Por Ricardo Israel
A falta de una definición única, generalmente se acepta que el crimen organizado configura una actividad o emprendimiento delictivo, llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes grados y niveles de mando, articulados en torno a beneficios económicos de una actividad delictiva.
Uno de los problemas de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Crimen Organizado Transnacional, es que no tiene una definición precisa del término “Crimen Transnacional Organizado”, lo cual parece difícil de entender considerando el nombre de la convención. La verdad es que se pensó así para permitir una aplicación a los nuevos tipos delito que vayan apareciendo, pero la solución no ha sido buena, ya que el texto ni siquiera incluye una lista de los delitos que podrían constituirlo, lo que podría haber servido de orientación para quienes usen este instrumento.
Lo que si posee la convención es una definición para “Grupo Criminal Organizado”, la que incluye 4 características y que ha servido para enmarcar el fenómeno. En la práctica, la jurisprudencia de tribunales, incluyendo los de Estados Unidos, ha llegado a incluir a las actividades criminales importantes con fines de lucro (para diferenciar de aquellas con fines terroristas) y que tienen implicancias internacionales. Sin embargo, una definición tan amplia ha dificultado a veces las condenas a otros eslabones de la cadena delictiva.
El crimen organizado es un problema en muchos lugares del mundo, pero en América Latina ha adquirido características especiales. Aunque en todo lugar, el crimen organizado usa y abuso del factor gobierno y desde hace mucho tiempo contribuye al financiamiento de la política, el aporte más llamativo de América Latina ha sido su llegada al gobierno, tanto del crimen organizado nacional como del internacional, fenómeno que en vez de disminuir aumenta en la región.
Es un fenómeno de hondas consecuencias tanto para la vida en sociedad como para las instituciones democráticas, ya que es en otras palabras, una corrupción institucionalizada. Tiene al menos dos consecuencias de la mayor gravedad. En la parte internacional, la adopción de etiquetas como la castrochavista del “socialismo del siglo XXI” conduce a instancias casi automáticas de solidaridad por parte de grupos políticos legítimos que se identifican con esa ideología, como lo demuestra por ejemplo Europa. Se necesita, por lo tanto, que al crimen organizado se le quite y para siempre, el rotulo político, para que solo aparezca el delictivo.
En lo nacional, el uso de recursos estatales ha creado una especie de acuerdo tácito entre gobernantes y sectores de votantes, a quienes no parece importarles el robo de recursos públicos, en la medida que les siga llegando dinero en la forma de algún “plan” o beneficio social. Sin duda, que así se genera un daño enorme a la democracia, al ser forma actualizada del viejo delito de compra de votos o cohecho, y debiera ser tratado como tal.
Además, el copamiento o toma de los Estados desde adentro, ha sido complementado por peligros nuevos, cual lo son los intentos de quiebre del estado nacional, a través de la aparición de especies de subestados, por ejemplo, con control de guerrilla o del narcotráfico, y también en el más reciente de uso del concepto de plurinacionalidad para la división de la nación-estado en autonomías de carácter étnico, tal como estuvo presente en la propuesta constitucional rechazada en Chile en el plebiscito del 4 de septiembre o en los intentos de la dupla Evo Morales-García Linera de constituir un estado étnico aimara en partes de Perú y Bolivia. También está presente en los lugares ocupados por las guerrillas colombianas después del acuerdo de paz, en beneficio solo del narcotráfico.
Y es esta presencia del narco lo que le da una característica especial a América Latina, ya que también se hace presente por ejemplo en otras latitudes el tráfico de drogas, por ejemplo, en el Afganistán de los Talibanes y también en el control territorial de Hez bolá en el medio oriente, pero nunca han pretendido lo de América Latina, que es presentarse como una especie de forma política “superior” o de superación de la democracia, una “posdemocracia”, cuya narrativa ha sido además atractiva para muchos electores, quizás demasiados.
En otras palabras, lo que alguna vez empezó como simple financiación de la política devino en el control del gobierno mismo. De partida, el narcotráfico ha penetrado a tantos niveles, que para repensar el poder político del crimen organizado se usa el concepto de crimilegalidad, para dar cuenta de cuán difícil es hoy diferenciar el terreno legitimo del ilegitimo o del ilegal, tanto en actores públicos como en privados.
Sin ser el peor caso, el fenómeno también está presente en Chile, lo que demuestra una vez más que la supuesta “excepcionalidad”, es un concepto que le ha hecho daño al país, además de no ser cierto. Y es un fenómeno cada vez más presente, como lo expresa el aumento de un 28,7% en la tasa de asesinatos del 1er semestre del año 2022 en relación con el anterior, no solo por el fracaso en temas de seguridad del gobierno del Pdte. Boric, sino también en la instalación en el país de grupos criminales que también han tomado el control de la inmigración ilegal, tales como el Tren de Aragua venezolano, además de otros transnacionales.
No solo el país se mintió a sí mismo, negándose a aceptar esta realidad durante muchos años, sino que está lo suficientemente mal preparado, tanto que el crimen organizado ni siquiera tiene la penalidad de ser considerado un delito en sí mismo, apareciendo más de una vez tan solo como una denominación genérica para un grupo de personas que delinquen en forma organizada.
Sin embargo, allí se encuentra, creciendo y fortaleciéndose. De hecho, es un factor a través del narcotráfico y el robo de madera, en la violencia separatista de algunos grupos mapuches en el sur del país.
Fue el narcotráfico el que cambio las reglas en el país, al correr los límites y con su control territorial. También se ha hecho presente en lo político como lo demuestra el caso de municipios como San Ramon, en la capital del país. La realidad es que el narcotráfico controla territorios y se ha transformado en una gran empresa criminal con poder de fuego, muchas veces superior a las policías.
En Chile también está presente el elemento común a toda la región, cual lo es la incapacidad del conjunto de la clase política para asumir una política pública en materia de seguridad que sea capaz de derrotarlo, lo que le da al crimen organizado la oportunidad que necesita para expandir su actividad y reemplazar al Estado en despliegue territorial y hasta en servicios, incorporando socios y aliados, con ayuda de la impunidad que adquieren los sectores vinculados a los Estados pero que trabajan para el narcotráfico y el crimen organizado.
Antes que sea demasiado tarde, las democracias tienen a mano tres instrumentos:
1) La Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento de derecho internacional, y que debiera ser usado para quitarles el carácter y rotulo de políticos a gobiernos que solo usan la democracia como fachada,
2) La Convención de Palermo contra el crimen organizado, y
3) La Corte Penal Internacional, cuando son además violadores de los derechos humanos, como es el caso se Venezuela.
Para ello. se necesita lo que más hace falta, audacia y solidaridad entre las democracias, es decir, menos complejos por la superioridad de este sistema, incluyendo que las democracias tienen comprobadamente niveles más altos de —resiliencia a la criminalidad que los estados autoritarios.
(*) Un Foro con este mismo título tuvo lugar el 11 de diciembre en el Interamerican Institute for Democracy. Esta columna refleja mi intervención.
«Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor».