Por Eduardo Martínez
En Venezuela está muy comprometido el respeto de los derechos humanos (DDHH). No es gratuito que se estén procesando denuncias ante las más altas instancias internacionales.
Los informes de las organizaciones adscritas a la ONU, en los últimos meses han señalado gravísimas violaciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Y es cuestión de tiempo que las cortes internacionales empiecen a pronunciarse al respecto.
Pero no suficiente con lo que se ha ventilado hasta ahora, este miércoles en la noche el presidente Nicolás Maduro “activó” dos “instancias” para presuntamente preservar la paz de la Nación: Cepaz y Upaz.
En las notas de prensa emanadas por la hegemonía comunicacional del gobierno, destacan la presencia de situaciones altamente amenazantes y, por lo tanto, preocupantes.
En primer lugar, en paralelo a las instituciones de gobierno contempladas en la Constitución, se pudo conocer una instancia denominada por el jefe de Estado el “alto mando político y militar ampliado de su Gobierno”.
Asimismo, la activación de “Consejo Especial por la Paz” (Cepaz), bajo la “jefatura del primer vicepresidente del PSUV” -partido de gobierno, supedita la instancia creada al partido de gobierno.
Por otra parte, la conformación de las Unidades Populares para la Paz (Upaz), y su articulación con la Milicia Nacional Bolivariana, convierte a unos “jefes” de 46.542 “comunidades” en un grupo político paramilitar, organizados en una escuadra integrada por cuatro personas.
El momento de la Nación
Los más peligroso de esta decisión, de rasgos de militarización, ocurre en momentos en que se avecina una campaña electoral para elegir a un nuevo presidente.
Las elecciones, son un acto cívico y civil, para el cual deben estar las condiciones para que los actores políticos difundan sus propuestas, y en el caso de los opositores, expresen sus críticas y disidencias ante el modelo de régimen ejecutado por el actual gobierno desde 1999.
Llama la atención, que el lenguaje utilizad al declarar la creación de las instancias (Cepaz y Upaz), se haya insistido en señalar “unión cívico militar”, “doctrina de integración social y militar”, “la extrema derecha” para calificar a la oposición, “dañar la paz interna”, entre otras.
No está demás recordar, que Venezuela -tanto en su tradición como constitucionalmente- no ha sido concebida como una sociedad militarizada, y como consecuencia, bajo el mando de las instituciones y los mandos militares.
Por el contrario, la doctrina constitucional como país democrático, siempre ha establecido que el gobierno es civil, y la institución militar está bajo ese poder civil.
Por otra parte, también llama la atención la guyanización de la agenda política del régimen, luego que ignoró desde 1999 la defensa de los territorios esequibos que habían sido reclamados indistintamente por todos los gobiernos venezolanos desde 1899.
Ese abandono, desde 1999, fue lo que llevó y habría permitido, la demanda de Guyana contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) en abril de este año. Ahora cuando el tiempo se agota por los lapsos procesales, extraña que el gobierno haya desplegado una campaña mediática y de calle, cuando debiera estar inmerso en acciones legales, con sus alegatos y la introducción ante la CPI de la documentación demostrativa de la titularidad venezolana de la Guayana Esequiba.
En este sentido, es oportuno preguntarse cuáles son las razones que motivan este despliegue militar, que desde el miércoles incorpora la paramilitarización de su aparato político. ¿Y en este momento pre electoral? Sobre todo cuando todas las encuestas revelan la poca posibilidad que exhibe el régimen de triunfar en las elecciones presidenciales del 2024.
@ermartinezd