La Mesa de Análisis del Observatorio Económico-Legislativo de CEDICE se reunió para exponer y discutir el proyecto de Ley de Cooperación Internacional. El proyecto, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional, ha activado las alarmas de las ONG venezolanas e, inclusive, una alerta temprana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que expresó el 3 de diciembre “su preocupación ante la propuesta del Gobierno de Venezuela de adoptar disposiciones legales a fin de controlar el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales-ONG por concepto de cooperación internacional”.
Por Eduardo Martínez
La mesa, bajo la dirección de Felipe Benites, Director de Liderazgo y Visión, contó con las exposiciones de Feliciano Reyna, Presidente de Sinergia, y Carlos Correa, Director de Espacio Público. Además, contó con la asistencia de representantes de importantes organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela.
Inició la presentación Felipe Benites, señalando que el proyecto ha sido aprobado en primera discusión, y que se tiene la información que está dentro del grupo de leyes a ser aprobadas en lo que queda del mes de diciembre.
Recordó Benites que el “ABC de la teoría social” indica que cualquier grupo de interés que se conforma se convierte en un grupo de presión. Y que es en este contexto que aparece el proyecto de Ley de Cooperación Internacional con algunos elementos preocupantes.
Feliciano Reyna
El presidente de Sinergia refirió que el proyecto de Ley forma parte de un contexto restriccional. “No es aislado”, dijo, porque está en consonancia con el proyecto político enmarcado en un “socialismo comunal”. Formando parte de esta arquitectura desde el 2006 cuando trató de instaurarse con la reforma constitucional que fue negada por electorado. A raíz de ese rechazo, se empezaron a aprobar leyes.
“Comunas, contraloría social, planificación pública y popular, consejos de trabajadores” son intentos de crear organizaciones sociales a la medida y que sólo serán reconocidas para actuar como organizaciones” expuso Reyna quien además alertó que son concebidas como un poder más del Estado, y no son autónomas.
Lo que se presenta ahora con el proyecto de Ley de Cooperación, también se ve aparecer en otras leyes, lo que responde al Proyecto Nacional Simón Bolívar y al Plan Estratégico 2007-2013. “Es una arquitectura legal para la construcción de un Estado distinto al que conocemos”.
En opinión de Feliciano Reyna, el reconocer unas organizaciones y no otras, es para tapar el deterioro de las condiciones sociales, de todo aquello que es calidad de vida. Como con el caso de lo que ha quedado expuesto con las lluvias: No hay solución. “En la medida en que la protesta se incrementa, se va a tratar de acallar”, asegura Feliciano Reyna.
En este sentido, Reyna recuerda que están siendo investigadas 34 ONG por el Ministerio Público, principalmente las dedicadas a los derechos humanos. Esto es una criminalización, judicialización, de la crítica. Son investigados solamente por levantar la voz. Se les califica de “políticas”, para acallarlas y cerrar espacios.
Para la mesa, Feliciano Reyna presentó dos temas sobre el proyecto de ley: 1) el grado de afectación de los derechos humanos, que estos funcionarios hacen caso omiso a sus obligaciones constitucionales y los convenios internacionales; y 2) tiene impacto sobre la vida de las personas, al afectarse la gente. Tales son los casos de Fe y Alegría, las ONG ambientales, etc.
Carlos Correa
El director de Espacio Público relató que hasta hora hemos tenido acceso a una visión de gran impacto, caracterizada por: recurrentes amenazas y descalificaciones públicas; apertura de procesos penales en contra de organizaciones de la sociedad civil; negativa a registrar asociaciones civiles cuyos fines incluyan la promoción y defensa de los derechos humanos y/o la democracia; escenarios de mayores restricciones; etc.
En estos momentos, en el estado de cosas percibido por Correa, no hay cooperación con Venezuela, y la mayor parte de los poco que se recibe, la recibe el gobierno. Una cooperación sobre la cual advierte, no hay rendición de cuentas. No se sabe cuánto recibe y cómo se gastó.
Sobre le marco legal que rige la existencia de las organizaciones no gubernamentales, Carlos Correa mencionó la Constitución y los tratados internacionales el derecho internacional de los derechos humanos, la protección al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil; y las obligaciones con respecto a las negativas: No hacer, y el que las restricciones deben ser las necesarias para asegurar los fines legítimos. En este punto, Correa llamó la atención sobre la injerencia del CNE, establecida en la constitución, para elegir las directivas de los sindicatos.
Entrando al análisis de unos pocos artículos del proyecto de ley, Correa examinó el artículo 3, sobre lo qué se entiende por cooperación, y lo amplio de la definición que incluye hasta a las empresas.
En el artículo 15 del proyecto, se establece la obligación de un sistema integrado de registro, en el cual se incluye como “sujetos afectados de la ley” también hasta las empresas, lo que crea una barrera.
En el artículo 10 se crea un Fondo, el cual es un órgano desconcentrado que no tiene garantizada la reserva legal y que deriva en un reglamento afectaciones a un conjunto de derechos humanos.
Además, el proyecto lograría que para ejercer un derecho: el de asociación y la libertad de contratación, las ONG estarán obligadas a cumplir con todos los registros. “El gobierno quiere decidir a donde va el dinero”, dice Correa.
Sobre este punto en particular, Correa advirtió que la Unión Europea, que otorga importantes ayudas, no daría ayudas económicas a las ONG si se crea el Fondo del artículo 10 del proyecto de ley, y así lo ha declarado.
En la continuación del análisis, Carlos Correa expresó que el proyecto de ley violenta el secreto a las comunicaciones y a la participación. Igualmente, afecta el secreto de donaciones. Además, el Estado quedaría habilitado para censurar o penalizar a disidentes, porque el objetivo es establecer un monopolio del Estado en cualquier dinámica social.
En cuanto al derecho de la propiedad privada y el principio de subsidiariedad, quedan violentados al Estado querer determinar el destino de recursos que no le pertenecen.
Carlos Correa, consideró que las ONG y los ciudadanos, tiene el desafío de informar a la sociedad venezolana en su conjunto de los riesgos que representa el proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Por lo que se deben articular esfuerzos en el mundo asociativo venezolano para emprender una acción colectiva concertada para contener esta iniciativa legal. Desarrollando estrategias de trabajo que permitan mantener el trabajo de la sociedad civil venezolana como Fe y Alegría, las organizaciones ambientales, de refugiados, de solidaridad, etc.
Correa de cara al futuro, señalo con firmeza y convicción que “no nos vamos a quedar tranquilos. Vamos a seguir en el trabajo. Porque no es problema de cooperación, el trabajo obedece a nuestra voluntad”. Encontrando que el objetivo que se persigue con la ley es “Desmantelar la esperanza”.
En lo relativo a ¿cuáles pueden ser los costos?, Carlos Correa afirmó que aprobar esta ley tiene consecuencias al analizarse el contexto y el texto, y que será fundamentalmente en derechos humanos. Ante lo cual se debe tener sinceridad en el análisis y no se debe dejar de actuar. “el objetivo no es la cooperación, es que no se proteste”, concluyendo “que paguen el costo de los atropellos a los derechos humanos”.