Unas de las imágenes más sugerentes que han dejado las protestas tras el anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador a Nicolás Maduro, han sido el derribo de cuatro estatuas del difunto presidente Hugo Chávez –líder de la revolución bolivariana– y las decenas de efectivos militares que ahora custodian la que queda en pie en Nueva Esparta, para que no corra la misma suerte.
Lo es porque parece la alegoría de lo que sucedió con dictadores como Sadam Husein en Irak, o Muamar el Gadafi, en Libia, en el preámbulo de la caída de sus regímenes de terror, y que hoy refleja la expresión de millones de venezolanos que están convencidos, al igual que muchas voces prestigiosas en el mundo, de que aquella noche del 28 de julio se consagró un fraude y de que el presidente electo es en realidad Edmundo González Urrutia.
Venezuela se ve hoy sumergida en una gravísima crisis cuya resolución parece imposible. Dos líderes que reclaman el triunfo; miles de personas saliendo a las calles a protestar; el régimen y sus secuaces desatando una sangrienta represión que se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y con la detención de más de 2.000 –se desconoce el paradero de muchas de ellas–; y una comunidad internacional dividida en la que una parte intenta sostener una línea de diálogo para evitar un baño de sangre y no cometer los errores del pasado, otra que, a la luz del 80 por ciento de las actas que publicó la oposición, ya reconoció como electo al opositor, y otra, contada con los dedos de la mano, que las pone en el fuego por Maduro.
Once días después de los comicios, el CNE ha sido incapaz de mostrar los documentos que respaldan el triunfo de Maduro, y en cambio este abrió una vía judicial para que el Tribunal Supremo, de reconocida línea oficialista, certifique unos resultados que casi nadie cree. Es un escenario que exhibe un pulso complejo de consecuencias impredecibles y desestabilizadoras para la región, que no está en condiciones de soportar una nueva oleada migratoria si Maduro se atornilla en el poder.
La iniciativa diplomática tripartita de Colombia, Brasil y México, que ya recibió el apoyo explícito de Washington y explora salidas para una ‘paz política’ basada en la publicación de las actas, una verificación integral de los resultados y una transición democrática, es loable, pero transita un camino de espinas en el que el tiempo y la represión del madurismo juegan en contra.
Si bien es entendible que se esté intentando no caer en el escenario del interinato de Juan Guaidó con un presidente reconocido por 60 países pero sin poder real, es inadmisible que la crisis se prolongue al vaivén de delirios totalitaristas y que se vuelva paisaje el vulgar asalto a la democracia que está perpetrando la cúpula de Miraflores. O, peor aún, que se contemple un escenario de repetición de elecciones. De hecho, figuras prominentes de la izquierda como Cristina Kirchner exigieron mostrar las actas como una defensa del legado del ‘comandante’, una tácita constatación de que con Maduro el chavismo perdió las calles y de que quienes quieren tumbar ahora la estatua de Chávez son los pobres y marginados que alguna vez aclamaron su nombre.
* editorial del 7 de agosto del 2024