Por: Víctor Maldonado C.
La legitimidad de un orden de dominación descansa en que la mayoría crea que es válido y por lo tanto esté dispuesta a obedecerlo. Pero la obediencia a la que nos referimos no es la conducta forzada por las circunstancias. La que sirve a estos procesos sociales es la que moviliza a la gente a hacer las cosas como si estas, por más difíciles y onerosas que parezcan, formen parte de la propia forma de ser y de actuar.
La obediencia legítima es por lo tanto la que nos moviliza a hacer las cosas por convicción y no por obligación, la que permite un funcionamiento fluido y lubricado del orden social y la que evita que la fuerza sea usada indiscriminadamente.
Todas estas consideraciones son importantes para entender con qué nos estamos enfrentando. A partir del 10 de enero el régimen decidió desechar las formas y procedimientos constitucionales e imponer por la fuerza la continuidad del gobierno anterior. Lo hizo prescindiendo de la verdad y ocultando perversamente la causa por la que se ve compelido a realizar tal desafuero. Lo hizo además sin que la gente se explique por qué, habida cuenta que la presidencia temporal recaería en un hombre de la más absoluta confianza, del cual resulta impensable que pueda contradecir la voluntad del presidente enfermo. ¿Cuán inhabilitado está Chávez? No lo sabemos a ciencia cierta, aunque se puedan elaborar hipótesis al respecto, entre otras cosas porque sistemáticamente se ha evitado dar explicaciones convincentes sobre la condición de un presidente que para colmo está fuera del país y atendido en secreto por un gobierno que es hostil para buena parte de la población venezolana. A nadie le termina de cuadrar la solución que ha encontrado Maduro para justificar la notoria ausencia de Chávez el día previsto para su toma de posesión y por lo tanto nos estamos enfrentando a una imposición forzada de una situación de hecho en la misma medida en que toda esta trama resulta poco comprensible y para nada ajustada a las expectativas y visiones teníamos al respecto.
Ellos podrán creer que superado el escollo del 10 de enero las aguas volverán a su cauce y el país se desentenderá del tema. Pero no va a ser así y ese es el costo que decidieron pagar. Muchos venezolanos vieron en toda esta secuencia una flagrante violación de la Constitución. Otros asumieron que el resultado fue una usurpación de funciones. Los seguidores del presidente probablemente entendieron que ese era el precio para mantener intactos los derechos de su líder, y que en algún momento se resolverán los desencuentros que se mantienen entre los diferentes grupos que operan dentro de la revolución, o simplemente se disolverán con el ansiado regreso de Chávez. Cada grupo se ajustará y seguirá expectante, sin pensar ni por un momento en que todos coinciden en no tomarse en serio el interinato de Maduro, que no contará con la suficiente credibilidad como para gobernar y resolver los graves problemas que la realidad le presentará en bandeja de plata a la primera oportunidad. Lo verán como lo que es, un encargado que si no molesta demasiado podrá ser tolerado, pero que en la medida que deba dirimir conflictos y tomar decisiones difíciles será poco respaldado, porque al fin de cuentas, quién sabe si Chávez estará de acuerdo o no con lo que está ocurriendo.
Lo que quiero decir es que en política tampoco hay almuerzos gratis. El haber violado la Constitución los hace más débiles y por lo tanto menos capaces de administrar el poder que tiene la presidencia venezolana. Ser vistos como usurpadores y oportunistas tampoco ayuda a serenar las relaciones turbulentas que llevan entre ellos y mucho menos las que intentan mantener con el resto de la sociedad. Ellos saben que ese es el precio, y por lo tanto comenzaron a aplicar medidas de alta policía, practicar allanamientos, difundir pronunciamientos de los altos mandos militares y de nuevo proceder a confiscar y expropiar activos privados. El guión es viejo y ha sido practicado hasta la saciedad por los regímenes de fuerza: Tienen que compensar sus debilidades institucionales con la amenaza de los fusiles y el poder temporal que da la compactación de todos los poderes públicos alrededor del nuevo status quo. Pero de nuevo la realidad opera como aguafiestas. La unidad alrededor del botín del poder se esfuma con cada problema, con cada reclamo, con cada decisión difícil, con los dígitos de inflación, con la escasez, las posibles devaluaciones y con cada asesinato que queda sin resolver. Cada vez que se enfrente un problema la gente se preguntará con qué aval y con qué autoridad ejerce este hombre y decide estas cosas. Entonces comenzaremos a ver cómo donde antes había aclamación comenzaran a oírse protestas, donde antes se juraba unidad empezarán las conjuras y los reproches. ¿Quién sabe a beneficio de quien están jugando hoy los protagonistas de nuestras desdichas?
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