Contralor intentará extender inhabilitaciones hasta un máximo de 18 años

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La ley para supervisar y garantizar que los recursos del Estado venezolano sean administrados con mayor eficiencia, contempla también elevar las inhabilitaciones políticas a un máximo de 18 años para así atacar con más fuerza los hechos de corrupción.

Dicha normativa fue solicitada este martes a la Asamblea Nacional-AN por el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, durante la presentación de la memoria y cuenta de su gestión en 2010.

En el programa Despertó Venezuela de Venezolana de Televisión, Russián indicó que mediante este proyecto de ley las acciones de la Contraloría General adquirirán mayor peso y permitirán que otras instancias de la administración de justicia, relacionadas con sanciones civiles y penales, sean establecidas de manera conjunta con las medidas contraloras.

“Para el combate de la corrupción no sólo están de por medio las medidas coercitivas, sino que es necesario crear conciencia suficiente, la ética del funcionario público y privado para no incurrir en hechos que lesionen el patrimonio público”, dijo.

Enfatizó que con la llegada de la actual administración, los hechos de corrupción son atacados con mayor fuerza, lo que ha permitido disminuir la ocurrencia de este tipo de vicios.

“En estos años la Contraloría ha venido luchando denodadamente contra la corrupción y no sólo con las medidas que pudiéramos llamar sancionatorias, la corrupción ha sido enfrentada”, sostuvo Clodosbaldo Russián.

Durante su balance de gestión, Russián pidió al Parlamento venezolano elaborar una ley que regule las formas de propiedad, administración y control de los entes descentralizados para supervisar y garantizar que los bienes y recursos del Estado venezolano sean administrados con eficiencia.

Subrayó que esa solicitud está fundamentada en el artículo 300 de la Constitución Nacional, el cual reza que “la ley nacional establecerá las condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de actividades sociales o empresariales, con el objeto de asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que en ellas se inviertan”.

Fuente: AVN

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