Por Francisco Contreras M.
La validez de una propuesta económica no se agota en la consistencia interna de sus ecuaciones, en la transparencia de sus supuestos ni en la coherencia de sus órdenes de magnitud. También depende de su capacidad para resistir distorsiones interpretativas cuando entra en el espacio público. En contextos de polarización, precarización salarial y deterioro institucional, la discusión sobre ingreso, salario y protección social suele reducirse a fórmulas binarias que empobrecen el análisis: aumento o ajuste, bonos o abandono, urgencia distributiva o disciplina macroeconómica. Esa reducción no solo trivializa el problema. También impide distinguir entre alivio transitorio, recomposición salarial e institucionalidad de sostenimiento.
Por esa razón, luego del día de ayer incorporé una sección de defensa del modelo. Su propósito no consiste en sustituir el razonamiento económico por una estrategia retórica, sino en preservar la integridad conceptual del planteamiento cuando este se expone a objeciones simplificadoras o lecturas fragmentarias. La finalidad es metodológica y analítica: impedir que la discusión pública desplace el problema desde su núcleo real, la reconstrucción del salario como institución económica, jurídica y social, hacia falsas alternativas que confunden liquidez coyuntural con recuperación sostenible del ingreso.
La tesis central del documento puede formularse con precisión: Venezuela necesita elevar el ingreso de los trabajadores, pero no puede seguir sustituyendo salario por bonos como eje permanente de política laboral y social. El bono puede atenuar una urgencia de caja; el salario, en cambio, reconstruye derechos, organiza expectativas, restablece incidencia sobre prestaciones y seguridad social, y reconstituye la relación entre trabajo, productividad y reproducción material del hogar. Esta diferencia no resulta semántica. Define la distancia entre un mecanismo compensatorio de emergencia y una arquitectura de recuperación económica con vocación de permanencia.
Desde esta perspectiva, el problema venezolano no puede reducirse a la insuficiencia cuantitativa del ingreso corriente. Su dimensión más profunda radica en la “desalarización” progresiva del ingreso, es decir, en la erosión del salario como institución ordenadora del vínculo laboral y como base estable de protección económica. Cuando el ingreso laboral pierde densidad salarial y se sustituye de manera creciente por transferencias no salariales, el trabajador no solo recibe menos protección efectiva. También queda expuesto a una forma más frágil de inserción económica, sometida a discrecionalidad, volatilidad y baja capacidad de reproducción material sostenida.
Esta observación conduce al punto decisivo del modelo: la recuperación del ingreso no puede sostenerse de manera permanente sin un entorno productivo capaz de absorber, traducir y consolidar el incremento distributivo en términos reales. En consecuencia, una política de recomposición salarial sólo resulta económicamente defendible cuando descansa sobre la expansión de un sector productivo innovador, abierto a la inversión, coordinado por reglas estables y liberado de asfixia regulatoria. Esa condición no constituye un complemento deseable; constituye el soporte estructural de toda mejora durable del poder adquisitivo.
La asfixia regulatoria no se limita al exceso formal de normas. Comprende un régimen de incertidumbre en el que el ejercicio discrecional del poder, la opacidad decisoria, el acceso desigual a información relevante y la ausencia de límites creíbles a la arbitrariedad alteran los incentivos y desvían recursos desde la innovación y la producción hacia la protección política, la intermediación privilegiada y la extracción de rentas. Allí donde prevalecen la discrecionalidad, la información privilegiada y el riesgo moral, la economía deja de premiar productividad, coordinación y aprendizaje, y comienza a premiar proximidad al poder, captura regulatoria y capacidad de apropiación. En ese contexto, cualquier intento de recomposición salarial carece de base sólida, porque la estructura de incentivos no favorece la ampliación genuina de oferta ni la inversión en capacidad productiva.
Por ello, este “addenda” no propone un aumento aislado, ni un salto nominal desvinculado de condiciones de sostenimiento, ni una expansión distributiva concebida como acto de voluntad política sin restricciones. Propone una transición. Esa transición articula tres planos que no deben separarse: primero, la mejora efectiva del ingreso del hogar; segundo, la recuperación del salario como forma principal de remuneración protegida; y tercero, la reconstrucción de las condiciones económicas e institucionales que permiten que dicho salario conserve valor en el tiempo. La pregunta relevante, por tanto, no consiste sólo en cuánto aumentar, sino en cómo elevar ingreso real sin reactivar el mismo mecanismo que históricamente lo ha licuado.
De allí se desprenden tres aclaraciones metodológicas indispensables. La primera: esta aproximación no presenta una predicción cerrada, sino un escenario programático de transición. La segunda: los umbrales monetarios utilizados en el modelo funcionan como referencias normativas de cálculo y no como afirmaciones descriptivas exhaustivas sobre la última observación coyuntural de mercado. La tercera: el hogar con dos perceptores constituye una unidad normativa de estandarización analítica y no una descripción sociológica completa de la heterogeneidad de los hogares venezolanos. Estas aclaraciones no debilitan el modelo; delimitan su alcance y protegen la lectura correcta de sus resultados.
En el debate público, la crítica más frecuente suele adoptar una de dos formas igualmente reductoras. La primera acusa de “irreal” toda propuesta que no se limite al bono de emergencia. La segunda descalifica como “populista” cualquier intento de modelar la recomposición del ingreso. Ambas críticas omiten el punto central. Lo verdaderamente irreal consiste en suponer que una sociedad puede sostener indefinidamente la sustitución del salario por mecanismos compensatorios fragmentarios sin deteriorar productividad, protección laboral y estabilidad de expectativas. Y lo verdaderamente populista no consiste en explicitar supuestos, secuencias y restricciones, sino en ofrecer cifras sin mecanismo, promesas sin financiamiento y anuncios sin arquitectura institucional.
Este trabajo, por el contrario, ordena el problema bajo criterios de trazabilidad. Explicita la unidad de observación, distingue entre meta operativa y horizonte normativo, diferencia salario de ingreso bonificado e ingreso privado de referencia, y vincula el programa distributivo con expansión de oferta, capacidad instalada, gobernanza y estabilización. En esa medida, el documento no debe leerse como una consigna cuantificada, sino como una estructura analítica para pensar la recomposición del ingreso en condiciones de restricción real.
La sostenibilidad del planteamiento depende, en consecuencia, de una premisa institucional explícita: el restablecimiento del salario exige un entorno económico en el que producir, invertir, innovar y contratar resulte más rentable que captar privilegios, arbitrar regulaciones o explotar asimetrías creadas por el poder. Ninguna política salarial puede consolidarse de manera durable si el aparato productivo opera bajo estrangulamiento normativo, si la innovación se castiga con incertidumbre, si la información relevante circula de modo desigual o si los agentes con acceso privilegiado pueden apropiarse de rentas sin crear valor. Bajo esas condiciones, el aumento del ingreso disponible tendería a traducirse en mayores fricciones, traslado a precios, mercados segmentados y nueva pérdida del poder adquisitivo.
* Profesor de Pre y Postgrado de la Universidad de Carabobo y de la Broward International University, Florida.
* Editado por los Papeles del CREM. Responsable: Raúl Ochoa Cuenca.