Esta semana Víctor Maldonado presenta un hecho insólito, el caso de una joven profesional que perdió su puesto de trabajo en la cancillería, porque necesitaban su espacio de oficina para alojar damnificados.
por: Víctor Maldonado C.
“Fui desalojada de mi trabajo para cederle mi espacio a los damnificados”. Así de simple y tajante fue la confesión de una joven profesional, recientemente cesanteada bajo la justificación de una causa insólita.
Nunca pensó que la interrupción abrupta de su carrera en la cancillería venezolana tuviera como razón la infeliz circunstancia de las lluvias que tomaron desprevenido al régimen, que no encuentra la forma de transformar miles de horas de discurso en una sola obra decente. Simplemente le dijeron que ella era el mal menor. Siendo ella joven y con un desempeño aceptable, su suerte no podía en ningún caso compararse con la de aquellos que lo habían perdido todo. Desde las alturas se había tomado la decisión de demostrar con heroísmo el estrecho compromiso del régimen con la suerte de los damnificados. Y ella era un daño colateral que recibía de esta forma el lacerante castigo de las lluvias que no la dejó sin casa, pero la dejó sin empleo.
Hasta ese momento había parecido una extravagancia la decisión de transformar las oficinas de los ministerios en refugios improvisados. Que los más desfavorecidos de la población pueblen ahora mismo los pasillos internos del palacio, esperando que en cualquier momento les concedan acceso al salón de sesiones del gabinete ejecutivo, parecía más una excentricidad que una alternativa seria y creíble. Algunos nos figuramos que esas disposiciones histeroides no iban a pasar la prueba de la cordura y que como ocurre con la bajamar, en algún momento las cosas iban a retomar un nivel de sensatez mínimamente aceptable. Pero nos estamos enterando que la demolición institucional es en serio y que el alto gobierno está compitiendo para ver quién es más eficiente en la dura tarea de destruir la escasa institucionalidad pública que todavía nos queda. Y en el fragor de ese infausto certamen, la cancillería venezolana desalojó y se deshizo de ocho pisos de empleados para que estos espacios fueran ocupados por familias damnificadas mientras ocurre el milagro de ver construidos los miles de apartamentos prometidos entre el delirio y la suprema urgencia de no mostrar en todo su esplendor la incapacidad del socialismo del siglo XXI.
Pero más allá de la anécdota, que de por sí es monstruosa, deberíamos apreciar la profundidad del abismo de indecencias en el que nos estamos sumergiendo. Este tipo de decisiones está violando una regla elemental que se exige al resolver dilemas morales: la inaceptabilidad ética de favorecer a unos sobre la base de la desgracia de otros. Es inadmisible que se deje sin empleo a jóvenes profesionales porque son necesarios recursos y espacios para resolver temporalmente la crisis de improvisación e ineptitud que trajo consigo el no poder manejar una catástrofe. Unos se quedaron sin empleo para que otros tengan refugio temporal. A unos se les causa un daño para que otros obtengan una solución. Obviamente el gobierno hizo todo lo posible para que se conociera sólo la mitad más conveniente de la historia, agregándole al caso esa dosis de perversidad que convierte toda su legalidad supuesta en un inmenso fraude social.
Un Estado existe porque tiene propósitos virtuosos. Uno de los que más ha costado imponer es el que postuló Rousseau: ser tratados como ciudadanos a los que se les reconoce iguales derechos, garantías y obligaciones. Ser considerados soberanos en tanto que partícipes activos en el proceso de construcción de la voluntad general, expresada en la ley. Ambas premisas están siendo violadas. Un régimen que favorezca a unos en la misma medida que perjudica a otros está trasgrediendo ese principio elemental. Y si ese mismo régimen secuestra el derecho a la participación para sustituirlo por la amenaza y el amedrentamiento constantes, simplemente no podemos seguir hablando de legitimidad alguna porque estamos frente al viejo despotismo cuya única premisa valiosa es permitirse hacer todo lo que sea necesario para permanecer en el poder, aun a costa del sufrimiento y la ruina de su pueblo.
Propósitos virtuosos, legitimidad, autoridad e identidad son los requisitos mínimos que separan a la democracia del intento de unos bandoleros. Lamentablemente ninguna de esas exigencias está siendo honrada en estos momentos. La agenda secreta del régimen, comprometida con la instauración de un comunismo armado, sumada a esa manía obsesiva por reducir la historia del país a la escasa presencia de unos héroes condenados a ser los monigotes de un tirano, y el irrespeto absoluto al pacto constitucional son argumentos más que suficientes para provocar el alerta nacional porque nos están desalojando de la civilidad para dejarnos abandonados en los agrestes espacios de la barbarie.
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