Por Juan José Monsant Aristimuño
Leo con interés una confrontación de ideas, conceptos, afirmaciones y sentencias que se emiten en torno a la calificación de la gestión gubernamental del presidente Nayib Armando Bukele Ortez, quién aparentemente se ha venido inclinando hacia el ejercicio de un régimen autoritario.
Esto nos plantea varias interrogantes sobre qué se entiende por régimen autoritario; si se está ejerciendo en este caso, si se ha optado por darle la espalda el régimen legal establecido, visualizado en la Constitución Nacional.
Venezuela, por ejemplo, no es un régimen autoritario, tampoco lo es Nicaragua, Cuba, Corea del Norte, Bielorusia o Irán. Estos países están gobernados por tiranos, donde la ley, la Constitución, son sus mandatarios con sus ideas políticas y/o religiosas.
No existe allí seguridad jurídica civil, penal o administrativa; ni tan siquiera la elemental por aparentar un orden legal común para todos y cada uno de sus habitantes. En consecuencia, el Estado de Derecho, con lo que ello conlleva en su alcance y significado concreto, simplemente es inexistente.
La pirámide de Kelsen que describe tan el orden y prevalencia de la norma jurídica una e igual para todos, que parte desde una ordenanza municipal, por ejemplo, y llega la hasta cúspide de esa pirámide donde se encuentra la Constitución, nos otorga la seguridad jurídica necesaria para la convivencia humana y, entre las instituciones públicas o privadas, laicas o religiosas.
Por ello la Constitución es tan importante en la vida común y diaria de los ciudadanos entre sí y, entre estos y la estructura legal, sea en una república como El Salvador o en una monarquía constitucional como en España.
La Constitución salvadoreña del 20 de diciembre de 1983, fue una de las más avanzadas del continente; quizá por su fecha de presentación, que pauto un equilibrio total y adecuando entre los tres poderes (no tuvo la necesidad de crear tres o cuatro poderes más, como hizo Chávez en su Constitución del 2001, realizada a su imagen y semejanza; donde el poder el Poder Ejecutivo tiene prevalencia sobre el resto de los poderes, de una manera abierta o encubierta.
Los siete primeros artículos de la Constitución salvadoreña prácticamente define los fines inherentes a su espíritu, propósito y razón. Y este no es otro que la protección de su ciudadanía, de su pueblo, en todos los aspecto. En el artículo 168, ejusdem, ordinal 3, por ejemplo, se le atribuye al Presidente la obligación de “Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad”.
Esta es una atribución mandatoria que se encuentra escrita en todas la constituciones existentes, debido a que la primera obligación de un presidente es la protección de su pueblo. De allí se derivan todas las otras atribuciones para sí, o por medio de las organizaciones administrativas. En ese mismo sentido se alinean los tres clásicos poderes republicanos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; en sistema conocido de pesos y contrapesos.
Luego de una de las guerras internas más cruentas que haya conocido el continente hispanoamericano, la de El Salvador, culminada en los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 de enero de 1992, entre el FMLN y el gobierno salvadoreño, representado por el presidente Alfredo Cristiani, se inició un lento pero constante y creciente conflagración interna tan cruenta, pero más tenebrosa, como la que acababa de concluirse.
Fue una curiosa guerra civil innecesaria, injusta y destructiva, que tuvo su origen en el hecho mismo de la guerra pasada, y en la exteriorización de bandas criminales organizadas de altísimo nivel de efectividad, graduadas en el exterior, concretamente Estados Unidos, donde emigrantes salvadoreños se vieron en la necesidad de agruparse para defenderse de las bandas locales.
A su regreso, trasladaron a El Salvador sus operaciones criminales organizadas en carteles denominadas localmente como “maras”. No hay mucho que decir, las conocí. De hecho asesinaron, desaparecieron a un buen amigo en los alrededores de Ilopango. Leí sobre sus crímenes horrendos, supe de los sitios donde no se debía circular, conocí los diferentes diálogos del gobierno con las maras; incluso el fatídico y ridículo presenciado y firmado por el inefable Secretario General de la OEA, de ingrata recordación, José Miguel Insulza.
Donde prácticamente el gobierno negoció su soberanía territorial y jurídica.
De allí que el haber rescatado el ejercicio de la soberanía nacional, para el pueblo salvadoreños; garantizar la libre circulación por el territorio nacional a propios y extraños ha sido uno de los logros indiscutibles, del actual presidente. Ya no solo los domiciliados en el país pueden ir y venir, con sus hijos y familia por sus Departamentos, sino que inversionistas extranjeros se sienten tentados invertir en un país que le asegura seguridad y libertad.
En el presente, observo que se dió una ruptura generacional con el languideciente y acartonado pasado; que se ha recuperado la libre circulación no solo en la capital sino en las diferentes regiones y, un hecho intangible: el respeto, el amor propio, el orgullo sustentado del ser salvadoreño, que forma parte de un algo, de un proyecto histórico compartido.
¿Cuál es el alcance y la definición entonces, de un régimen autoritario o de un presidente autoritario?
Podría, incluso, hablarse de regímenes autoritarios ejercidos bajo el marco de la Constitución. Como sería el caso de mayorías parlamentarias coyunturales, obtenidas de minorías electorales, cuyas decisiones bordean el orden legal constituido o la intensión del constituyente.
Es el caso, por ejemplo, de las situaciones surgidas en Cataluña y su pretensión de independizarse de España, desconociendo la voluntad electoral, y el espíritu de la Constitución de 1978, ante los diferentes actos de delitos continuados cometidos; permitida y quizás alentada por el Presidente Pedro Sánchez y sus aliados circunstanciales, como lo son Podemos, Sumar, Junts, Bildu, PNV y Coalición Canaria.
Nos encontramos ante la incógnita sobre qué define e identifica un régimen, o a un gobernante autoritario. ¿Es Donald Trump un gobernante autoritario o actúa dentro de la ley, lo es Pedro Sánchez, lo es Nayib Bukele? ¿Es un modo de actuar o expresarse. ¿Se requiere el ejercicio de la violencia y la violación de normas jurídicas para ser señalado como autoritario o no?
Si se logra gobernar contra las mayorías nacionales, si se utilizan esas circunstancias coyunturales para delinquir contra la cosa pública, como es el caso que nos ocupa (Carles Puigdemont) y alcanzar su objetivo político ¿Cómo definiríamos entonces el ejercicio de gobierno de Pedro Sánchez en España?
Por contraste Nayib Bukele gobierna con el pleno respaldo de la Asamblea Nacional, y del electorado salvadoreño que le ha expresado su apoyo en dos procesos electorales continuos, que evidenciaron el rechazo total al modelo transitado desde 1992 por los partidos ARENA, FMLN, y otros minoritarios hasta el 2019.
No dudo que puedan aparecer manifestaciones que permitan ser tildadas de autoritarias, quizás por la manera de expresarse oralmente, pero ese sería un estilo de expresión oral más no violatorio del orden legal. Debemos reconocer que la totalidad de la Asamblea Nacional ha sida elegida libremente por el electorado salvadoreño, quien le otorgó no solo legalidad sino legitimidad a sus actuaciones presidenciales. Poder Legislativo, donde reposa la soberanía nacional que designa sus jueces y autoridades pertinentes.
Esta realidad, por supuesto que puede acarrear la tentación autoritaria, ( y aún estamos por definirla) es una debilidad humana que todos poseemos, y la sociedad debe estar atenta para evitarla. Lo que no debemos hacer, es caer en la tentación, por diversos motivos, de sembrar dudas sobre el futuro, porque la búsqueda de la inclusión, de la presencia y acción nacional del gobierno en todos los rincones del territorio, la puesta al día de las instituciones, y visiones sobre el deber ser de la sociedad nacional e internacional, es un hecho irreversible.
El haber sacado del juego político real a un partido comprometido ideológicamente, como lo fue el FMLN, con organizaciones y países totalitarios, terroristas, unipartidistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán, Corea del Norte, Bielorusia, Hamás, Hezbollá, ETA, el Socialismo del Siglo XXI, donde no existen derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión, ha sido un paso gigantesco para la paz y el desarrollo interno de El Salvador y de Centroamérica.
En El Salvador los pandilleros, asesinos, extorsionadores, violadores son perseguidos, juzgados y llevados a prisión. El gobierno recuperó la soberanía del territorio nacional para todos sus habitantes y visitantes. En definitiva el país logró su liberación, entre ellos el miedo a circular por el territorio, de invertir o de ser propietario.
Y yo me pregunto, ¿acaso cuando Venezuela recupere su libertad y dignidad para sí y ante los países del orbe, deberá permitir la libre circulación de bandas criminales como el Tren de Aragua y otros trenes existentes, con la excusa que son victimas de la sociedad? ¿O vamos a garantizar la libre circulación por el territorio nacional, y que nuestros estudiantes puedan llegar con seguridad a su centro escolar y regresar a sus hogares en paz?
Los partidos políticos, al igual que las organizaciones republicanas de diversas índoles, tienen la obligación dentro la realidad y autenticidad, de mantener ese equilibrio, ese control que se exige de los pesos y contrapesos en cualquier actividad humana, de no perder la objetividad ni los fines nacionales propuestos. Los partidos políticos tal como los conocimos y luchamos en ellos, están de salida, quedaron obsoletos como los televisores analógicos.
La actitud ante la ciencia y la tecnología que se nos presenta en la actualidad, los medios de comunicación son diferentes a los conocidos en el pasado reciente y de un alcance inimaginable. Nos encontramos inmersos en pleno “cambio epocal”, en una dimensión tan intensa y generalizada como lo fue la Edad Media del Renacimiento.
Debemos estar alertas, abiertos para entender y guiar la conducción de nuestras vidas y de las sociedades, sin perder nuestra personalidad, ni valores humanos, sin hacer resistencia al cambio, al futuro, sin que ello conlleve ignorar o pasar por alto los valores permanentes del ser humano.
*ex profesor de Derecho Internacional Publico en la Universidad Central de Venezuela.
Editado por los Papeles del CREM a cargo de Raúl Ochoa Cuenca.
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