El Ministerio Público acusó a la presidenta de la Asociación Civil Villas de Leiva, Aída Martínez, por presuntamente estafar a 180 familias, a través del proyecto habitacional Villas de Leiva, el cual estaría ubicado en Maracay, estado Aragua, no obstante nunca se construyó.
La denuncia fue presentada por un grupo de víctimas en febrero de 2011, quienes tras no recibir respuestas por parte de la directiva de la mencionada asociación, decidieron acudir ante el Ministerio Público.
La fiscal 22° de esa jurisdicción, Siria Law, acusó a Martínez por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada, defraudación y asociación para delinquir, previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, respectivamente.
En el escrito presentado ante el Tribunal 3° de Control de Aragua, la fiscal del caso solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de Martínez.
Asimismo, requirió que se mantenga la medida privativa de libertad para la acusada, quien se encuentra detenida en la Comandancia de la sede de la Policía del estado Aragua.
Cabe mencionar, que Martínez fue aprehendida, el 25 de abril de 2011, por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, luego de presentarse voluntariamente ante la sede de la Fiscalía 22° del referido estado.
Sobre la hoy acusada existía una orden de aprehensión por parte de la referida instancia judicial, la cual acordó la medida tras una solicitud realizada por el Ministerio Público.
La investigación se inició en la fecha antes mencionada, luego de que los afectados denunciaran el caso, pues la construcción que debía comenzar en el 2007, en ningún momento se llevó a cabo.
Vale señalar, que el monto total del dinero depositado por las víctimas, para hacer la respectiva reserva, habría ascendido a Bs.F 7.000.000.
Es importante recordar, que la audiencia de presentación de Martínez se realizó el 26 de abril de 2011 ante el Tribunal 3° de Control de Aragua, el cual le dictó las medidas reales de prohibición de enajenar y gravar, bloqueo de cuentas bancarias, personales y de la empresa, y, por último, la prohibición de salida del país.
Fuente: Prensa MP