Por Mons. Ovidio Pérez Morales
En la Constitución de 1999 el artículo 5 reza así: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
El Concilio Vaticano II subrayó que “la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana, por lo mismo, pertenecen al orden previsto por Dios, aun cuando la determinación del régimen político y la designación de los gobernantes se deje a la libre designación de los ciudadanos. Síguese también que el ejercicio de la autoridad política, así en la comunidad en cuanto tal como en las instituciones representativas, debe realizare siempre dentro de los límites del orden moral para procurar el bien común” (Gaudium et Spes 74). En el siglo XVIII, de novedad democrática, Rousseau formuló en su Contrato social la soberanía popular como expresión de la voluntad general, que no puede ser ni alienada ni dividida (1.II, 4). Para el creyente la soberanía a nivel absoluto remite al Creador y su ejercicio humano tiene un encuadre ético.
La soberanía como poder supremo del Estado con respecto a los ciudadanos conforma una autoridad indispensable en la comunidad política y tiene como sentido la búsqueda del bien común, que “abarca el conjunto de aquellas condiciones de la vida social con las cuales los hombres, las familias y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su propia perfección” ( Juan XXIII en la encíclica Mater et Magistra 417).
El soberano como concepto constituye una abstracción, cuyo correspondiente real es el conjunto de los ciudadanos agrupados en una unidad social reconocida con autonomía política en el escenario internacional. De este significado concreto derivan serias consecuencias para la interpretación, aplicación y vivencia efectivas de la soberanía, tanto en el ámbito político estricto, como en el más amplio ético-cultural. Pensemos, por ejemplo, en lo que significa concebir la soberanía popular como sola formalidad o en perspectiva nominalista, o asumida como simple praxis de ciudadanos con escasa o nula educación cívica. No puede hablarse de una auténtico ejercicio de la soberanía popular en un régimen de fuerza, en un sistema de procesos electorales manipulados. Y hablando en positivo, una genuina expresión soberana postula una educación cívica elemental, un real estado de derecho y un comportamiento responsable de los ciudadanos en materia política y moral.
La experiencia venezolana de las últimas décadas constituye una grave interpelación. A la actual situación de desconcierto social, fragilidad institucional, vacío democrático, marginación constitucional no se ha llegado por fatalidad natural sino por irresponsabilidad histórica. Por fallas en los sujetos de la polis. Hay una frase que a menudo se usa como burladero: “no somos suizos”. No se toma conciencia de que éstos son “tales”, no por el lugar de nacimiento y causas naturales, sino por factores culturales tales como educación, tradición, estado de derecho, solidez institucional.
El citado artículo 5 de la CRBV en la realidad nacional aparece como colgado en el aire. Comenzando por la inconstitucionalidad reinante y porque al soberano se lo tiene amordazado, paralizado; aparte del descuido formativo para su actuar responsable, en lo cual buena parte ha tenido el liderazgo político partidista. Se ha entendido el poder de modo preponderante como instrumento de lucro, prestigio y dominación, al igual que fruto privilegiado de astucia operativa.
El soberano real somos los venezolanos de carne y hueso. Esto urge una pedagogía responsable de las instituciones civiles, los entes educativos, las agrupaciones religiosas y partidistas, con miras a formar a sus miembros para un responsable protagonismo democrático, soberano. A las entidades religiosas les corresponde una obligación especial; pienso de modo particular en la Iglesia católica, por congregar a la gran mayoría de los venezolanos y disponer de un instrumento valioso como es la Doctrina Social de la Iglesia.-
* Obispo venezolano