Michelle Bachelet: Se registraron 711 muertes en operativos de seguridad de junio a agosto en Venezuela

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Michelle Bachelet -Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos- actualizó este viernes el informe sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.

La presentación oral, tuvo como escenario la sesión 45ª del Consejo de Derechos humanos, reunidos el viernes 25 de septiembre en Ginebra.

La sesión cubrió el período del 2 de julio al 25 de septiembre.

Entre otras cosas, la Alta Comisionada informó que “su oficina registró 711 muertes de junio a agosto por operativos de seguridad en Venezuela, llegando a más de 2000 muertes desde enero 2020 (…) Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes”, dijo.

Asimismo relató que “la pandemia por COVID-19 en Venezuela se ha sumado a otras emergencias preexistentes como la alimentaria (…) Tasa de desnutrición aguda infantil en 15%, algunos dejan de comer para que otro familiar pueda hacerlo”.

También, Bachelet expresó su preocupación por “discursos estigmatizantes de autoridades que responsabilizan a los que retornan de introducir la COVID-19 en Venezuela” e instó “a mejores condiciones en centros penitenciarios”.

En cuanto a la libertad de expresión, señaló en su informe oral que “en Venezuela continúan restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la Ley del Odio, ataques a defensores y periodistas”.

Y advirtió que su oficina “continúa documentando casos de represión en protestas pacíficas en Venezuela, bajo el Estado de alarma, incluyendo detenciones y dos muertes de manifestantes”.

Reacciones

Miembros del Consejo, que intervinieron sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, expresaron la posición de sus gobiernos sobre el informe Bachelet.

El representante de Perú, a nombre del Grupo de Lima, denunció que “la crisis de Venezuela es multidimensional”. Asegurando que el informe de Bachelet y de la Misión muestran graves violaciones a derechos humanos: “Las fuerzas de seguridad cometen graves crímenes”, dijo.

El representante de España, expresó su preocupación por los dos recientes informes sobre situación de DDHH en Venezuela, en especial por las graves violaciones. Señaló que debe asegurarse ingreso de la Misión de Inmediato; y afirmó que son necesarias unas elecciones con estándares internacionales.

El embajador de Islandia denunció que en Venezuela hay un ataque sistemático a la libertad y graves violaciones de derechos humanos, incompatibles con la membresía de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Igualmente fueron condenatorios, con respecto al gobierno de Nicolás Maduro, los representantes de Ucrania, República Checa, Holanda, Alemania a nombre UE, Australia, Francia, Canadá, Suiza, Georgia, Colombia, Paraguay, entre otros.

A continuación transcribimos la “Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, de Michelle Bachelet –Alta Comisionada de la ONU para los DDHH- en la 45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, del 25 de septiembre del 2020 en Ginebra:

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

45ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Ginebra, 25 de septiembre de 2020

Señora Presidenta, 
Esta presentación oral cubre el período entre el 2 de julio y el día de hoy.  

Ante este Consejo el 14 de septiembre, reconocí, a través del informe del ítem 2, la adopción reciente de medidas positivas por el Gobierno de Venezuela, como el indulto a 110 personas, la liberación de 40 y una mayor cooperación con mi Oficina. Seguiremos brindando asistencia técnica al Gobierno. 

Mi Oficina siguió documentando casos de represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo, incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.  Registramos la muerte de dos manifestantes en Anzoátegui y Zulia, presuntamente cometida por fuerzas de seguridad. El Ministerio Público inició investigaciones para clarificar tales hechos.

Además, observamos restricciones a la libertad de expresión.  Esto incluye la aplicación de la legislación en contra del odio, ataques en contra de defensores de derechos humanos y agresiones y detenciones de periodistas. 

Reconozco los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela, a los que retornan por cruces irregulares. 

Reconozco la implementación de protocolos de bioseguridad relativos a la COVID-19 en los centros de detención. Pero reitero mi llamado a mejorar sustantivamente las condiciones de salud, acceso a agua, alimentos y medicamentos, y garantizar contactos regulares con los familiares y abogados, bien física o telefónicamente, así como de explorar medidas alternativas a la privación de libertad.

Asociaciones profesionales han informado que el 33 por ciento de las muertes por COVID-19 han sido del personal de salud debido sobre todo a la carencia de equipos de bioseguridad y de agua en los hospitales.  

La pandemia se ha sumado a otras emergencias pre-existentes, como la alimentaria. Caritas reportó que la tasa de desnutrición aguda infantil alcanzó el 15 por ciento en julio de 2020.  También reportó que un mayor número de familias acuden a estrategias de sobrevivencia, incluso dejar de comer para que otro familiar pueda hacerlo. 
La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales. Quisiera reiterar mi llamado de levantar las sanciones económicas para facilitar la asignación de recursos durante la pandemia.    

Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en un análisis de fuentes abiertas, mi Oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2,000 muertes desde enero de 2020. 

Considero positivas las detenciones de cinco miembros de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), presuntamente responsables de la muerte de dos personas en Zulia el 21 de agosto. Las declaraciones públicas del Fiscal General sobre este caso muestran un patrón similar al documentado por mi Oficina, en los que, tras ejecutar a las víctimas ya neutralizadas, los cuerpos de seguridad las roban y manipulan la evidencia para presentar los hechos como un enfrentamiento.  

Asimismo, el Ministerio Público informó que recientemente se habría imputado a 70 funcionarios de las FAES en distintos estados del país. 

Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE), así como la modificación por parte de este  Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa. 

Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Hago un llamado a seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos. 

Muchas gracias.

Fuente: ONU- Consejo de Derechos Humanos

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