Desde el viernes 1 de diciembre tres eventos colmaron la atención, dos de ellos vinculados con nuestra Guayana Esequiba los cuales son: la decisión adoptada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) relativa a una solicitud de Guyana para que suspendiera el “referendo consultivo” que fue el segundo y el tercero es un reinvento en el marco de eso que se identifica como el acuerdo de Barbados.
Pero hay un cuarto asunto relevante con volumen provisionalmente bajo que se desarrolla en la Sala Electoral de la Corte Suprema de Justicia (SECSJ), rama judicial de la sastrería jurídica con propósito político al servicio de la administración Maduro. En ese proceso parece asomarse el probable objetivo real detrás del confeso contra la Junta Nacional de Primarias (CoNaPri), cuyo trabajo y riesgos asumidos en favor de la causa son meritorios en grado sumo y motivo de inmensa gratitud. Oriento el foco hacia esta materia, precisamente por el extraño acallado volumen que tiene estos días y porque le hallo neta conexión con la antes señalada derivación barbadiense.
La decisión número 122 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (SETSJ), del 30 de octubre del presente año, además de declararse competente para conocer el Recurso Contencioso Electoral con Amparo Cautelar contra la Comisión Nacional de Primarias interpuesto por J.Brito, de una vez declaró procedente la solicitud de amparo cautelar y, en consecuencia, suspendió todos los efectos de ese exitoso proceso electoral conducido por la CoNaPri. Entre los numerosísimos documentos que solicitó relativos a “las 25 fases” del proceso, incluyó el Acta de Aceptación de la Postulación formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años María Corina Machado. Nótese que sustituyeron el apellido “administrativa” que le han endilgado a las falsas inhabilitaciones, por la categórica “de manera firme …” . Por si fueran pocas las señales, ordenó la citación del Fiscal General de la República, por la posible comisión de ilícitos electorales y delitos comunes.
Como parte de ese proceso desde el viernes 1 y hasta el jueves 7 de diciembre, de 9 a.m. a 3 p.m. estará abierto el lapso para que cualquiera en la mera condición de elector, vaya a la Sala Electoral del TSJ a testimoniar sobre su vivencia en la memorable jornada del 22 de octubre. Ello fue anunciado mediante aviso, bastante confuso por cierto, publicado en el diario Últimas Noticias el lunes 27 de noviembre. Es acierto cantado apostar que llevarán falsos testigos de cuanta mentira y distorsión está aseverando el demandante aparente, J.Brito, en la vil tramoya para descalificar las primarias y perseguir la honorable Comisión Nacional que las condujo con pulcritud.
El comentario generalizado ha sido el aparente absurdo de suspender los efectos de un evento que ya pasó. No obstante, lo que más les incomoda es la inesperada fortaleza de la candidatura surgida de las primarias y es el riesgo implícito lo que se proponen desmontar sirviéndose del poder para hacer que actúe su infinita arbitrariedad e ilimitada fantasía acomodaticia. Es asimismo previsible que la continuación de esa farsa en el TSJ cuente con el concurso adicional de los falsos opositores y de quienes incomoda la legitimada candidatura y liderazgo porque “no soy yo”.
El indigerible reinvento concebido por la llamada negociación pretende convencer de sus bondades pero con las costuras a la vista. Plantea reeditar la suspensión en 2017 de aquella “inhabilitación”, decidida también por la Contraloría General contra Manuel Rosales, para permitir su candidatura a la gobernación del Zulia que aquella vez resultó derrotada. Una curiosidad es que la suspensión de esa “inhabilitación” tiene la misma fecha en la que el CNE abrió el lapso para las postulaciones. Lo insoslayable es que aquella inhabilitación NO fue revocada, solo suspendida. Para divertimento de la banda delictiva en el poder, el más evidente venenito de cuantos trae el tal reinvento es la humillación que comporta para los ofendidos pero harto peor es que plantea recurrir ante el más alto órgano judicial que ya anticipó opinión en la antes citada decisión número 122 y cuya sentencia será apelable ante la corte celestial.
Tal vez la mejor de las hipótesis concebibles sería que si la presión internacional los conduce a aparentar ceder, suspendan la atrabiliaria inhabilitación al afectado que se le ocurra incursionar en el reinvento, mientras en el fogón continúa cociéndose el caldo para una sentencia definitiva con probable implicación penal o como en el caso Rosales, la sentencia pase a interminable pendiente a modo de instrumento de manipulación. Para que el reinvento fuese real barrera contra el enrevesamiento perverso del castrocom que mueve los hilos -sabemos que es así pero a veces no lo tomamos en cuenta-, sería si viniese con mecanismo de irreversibilidad lo cual no se vislumbra.
Por lo que respecta al referendo, dando razón a la expectativa y a la convicción de que no hacía diferencia votar o no votar, del proceder habitual hicieron gala con los resultados oficiales, antes de terminar el domingo 3 de diciembre tanto en la magnitud de la concurrencia como en el número de votos favorables al conjunto de propuestas. Pero en esta ocasión se les fue la mano al cuantificar en diez millones y medio los supuestos votantes y también en el resto de la fantasía, comprendido el 98% de votos por el sí.
Al mencionar la farsa refrendaria me volvió a la mente la otra, la guerrerista ¿Hasta dónde la llevarán? Con ella han conseguido inquietar instancias internacionales, quizá por la guerra de Putin y el inhumano ataque de Hamas a inocentes civiles en Israel, con sus consecuencias. Venezuela carece de capacidad militar, por decirlo de algún modo, y ello les consta a quienes la destruyeron. Quizá como hipótesis de laboratorio proceda agregar a las circulantes, el intento de obtener que la comunidad internacional presione a Guyana a reiniciar negociaciones. Ello sería cónsono con su reiterada táctica de ganar tiempo y correr la arruga que les ha sido útil una y otra vez, hasta que deje de funcionarles.
Los videos que ridiculizan a sencillos venezolanos en función de caricaturas de soldados tal vez sean divulgados intencionalmente. No me causan hilaridad, me indignan. Solo me inquietan porque me hacen recordar la masacre de soldados venezolanos sin entrenamiento ni apresto operacional enviados como carne de cañón hace unos tres años a las inmediaciones de la localidad de La Victoria en el estado Apure, área controlada por la disidencia de las Farc que ellos no apoyan. La deplorable maniobra nada tuvo que ver con la responsabilidad de proteger y resguardar la integridad del territorio.
Quedó para otra nota la decisión de la CIJ del mismo movido viernes 1 de diciembre.
También me queda trotando la interrogante sobre la “sorpresita” anunciada por quien funge de Jefe del Estado. Quisiera imaginar que se trata de algo bueno para la nación pero esa opción se me hace esquiva. Se me dificulta incluso suponer que se trata de una dádiva con ropaje de bono.
* Internacionalista