El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, dará toda la celeridad necesaria a las diligencias que permitan aclarar la controversia que obligó al Ministerio Público solicitar el avocamiento de dicha Sala en la causa que se sigue a varios banqueros, a raíz de las intervenciones efectuadas a entidades financieras por el Estado venezolano en el año 2009.
Así lo afirmó este martes en rueda de prensa la presidenta del Máximo Tribunal del país, magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien reiteró que este lunes fue admitida la solicitud que la Fiscalía interpuso el pasado 29 de marzo para que la Sala Constitucional se avocara a las causas que, previamente, la Sala de Casación Penal solicitó de oficio el 24 de febrero de 2011 a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (AMC), sobre las causas seguidas contra los ciudadanos Ricardo Fernández Berruecos, Mario Dickson Gutiérrez y otros.
Indicó la Magistrada que ya se solicitó a la Sala Penal los expedientes que hasta ahora había recibido, a los que se sumarán los que enviará el Circuito Judicial del AMC.
“Este es un proceso en el que está de por medio la libertad de ciudadanos, un aspecto muy relevante dentro del campo constitucional. Además, se pone en evidencia el interés de los ahorristas, de las personas que confiaron en el sistema bancario para poder contar con una estabilidad dentro lo que es el manejo de su patrimonio monetario”, dijo la máxima representante del Poder Judicial.
Expresó que el caso reviste un aspecto de altísima relevancia que la Sala Constitucional debe afrontar de una manera objetiva y atendiendo fundamentalmente los principios de justicia. “Hay algo aún más importante todavía que es el orden constitucional, pues cuando se observa disparidad de criterios en órganos de los poderes públicos, sobre todo del sistema de justicia en una determinada interpretación, es obligación de la Sala Constitucional – de acuerdo al mandato de la Carta Magna – que hay que revisar el sistema para hallar en dónde se encuentra cualquier disimilitud con la Constitución”.
Acotó que los ciudadanos que se encuentran afectados por esta situación tendrán que esperar necesariamente que la Sala Constitucional decida, ya que el Ministerio Público fue quien hizo la solicitud para dirimir cómo se debe actuar frente a la situación originada luego de que en diciembre pasado fuese aprobada por la Asamblea Nacional una nueva Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en la cual se incurrió en una confusa descripción del delito de apropiación o distracción de recursos de instituciones financieras diferente al contemplado en la anterior ley del año 2008.
Dicho instrumento legal fue reformado en marzo pasado por un decreto ley firmado en el marco de la Ley Habilitante por el Presidente de la República, y en esta última norma legal se restituye el concepto que tradicionalmente han tenido estos delitos en el marco jurídico del país.
“Se debe recordar que la titularidad de la acción penal la tiene el Ministerio Público, y por tal razón ellos como institución deben tener claro el punto constitucional para poder actuar con certeza en este proceso”, expresó Morales Lamuño.
Dijo que debe recordarse que en el ordenamiento jurídico venezolano una persona no puede ser condenada si no está tipificado el delito.
Destacó que la Sala Constitucional deberá hacer una revisión integral del tema, pues “es posible que de la lectura de los expedientes salgan otros elementos interesantes. Se trata de un elemento de difícil interpretación que corresponde ahora clarificar a la Sala Constitucional”.
La Presidenta del TSJ indicó que este caso además es un hecho inédito dentro del marco jurídico venezolano, pues es la primera vez que se solicita el avocamiento sobre un avocamiento previo a otra Sala del Máximo Tribunal del país. “Por lo general cuando se trata de un avocamiento la Sala que lo solicitó es la que lo resuelve. Por eso en esta oportunidad se trata de una situación totalmente novedosa”.
Por un Poder Judicial más eficiente
Consultada sobre las próximas acciones que se adelantarán en torno a la reforma del sistema de justicia, Morales Lamuño expresó que el Poder Judicial venezolano necesita transformaciones profundas. “En algunas aspectos la práctica nos ha permitido constatar que algunas doctrinas que se han aplicado, algunas leyes que se utilizan, están caducas o se adaptan o son no aplicables a nuestro cultura”.
Destacó como prioridad la necesidad de reformar el Código Orgánico Procesal Penal. “Estamos conscientes que el actual código ha entorpecido la efectividad de ciertas áreas del Poder Judicial”.
Dijo que entre las propuestas que pretenden implementar en breve tiempo, se cuenta la de establecer la oralidad en todos los tribunales civiles para hacer más expeditos los procesos, tal como se ha hecho en el área constitucional, penal y en algunos aspectos en el área de violencia contra la mujer.
“Estamos comprometidos con la transformación y reestructuración, con la eliminación de vicios, que a veces vienen incluso de la forma en que están concebidos los procedimientos”.
Anunció que se considera la posibilidad de que en Venezuela pueda ser el país en el cual se establezca una institución de formación de jueces a nivel iberoamericano, lo que será discutido en la próxima Cumbre de Presidentes de Poderes Judiciales que se celebrará en el país en el año 2012, y que próximamente, en julio próximo, se realizará un taller internacional que abordará diversas materias del área judicial.
Por otra parte, expresó que en este año 2011 se nombrarán más jueces penales, de manera de hacer más expeditos los procesos, para lo cual esperan contar con el respaldo de la Asamblea Nacional en la tramitación de los créditos adicionales correspondientes.
Fuente: Prensa TSJ