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Por Eduardo Martínez

No ha dejado de sorprender a los habitantes del este de Caracas la demolición de la Frutería Biruma, a media cuadra de la Clínica Ávila. Una venta de alimentos frescos, frutas y legumbres, que cumplía una función social en Altamira y las urbanizaciones vecinas.

La Biruma -como le llamaban los vecinos- tenía 65 años operando en ese lugar. Pero la situación es más grave. Los propietarios tenían 76 años viviendo allí.

Conocer la historia de este suceso se vuelve más grave aún. Los propietarios de Biruma señalan que no les notificaron de la orden de demolición, que habría sido emitida por un tribunal penal. Simplemente, obreros entraron a demoler el local y las casas de habitación de la parte de atrás. A continuación, según los propietarios de Biruma, esos obreros se habrían llevado la mercancia, los muebles y otras pertenencias personales.

Es una situación “Extraña” que la jurisdicción penal emitiera una orden de demolición. Para que luego de ejecutada la acción temeraria de demoler, haya sido emitida otra orden que revocaba la medida. ¿Estamos en un caso de terrorismo judicial?

Otra incidencia que no se entiende, es la pasiva actitud de las autoridades municipales. Una actitud que pudiera ser calificada de “contemplativa”, y que no es otra cosa que lavarse las manos. Los vecinos están indignados.

Este es un nuevo caso de la insaciabilidad inmobiliaria que recorre los municipios del este de Caracas. Donde no se respetan los derechos de los vecinos, la tradición de las zonas residenciales y el acatamiento a las ordenanzas municipales.

De acuerdo a las informaciones recabadas por los medios de comunicación en el sitio: “al respecto, la alcaldía de Chacao, a través de su directora de comunicaciones, Laura Viera, argumentó que hasta el momento no existe ningún proyecto presentado ante la alcaldía que vaya a ser desarrollado sobre esas parcelas”, como informó el portal crónica.uno.

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