Mi posición sobre Citgo: en respuesta a la injuria, por José Ignacio Hernández

Por José Ignacio Hernández

En los últimos tiempos, se ha insistido en una narrativa orientada a exculpar al régimen de Nicolás Maduro de la emergencia humanitaria compleja. En concreto, esta nueva narrativa se ha aplicado a la deuda pública venezolana contraída durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Bajo esta posición, la inminente pérdida de Citgo es responsabilidad compartida del régimen de Maduro y de la oposición, aun cuando la supuesta responsabilidad de ésta se eleva mucho más.

En un reciente artículo publicado en Financial Times (FT), y traducido en La Gran Aldea, responde precisamente a esta línea. En perfecta sintonía, el régimen de Maduro no ha tardado en valerse de este artículo para emprender una nueva persecución política en mi contra, señalándome como responsable por la pérdida de Citgo.

A pesar de que esta acusación, que ahora se presenta como nueva, es bastante vieja, voy a responderla, una vez más. Con hechos.

En 2013 actué como testigo experto independiente en uno de los arbitrajes CIADI promovidos por OI Group (OIG) contra Venezuela, a los fines de explicar, con base en el Derecho Venezolano, por qué la expropiación de Owens Illinois había sido inconstitucional. Nunca actúe como abogado de la empresa, sino como testigo independiente, pues mi rol era auxiliar al tribunal arbitral a comprender el Derecho Venezolano. Expresamente advertí -como es usual- que mi reporte no estaba influenciado por los intereses de la empresa. El régimen de Maduro -quien asumió la defensa de Venezuela en el caso- intento desacreditarme sin éxito. En 2015 el tribunal arbitral declaró procedente la solicitud de arbitraje. En la decisión se consideró mi reporte, demostrando así en actué de manera independiente y no en la defensa de los intereses de la empresa. Es decir, actué como perito, no como defensor de intereses.

Es falso por ello que esta empresa me haya empleado. De haber sido empleado, no habría podido actuar como testigo experto independiente.

Cuando en febrero de 2019 fui designado procurador, procedí a inhibirme de todos los casos en los cuales había intervenido como abogado y experto, en la carrera profesional de la cual me había separado en diciembre de 2018. De allí que me separé de los casos relacionados con OIG. Para ese momento la empresa había ya iniciado el juicio en la Corte del Distrito de Columbia para confirmar el laudo, correspondiendo la defensa al Maduro, quien incluso transó el juicio. En mayo, la Corte confirmó el laudo, no sin antes aclarar que debido al reconocimiento del presidente encargado, era éste -y no Maduro- a quien le correspondía representar legalmente.

Para esos efectos, Venezuela actuó a través de los legítimos representantes que habían sido confirmados por la Oficina del Procurador Especial, en concreto, la firma Curtis, tal y como se informó en la memoria pública que esa Oficina presentó ante la Asamblea sobre el ejercicio 2019. Sin embargo, la representación directa de Venezuela fue asumida por el embajador de ese país en Estados Unidos, en especial, al solicitar la suspensión de la confirmación el laudo, alegando que la crisis política y humanitaria impedía cumplir con la sentencia, y ratificando el interés de renegociar la deuda.

A pesar de que ahora parece “descubrirse” mi relación con el caso OIG, en agosto de 2019 esa relación la hizo pública un activista de Avanzada Progresista. A partir de entonces se desató en mi contra una campaña orquestada por Avanzada Progresista y la activista pro-rusa Anya Parampil. Por supuesto, el régimen de Maduro también ha repetido esa mentira. En perfecta armonía, estos actores señalaron exactamente lo mismo que, cuatro años después, ahora se “descubre”: mi “responsabilidad” en una trama para permitir la liquidación de Citgo.

En agosto de 2019 di una larga entrevista sobre este tema, aclarando mi relación en el caso OIG y en los demás casos en los cuales había participado en el pasado, incluyendo Crystallex (otra fuente de mentiras y difamaciones). El periodista formuló varias preguntas sobre el caso OIG, y todas fueron respondidas con transparencia. Además, en ese momento envié varias comunicaciones al presidente encargado y a la Asamblea Nacional de 2015 reiterando todas las explicaciones y desmintiendo la campaña de difamación que en mi contra desataba Maduro y sus aliados.

En su intento por eludir la verdad y sembrar confusiones, se relaciona mi actuación como procurador especial con la sentencia que la Corte de Distrito de Delaware dictó en marzo de 2023, declarando que PDVSA sigue siendo el alter ego de la República. Pero lo cierto es que esa sentencia resolvió una petición presentada y decidida luego de mi renuncia al cargo, efectiva en junio de 2020. La lectura del expediente de este caso permite aclarar las confusiones que se han sembrado.

En noviembre de 2019 OIG solicitó una medida de embargo en contra de las acciones de PDV Holding, Inc., petición fue negada por la Corte de Delaware en diciembre de ese año. Esta fue una importante victoria para Venezuela, pues se impidió el embargo anticipado de esas acciones, difiriéndose de esa manera un importante riesgo sobre Citgo.

Esto obligó a OIG a formular una nueva petición en febrero de 2021, meses después de mi renuncia.  Esa fue la petición que fue otorgada en marzo de 2023. Como puede observarse, yo no tuve nada que ver con la defensa de Venezuela en este caso, simplemente, pues ya había renunciado al cargo. De lo absurdo de señalarme como responsable tres años después de mi renuncia.

Pero la política de persecución en mi contra, incluso basada en este caso, sigue: en mayo de 2023– el régimen de Maduro me acusó de ladrón y criminal, citando el caso OIG.  Y vuelve a insistir en la misma persecución, esta vez acompañado de las mentiras contenidas en el citado artículo, y que hizo ver que el llamado Gobierno Interino y la Asamblea Nacional se habrían apropiado de 19.000 millones de dólares. Basta con leer la sentencia para comprobar que la acusación es falsa: la Corte de Delaware no alude a desviación de fondos, ni mucho menos la cifra de 19.000 millones (completamente fabricada) es mencionada.

He explicado -y probado con documentos -que me separé del caso OIG y que la demanda que fue declarada con lugar se inició luego de mi renuncia al cargo, hechos que el artículo omite. Ahora debo aclarar otras de las falsas acusaciones que se lanzan en mi contra, relacionados con lineamientos de la deuda aprobados en julio de 2019 beneficiaron a OIG.

Se quiere hacer ver que la sentencia de la Corte de Delaware de marzo de 2023 declaró que PDVSA era el alter ego de la República, debido a hechos imputables al Gobierno Interino y que no tienen nada que ver con Maduro. Además, se hace ver que la causa de los errores del Gobierno Interino fueron los lineamientos de renegociación de la deuda, publicados por la Oficina del Procurador Especial en julio de 2019.

Frente a ello, debe aclarase lo siguiente:

La sentencia de la Corte de Delaware imputa, a Nicolás Maduro, la mayoría de las evidencias en las cuales se sustenta la tesis del alter ego. Maduro, por ende, sí tiene que ver, y mucho.

Además, la sentencia imputa al llamado Gobierno Interino y a la Asamblea Nacional de 2015 supuestas acciones y omisiones que habrían derivado en el control político sobre PDVSA, lo que es una afirmación basada en falsos supuestos y que actualmente está pendiente de revisión en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.

Es falso que los lineamientos de la deuda hayan acordado dar un trato paritario a la deuda de PDVSA y la República. Los lineamientos eran tan solo unan guía orientativa. Y, además, el principio de igualdad se predicó especialmente en cuanto a los reclamos basados en sentencias, con el propósito de desestimular demandas, somo se explicó en un artículo publicado en julio de 2019. El lector interesado puede leer mi análisis en mi libro publicado sobre la defensa judicial. Allí explico que la igualdad de trato es una regla importante para atender una deuda tan compleja como la de Venezuela.

Los lineamientos fueron preparados por Lee Buchheit, el asesor que de manera gratuita asesoró al Gobierno Interino. Buchheit es la referencia jurídica más importante en materia de deuda.

A todo evento: la sentencia recuerda que también Maduro ha propuesto dar igualdad de trato a la deuda. O sea, que el régimen de Maduro me acusa exactamente de lo mismo que ellos han propuesto.

Todas las reclamaciones pendientes actualmente en la Corte de Delaware (que no constituyen, en todo caso, derechos legales firmes) son causados por la irresponsable política de endeudamiento público promovida por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no solo a través de la emisión de bonos, sino mediante políticas de expropiaciones e incumplimientos contractuales. Y entre los bonos que coloraron en riesgo a Citgo, merece una mención importante los Bonos 2020 PDVSA, emitidos con el inconstitucional colateral sobre el 50,1% de las acciones de Citgo Holding, Inc., y que en 2016 se consideró como razonable, pues “siempre los acreedores serán los primeros en ser compensados con la venta de los activos”.

Hoy, cuando este riesgo está presente, se lanzan temerarias acusaciones, en un claro intento por atenuar la responsabilidad de los regímenes de Chávez y Maduro en la crisis de la deuda pública externa. Pero no se trata solo de una campaña para cambiar la narrativa. Además, se insiste en la persecución política en contra de la oposición democrática, en lo que es un crimen de lesa humanidad actualmente investigado por la Corte Penal Internacional.

Ya es momento de señalar la responsabilidad penal no solo del régimen de Maduro, sino de quienes colaboran con este régimen autoritario en su fábrica de mentiras, difamaciones y persecuciones.

* José Ignacio Hernández G, fue procurador especial para la defensa del Estado. Hernández desempeñó el cargo desde el 27 de febrero de 2019, cuando fue designado por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y reconocido por más de 50 países, hasta el 18 de junio de 2020

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