Por Eduardo Martínez
El régimen de Nicolás Maduro volvió a anotarse una rayita en la pizarra de los errores.
Este viernes, al final de la tarde, La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció la intervención de la Cruz Roja de Venezuela, designando como interventor a Ricardo Cusanno -ex presidente de Fedecámaras.
La sentencia viene firmada por la magistrada Tania D´Amelio, quien viene de desplegar una similar trayectoria como rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Esa intervención tiene varios piquetes o aristas que deben ser analizadas. Por supuesto, que siendo el objetivo del gobierno el ocupar el mayor número de sectores e instituciones del país, ellos no van a revisar esas aristas.
Esta ocupación está enmarcada dentro de un esquema “totalitario”, como lo ideara Mussolini en la Italia en el Siglo pasado.
Sin embargo, hay varios puntos que deben verse con especial atención.
En primer lugar, estamos en presencia de la naturaleza de la Cruz Roja. Sus operaciones en el país son de vieja fecha, y están enmarcadas dentro del derecho internacional y los acuerdos firmados por el gobierno de Venezuela.
Intervenir esta institución representa la violación de la legalidad internacional. Lo que tendrá una fuerte respuesta de la comunidad internacional.
Modus operandi
La manera en la cual se hace la intervención no es nueva. Todo comenzó cuando nombraron una directiva ad-hoc para el partido Copei. En ese momento, otros partidos se hicieron la vista gorda del fondo, y se aprovecharon de los puestos que le correspondían a los copeyanos en las elecciones parlamentarias del 2015.
Luego el esquema ha venido siendo aplicado a diversas instituciones, sean políticas, sociales y privadas.
La modalidad es perversa y no permite el derecho a la defensa. El TSJ sentencia la intervención, nombra una directiva ad-hoc sin que los afectados hayan ejercido su derecho de defenderse. Luego el juicio entra en un limbo que puede durar años.
Un peligroso latigazo
Con la intervención dela Cruz Roja, el régimen se está jugando la rifa de un latigazo que le puede venir en cualquier momento, ahora o después.
Para comprender lo que significa, debemos irnos al inicio del régimen chavista entre 1999 y el 2003. Cuando la represión, las ocupaciones y las revueltas tenían acorralada la institucionalidad venezolana.
En esa oportunidad, un constitucionalista afecto a la oposición, le recordó a Hugo Chávez que el único asidero que tenía era la Constitución de 1999. Esta fuera buena o mala.
No sabemos si Chávez le hizo caso. Aunque en los peores momentos, él se presentara en sus mega largas cadenas con un un ejemplar azul y minimizado de la Constitución.
Esa Constitución ha sido irrespetada una y otra vez por lo que debería haber sido la separación de poderes. Una característica que ya no exhibe el sistema político venezolano.
Repasemos este punto. ¿Cómo opera este irrespeto?
El caso de la Cruz Roja, el más reciente, un diputado en su programa en VTV -la televisora oficial- anunció la inminente intervención de la Cruz Roja, bajo una serie de supuestos.
En tiempo récord, el ministerio actuó ante el TSJ, y en menos de una semana la Sala Constitución sentenció la intervención.
No es la primera vez. Ha ocurrido antes. Sea a través de las cadenas, programas de TV y/o radio o las redes sociales, se señala un objetivo. Si retraso alguno, las otras instituciones acatan la orden y dictan procederes.
Esas instituciones son los otros poderes: TSJ, Fiscalía, Contraloría, CNE, entre otras.
En opinión de constitucionalistas estaríamos en presencia de un “irrespeto” a los magistrados, rectores, y otros altos funcionarios. Quienes por supuesto no se sienten irrespetados. Y por lo visto, se siente aludidos y prestos a acatar las órdenes.
La importancia futura
Hoy por hoy, la nomenclatura del régimen (los jefes) no tienen la Constitución como asidero sino como excusa. Lo que lleva a señalar un escenario más complejo y peligroso.
No es otro que el contexto internacional. Y allí es donde aparece el precedente la intervención de la Cruz Roja.
Para la inmensa mayoría de los venezolanos, la Constitución probablemente representa poco ene stos tiempos. Los derechos estipulados en la carta magna son reiteradamente violados por el régimen. El salario digno, la jubilación, la justicia, la educación, la alimentación, por lo que dice la Constitución, no parece representar nada para los venezolanos. Si no fuera así, casi 8 millones de venezolanos no hubieran emigrado.
Hablar de futuro, es dibujar escenarios posibles y probables. Por lo que pensemos por un momento que el régimen terminara abruptamente. Los jerarcas saldrían corriendo en sus aviones privados. Los menos, buscarían asilo en las sedes de las embajadas.
Si este precedente de intervenir la Cruz Roja sigue su curso y se extiende a otras instituciones, con un total irrespeto a la legalidad internacional, ¿qué pasaría con el nuevo régimen?. ¿Ocuparía esas embajadas para sacar a los asilados? Después de todo, en Venezuela ya como que sería usual que no se reconozca el derecho internacional, luego de haber acabado con el derecho nacional.
Ojalá no sea así.