Por Juan José Monsant Aristimuño
Observo y leo la intervención de la Vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, el pasado martes 13 de noviembre. Lo primero que llama la atención, es aquella fila india bajando los escalones del salón de sesiones del Tribunal, que va a oír, observar su entorno y aprobar la argumentación de la Vicepresidenta.
Descienden uno a uno, vestidos de oscuro, con cara de circunstancia y un abultado maletín, igualmente negro, en su mano izquierda, que se balancea a medida que descienden. De vez en cuando alguno de ellos, casi todos rostros jóvenes desconocidos, voltea, inexpresivo, hacia la cámara que filma el momento y continúa hacia el salón principal, siempre con rostro de pésame, y el paso apurado. Una o dos mujeres conforman la extensa comitiva anónima, que me hizo recordar al flautista de Hamelín, limpiando la ciudad.
Al rato, la vicepresidenta inicia la lectura de su intervención, que recuerda aquello de “la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria” de Cipriano Castro, tan vacío y pomposo como el que escucho. A medida que hablaba y geticuaba, pensé que lo hacía de Rusia, China, los Estados Unidos o hasta de la misma Gran Bretaña, pero no, el imperialismo colonizador que denunciaba era el de la exhausta, estrecha y multicultural (indio de la India, negro del Africa y aborigen del Nuevo Mundo) Guyana, independiente apenas hace 57 años, en capacidad de instrumentalizar a los 15 jueces de diferentes nacionalidades que integran la CIJ, según señaló la estridente Vicepresidenta; la misma que en tiempos del Presidente Macri, siendo Canciller, asaltó la sede de la Cancillería argentina, forzó un ventanal y entró al salón de sesiones porque Venezuela iba a ser expulsada de Mercosur. Solo que los cancilleres allí reunidos decidieron trasladarse a otro recinto.
En algo tiene razón la perorata de la Vicepresidenta, Venezuela no tiene porque pedirle permiso a nadie para convocar y realizar un referéndum sobre lo que opina el electorado venezolano acerca del Laudo arbitral, el Acuerdo de Ginebra, la solución judicial elegida por Guyana ante la denegación del disfrute soberano de un territorio o parte del mismo, que le pudiera pertenecer.
Pero sí, es inútil, demagógico, irrespetuoso e infame tal convocatoria, refrendar para los venezolanos que no fueron jamás consultados si estaban de acuerdo o no, por ejemplo, de la presencia militar rusa, cubana, china, iraní o de las numerosas organizaciones terroristas asentadas en nuestro territorio. Menos aún, habiendo dinero nacional de por medio, de la explotación de numerosos y variados recursos minerales del Arco Minero guayanés, sin control alguno, de una variedad de empresas nacionales y extranjeras.
Por otra parte siguiendo con el tema de referéndum, el artículo V del Acuerdo de Ginebra, numeral segundo pauta, cito: «Ningún acto o actividad que se lleve a cabo, mientras se halle en vigencia este Acuerdo constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en los Territorios de Venezuela o la Guayana Británica, ni para crear derechos de soberanía en dichos Territorios…» De modo que con calcomanías, trotes o canciones en uniforme de fatiga, referendos, amenazas o creaciones de estados territoriales o administrativos tiene un valor concreto en la solución del diferendo con Guyana, a la luz del Acuerdo que, además, es el único instrumento jurídico existente para ambos países y la Comunidad Internacional que nos ata.
Así que el referéndum convocado para el 3 de diciembre y sus cinco extrañas y contradictorias preguntas que aparentemente obligan al Ejecutivo, parecieran más bien un conjunto de palabras incoherentes conocidas como galimatías, por demás irrelevantes para la decisión final. A menos que, el régimen y sus asesores foráneos, hayan tomado ya la decisión de invadir militarmente el territorio en discusión. Solo que no se trata solo de ocuparlo sino de retenerlo en el tiempo. Venezuela no puede pretender que a Guyana por tiempo indefinido, se le niegue el derecho a ejercer soberanía en parte de un territorio que pudiera ser suyo. Argumento este que es válido igualmente para nosotros.
De allí que el derecho civil interno de cada país miembro de la comunidad internacional, prevé y obliga acudir a la jurisdicción judicial, cuando las partes entre sí no logran resolver sus diferencias por un bien material, como la propiedad o linderos de una parcela o, el de un bien inmaterial como los derechos de autor, por ejemplo.
Hay otra razón elemental para dejar en tribunal internacional la decisión de clarificar cuales son los límites territoriales entre Venezuela y Guyana. Si afirmamos que el Esequibo es nuestro, pues debemos probarlo con documentos, la tradición o posesión continua del territorio que afirmamos nos pertenece.
¿Cuál es el temor? Preguntémonos, acudamos a la Corte, y que Guyana haga lo suyo. Si no existen, que los jueces decidan conforme la equidad, conciencia e instrumentos históricos, cartográficos y argumentación jurídica, presentada por ambas partes.
Pero para ello, nuestra obligación es estar representados por profesionales calificados en la materia, nacionales y extranjeros; abogados, cartógrafos, historiadores, intérpretes y, de la infraestructura adecuada que respalde su delicada y experta representación.
Hemos leído y visto en los medios de comunicación, que incluyen los Metacomunicacionales, incontables foros con expertos y menos expertos, nacionalistas furibundos, diplomáticos, militares y exmilitares, abogados reconocidos y hasta miembros de Academias, hacer un recorrido histórico que incluye documentos, cartas, mapas, testimonios impecables y de un gran valor informativo y pedagógico del proceso. Es por ello que en esta reflexión se da entendido que la mayoría de los ciudadanos interesados en el tema, conocen en mayor o menor profundidad, los hechos históricos puntuales de nuestro diferendo territorial, primero con Gran Bretaña y luego con la República Cooperativa de Guyana, desde su independencia en 1966.
Damos, pues, por sentado que la gran mayoría de los venezolanos se encuentran relativamente muy bien informados de estos hitos históricos; a lo menos en capacidad de obtener información sobre el tema. Quizá no así sobre los alcances políticos, económicos, jurídicos, diferentes interpretaciones, y de relaciones internacionales, que se derivan de este diferendo.
Del conjunto de todo ello, deducimos que lo de Guyana es una mera distracción, para obviar el resultado de las Primarias, la sentencia de TSJ anulando el acto electoral del 22-10 y colocar a la oposición (que somos la nación, según se constató) a colocarse al lado de las marramucias de la dictadura, y evitar ir a elecciones presidenciales libres y constatadas, respetando la soberanía popular, como debe ser.
* Embajador venezolano.