turismo, comercio y aduanas será inevitable durante el primer semestre debido a la destrucción física de la infraestructura.
La diferencia radical radica en el después. Al ingresar los recursos, el país no tendría que canibalizar su presupuesto ni imprimir dinero de la nada, blindándonos contra una espiral inflacionaria, la brecha cambiaria y la toma de recursos destinados a otras necesidades. Además, el dinero funcionaría como un amortiguador que financiaría de inmediato un plan de reconstrucción con inversiones masivas y miles de empleos directos, mientras el sector manufacturero se reactiva para proveer materiales de construcción y los comercios afectados reciben auxilio financiero para reabrir. En lugar de una depresión económica general, el acceso al dinero garantiza que la recesión inicial sea solo un bache temporal.
CONCLUSIONES: El dilema de las manos atadas y las cuentas claras
El doble sismo de 2026 ha colocado a Venezuela ante un espejo incómodo donde la urgencia humanitaria choca de frente con las sanciones económicas y la desconfianza institucional. De la parálisis actual se desprenden tres certezas contundentes:
LA PIEDAD ASFIXIANTE
Mantener el bloqueo de los recursos en medio de una catástrofe de esta magnitud genera un daño social y económico equivalente al de los conflictos bélicos. La postura de Estados Unidos, como artífice de las sanciones, incurre en un acto de bloqueo humanitario. Pretender mitigar la tragedia mediante el envío de cargamentos de ayuda provisional, mientras se le prohíbe al país el acceso a miles de millones de dólares para atender la catástrofe natural que enluta al país, es un acto contra los derechos humanos que condena a millones al sufrimiento y la miseria por motivos políticos.
LA RENDICIÓN DE CUENTAS: El fantasma de la corrupción
Sin embargo, la legítima exigencia de liberar los fondos venezolanos en el extranjero no puede convertirse en un cheque en blanco. La historia reciente justifica la desconfianza general: desfalcos como el caso PDVSA-Cripto o la larga lista de altos funcionarios y testaferros venezolanos enjuiciados por lavado de dinero dan fe de ello. Por lo tanto, el «play» a los recursos congelados exige una condición innegociable: un esquema de administración auditable bajo la participación conjunta de un organismo internacional, el Gobierno y una comisión venezolana integrada por sectores sociales. Cada dólar liberado debe rastrearse públicamente para garantizar su uso efectivo.
EL TIEMPO COMO EL PEOR ENEMIGO
Venezuela no puede esperar. Si los fondos siguen bloqueados, el destino económico apunta a un riesgo de hiperinflación y deterioro crónico; si se liberan sin control, se corre el riesgo de que sean captados por la corrupción. La salida viable para Venezuela es un acuerdo pragmático de emergencia: desbloqueo inmediato con control más allá del Gobierno. Cualquier otra opción condena a una población damnificada, y en general a todo el país, a pagar el costo humano de una crisis de la que no son culpables.
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