Editorial: De la Constitución, no se espera menos

La violación de la Constitución, por parte de 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es un delito que reviste una gravedad del mayor nivel imaginable. Estamos en presencia de un delito cometido, no simplemente en contra de un librito azul o alguna disposición legal lejana y cuasi etérea. Sino que es en contra de las disposiciones fundamentales que rigen las relaciones entre la totalidad de las personas que viven en el territorio de Venezuela.

Por otra parte, la gravedad es mayor cuando se considera que es cometido por 7 magistrados del más alto nivel, quienes tienen entre sus competencias garantizar el acatamiento a la Constitución y, por lo tanto a la legalidad.

Por lo tanto, la violación de la Constitución no constituye un atentado en contra del gobierno o de la oposición como instituciones. Sino que es un delito en contra de cada uno de los venezolanos. Lo que en consecuencia agrava la acción cometida por los magistrados del tribunal supremo al adoptar las Sentencias 156 y 57.

Las Constituciones no han sido concebidas para favorecer a los poderosos, en términos económicos o sociales. Ni siquiera para las mayorías. Es un documento que protege a todos aquellos que en forma indiv­­idual frente a los poderosos.

Si bien es verdad que hay numerosas secciones que delinean la estructura y competencias de las instituciones públicas, la razón fundamental es que se delimitan esas características en virtud y función de los derechos de las personas, una a una. Personas que en su conjunto son agrupadas en el término “Pueblo”.

En este contexto el delito cometido por los 7 magistrados del TSJ, al romper el “hilo constitucional” eliminando la inmunidad de los parlamentarios y apropiándose para si y el gobierno competencias constitucionales exclusivas de la Asamblea Nacional, como declaró públicamente Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, entra a calificarse como un delito de “lesa humanidad”. Delitos imprescriptibles y de condenación universal. Es decir, que no hay tiempo de caducidad para el procesamiento de los que cometieron el delito, y que están sujetos a ser llevados a tribunales nacionales y/o internacionales.

Hasta donde el sentido común indica, cometido este delito, no hay manera de revertir la acción delictual. La medida, a pesar de ser revertida, no por ello elimina la responsabilidad de los magistrados que violaron la Constitución.

Será tarea, ahora o luego, que los delincuentes rindan cuenta ante el tribunal competente, que en nombre del pueblo, de los venezolanos afectados por las sentencias, haga justicia y establezca responsabilidades, y fije la sanciones penales a que haya lugar. De la Constitución, no se espera menos.

Eduardo Martínez

Editor

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