Por Anthony Barrera
“Sáquenme de Latinoamérica”: un meme, sí, pero también la síntesis de cuán difícil es para millones de jóvenes latinoamericanos imaginar su futuro en la región. Esto no es sorprendente. En los últimos
50 años, América Latina ha experimentado dos décadas perdidas, sinónimo de oportunidades desaprovechadas y promesas rotas. Su crecimiento sigue estando por debajo de su potencial, la prosperidad continúa pareciendo inalcanzable para la mayoría y la región se mantiene como una de las más desiguales del planeta. Si a esto le sumamos el descontento con la democracia ante su incapacidad de generar bienestar material, la inseguridad, el auge del autoritarismo y un contexto internacional más volátil, el panorama es gris. Así, es difícil no caer en la desesperación e imaginar la emigración como única salida.
No obstante, abandonar el barco ni es una opción para la inmensa mayoría ni es lo que esta verdaderamente quiere. El ciudadano medio en América Latina habrá escuchado mil y una veces lo rico que es su país y la región, así como lo buena que es la democracia; con igual frecuencia muchos se habrán estremecido al constatar que esa riqueza no se siente a fin de mes, y que la democracia no da respuesta a sus problemas. Antes de dejar su tierra atrás, los latinoamericanos preferirían hacerla un sitio más próspero, donde esa riqueza tan proclamada se sienta también en el día a día, y donde las instituciones realmente respondan a las necesidades de la población. Sin embargo, su panorama complejo y su historia reciente de estancamiento hacen difícil creer que las cosas vayan a cambiar.
Aun así, la desesperación no puede ser alternativa. Si bien los problemas sociales complejos rara vez tienen una única solución, desde aquí pondremos sobre la mesa una propuesta que suma y que es casi tan antigua como la región misma: avanzar verdaderamente en la integración latinoamericana. Recordemos que Latinoamérica no es pequeña bajo ningún estándar: cuenta con una población comparativamente joven de más de 600 millones de personas, posee inmensas reservas de recursos minerales, agrícolas y energéticos, tiene acceso tanto al océano Atlántico como al Pacífico y está ya unida por lazos históricos, culturales y lingüísticos. Una integración más profunda permitiría capitalizar todos estos vínculos, haría sus economías más eficientes, aumentaría su relevancia internacional y dotaría a sus instituciones de nuevas herramientas para transformar la región en un lugar donde desarrollar un proyecto de vida no se sienta como una misión imposible.
Pero ¿qué significa realmente integrarse? Para Latinoamérica, integrarse consistiría en que sus Estados coordinen sus políticas y eliminen barreras internas para actuar como un todo articulado en áreas estratégicas. Este es un proceso que ocurre en múltiples dimensiones: hablamos de cambiar regulaciones y leyes, crear instituciones comunes, promover intercambios culturales y eliminar trabas al comercio intrarregional. Aunque todas estas dimensiones estén interrelacionadas de forma que progresar en un área pueda requerir dar pasos en otra, si se deben concentrar esfuerzos en alguna de ellas, debería ser en la económica. Avanzar con la integración de las economías latinoamericanas es tan significativo como progresar en la integración política, pero menos polémico, más fácil de justificar, dada su capacidad de generar resultados tangibles, y en teoría más sencillo de sostener, ya que esta crearía incentivos tanto en el sector público como en el privado para apoyar el proceso.
Ya enfocados en la integración económica, será útil que pensemos en ella como la eliminación de barreras. Concretamente, hablamos de suprimir las trabas que impiden la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas entre las naciones latinoamericanas, aunque el proceso pueda implicar mucho más. En el resto del artículo veremos con más detalle cuáles son esas trabas y cómo una mayor integración económica en la región, con las medidas apropiadas, implicaría economías más eficientes, precios más bajos, mayor crecimiento y posibilidades de desarrollo. En esencia, ayudaría a hacer de Latinoamérica una región más próspera, productiva y relevante internacionalmente.
Antes de entrar en detalles, ofrecemos aquí un breve desglose del artículo. Primero, compartiremos la visión general de las distintas fases de un proceso de integración económica. Luego, profundizaremos en la integración comercial, tratando las barreras comerciales junto con los mecanismos y teorías detrás de cómo puede generar riqueza. Posteriormente, abordaremos con brevedad la libre circulación de personas, para luego tratar críticas y contraargumentos recurrentes, cerrando con las conclusiones.
DESCOMPONIENDO LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA
La integración económica empieza por el comercio, pero su alcance es mucho mayor. Podemos verla como una escalera con cuatro peldaños donde cada uno exige un compromiso mayor que el anterior. El primero es un área de libre comercio, donde los países miembros reducen o eliminan los aranceles (impuestos a la importación) entre sí, aunque mantienen los controles fronterizos para verificar el origen de las mercancías. El segundo peldaño es la unión aduanera: aquí no solo desaparecen los aranceles internos, sino que los socios adoptan un arancel común frente al resto del mundo, lo que permite eliminar los controles de origen intrarregionales y negociar acuerdos comerciales en bloque. A medida que las economías se estrechan, se puede avanzar hacia el tercer nivel, el mercado común, donde la libertad de movimiento se extiende a los servicios, los capitales y los propios ciudadanos. El culmen de la escalera es la unión económica y monetaria, lo que implica una moneda común, la armonización de políticas fiscales y sociales y, en última instancia, cierto grado de integración política.
Es un proceso largo donde cada etapa se construye sobre la anterior, pero todas comparten la supresión de trabas a la circulación. Hoy, para que un producto cruce de Perú a Brasil, suele enfrentarse a una carrera de obstáculos: impuestos de importación, cuotas, laberintos burocráticos en la aduana, normativas sanitarias incompatibles y una infraestructura de transporte deficiente. Cada una de estas fricciones encarece el producto final o, directamente, mata el intercambio antes de que ocurra. Mientras tanto, la factura de esa ineficiencia la pagan las familias en el supermercado.
INTEGRACIÓN COMERCIAL
¿Cómo pasamos de eliminar aranceles a precios más bajos? Detrás está el aprovechamiento de las diferencias de precios entre productos de distintos países. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que en Paraguay el kilo de carne cuesta 3 $ menos que en Bolivia y que los costos de transportarlo y venderlo en el país vecino son 1 $ por kilo. En este caso, a los ganaderos paraguayos les conviene vender su carne en Bolivia y a los consumidores bolivianos comprar carne paraguaya más barata. Sin embargo, esto no ocurriría si existiese un arancel de 2,5 $ por kilo. Este impuesto suprimiría la diferencia de precios al aumentar el coste de exportar carne a Bolivia, de forma que ni el ganadero paraguayo obtendría una ganancia ni el consumidor boliviano un ahorro. Eliminar o reducir ese arancel permitiría el intercambio y sus beneficios asociados. Generalizando este ejemplo a miles de productos y en toda la región, podemos comenzar a ver cómo menos trabas comerciales se traducirían en más poder adquisitivo.
Pero comprar más barato es solo la mitad de la historia; la otra mitad es cómo nos organizamos para producir. En un mercado competitivo, los precios reflejan eficiencia: si la carne paraguaya es más barata, es porque el país cuenta con mejores condiciones y mayor eficiencia relativa para producirla.
¿Significa esto que un país menos eficiente sale perdiendo al abrir sus fronteras? Justo lo contrario, y la razón está en las ventajas comparativas: la capacidad de producir un bien a un menor coste de oportunidad, es decir, sacrificando menos recursos que podrían destinarse a otra cosa. Volvamos a nuestro ejemplo: imaginemos que Bolivia es menos eficiente que Paraguay produciendo tanto carne como textiles en términos absolutos, pero su desventaja es mucho menor en los textiles. A Bolivia le sigue conviniendo concentrar sus esfuerzos en los textiles e intercambiarlos por carne paraguaya, incluso si su vecino es mejor en ambos sectores. Al especializarse cada uno en aquello donde es relativamente más fuerte, la producción total de la región crece y ambos países terminan con más riqueza de la que habrían generado por separado.
Y no se trata solo de producir más: la integración implica un salto de escala para producir bienes de mayor valor agregado. Hay industrias enteras, como la automotriz, la farmacéutica o la tecnológica, que simplemente no son rentables si producen para un mercado pequeño. Como bien apunta la CEPAL, fragmentados estamos condenados a mercados estrechos; integrados, un fabricante en Colombia deja de producir para 50 millones de personas y pasa a tener un horizonte de 600 millones de consumidores. Esto a su vez haría más atractiva a la región para inversores extranjeros, ya que estos no apostarían solo por un país, sino por una región entera. Además, para el ciudadano esta inversión se traduciría en manufacturas más complejas y en puestos de trabajo de mayor cualificación y salario.
Sin embargo, aunque la integración comercial sea beneficiosa para el conjunto regional, no todos se beneficiarían por igual. Aumentar la competitividad y bajar los precios también significaría el fin de aquellos sectores que no puedan hacer frente a la competencia. Si además la ventaja productiva de un país es significativamente mayor a la de otro (como ocurrió con el sector agrícola mexicano tras el TLCAN, donde la agroindustria estadounidense, altamente mecanizada, desplazó a millones de pequeños productores mexicanos), el efecto puede ser un shock económico desestabilizante que atente contra el bienestar ciudadano. Esto no invalida la urgencia de integrarse, pero recuerda que el libre comercio a ciegas no es suficiente. Para que la integración sea sostenible y beneficie a la mayoría, debe ir acompañada de medidas que mitiguen sus efectos adversos: la supresión paulatina de las barreras comerciales para dar tiempo a adaptarse, la transferencia de fondos para financiar el desarrollo de los países más rezagados y el establecimiento de políticas de protección comunes en sectores estratégicos como el agrícola son algunos ejemplos. Solo combinando estas medidas con la apertura comercial interna se conseguirá fomentar la productividad y proteger el bolsillo de las familias sin dejar a sectores o regiones enteras atrás.
LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS Y TALENTO
Volvamos por un momento a esa juventud que repite «sáquenme de Latinoamérica» porque no consigue empleo en su país o su formación no es valorada. Como ya vimos, la integración económica no tiene por qué limitarse al movimiento de bienes. En etapas más avanzadas consistiría en que las personas puedan moverse con la misma libertad. Más allá de facilitar el turismo y cruces de frontera, hablamos del derecho real a residir y trabajar en cualquier país miembro y de mecanismos que permitan el ágil reconocimiento de títulos.
En el fondo, la lógica económica es similar a la del comercio de bienes: permitir que el talento fluya hacia donde es más productivo y mejor remunerado. Pensemos en una empresa en Bogotá o Monterrey que necesita expandirse, pero no logra cubrir sus vacantes locales para analistas de datos
o programadores. Con un mercado laboral integrado, podría contratar directamente a profesionales de Tegucigalpa o Lima sin lidiar con visados de trabajo, cuotas de extranjería ni costos legales. La empresa crece y un puesto que pudo acabar en manos de un expat pasa a ser ocupado por talento regional. Del mismo modo, una joven recién graduada que enfrenta un mercado saturado en República Dominicana, en lugar de verse empujada al subempleo o a emigrar fuera de la región, podría postularse directamente a una vacante en Santiago de Chile donde su perfil sí tiene demanda. El trabajador multiplica sus opciones, mejora su salario y la economía receptora recibe capital humano cualificado.
Pero abrir el mercado laboral no está exento de riesgos ni de asimetrías. En una región marcada por una alta informalidad y fuertes brechas salariales entre países, la libre circulación sin cortafuegos puede despertar temores legítimos: desde fugas de cerebros que vacíen de profesionales a los países más rezagados, hasta recelos en los países receptores por una posible presión a la baja sobre los salarios menos cualificados o la sobrecarga de sus servicios públicos. Sin embargo, Latinoamérica no parte de cero. Iniciativas como el Acuerdo sobre Residencia del Mercosur y Estados Asociados ya han demostrado que es posible facilitar la movilidad legal en la región sin generar un colapso. El verdadero reto pendiente es pasar de la mera regularización migratoria a una integración laboral ordenada: acompañar el derecho a mudarse con procesos ágiles de convalidación de títulos, portabilidad de pensiones entre países para fomentar la formalidad, y fondos de cohesión que inviertan en la educación e infraestructura de los países emisores de talento.
CRÍTICAS Y RETOS
Integración, sí, pero ¿cómo lo hacemos si todos producimos más o menos lo mismo? Una crítica habitual nace de aquí: las economías latinoamericanas exportan productos similares que apenas se complementan entre sí. Basta un vistazo al Atlas of Economic Complexity para comprobar que, en Sudamérica, alrededor de tres cuartos de las exportaciones son materias primas o derivados simples. Por ejemplo, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay rivalizan por colocar soja y carne en los mismos mercados. Bajo esta lógica, se suele argumentar que la falta de complementariedad limitaría los beneficios de integrarse e incluso podría derivar en una competencia interna nociva. Siendo así, aunque hoy mismo se eliminasen todas las barreras al comercio, difícilmente veríamos surgir nuevas cadenas de suministro regionales. No obstante, esta crítica presupone que la complementariedad no puede ser el resultado de la integración. Una integración bien pensada no se limitaría a facilitar el intercambio de lo que ya se produce, sino que crearía incentivos para producir bienes de mayor valor agregado aprovechando las economías de escala. En este sentido, la integración no exige que las economías ya sean complementarias, sino que puede ser el motor para que lleguen a serlo.
Otro gran argumento en contra es el temor a “perder soberanía”. Es innegable que integrarse implica ceder ciertas competencias: como ya vimos, formar una unión aduanera supone renunciar a firmar tratados comerciales de forma unilateral. Pero esto no significa que la soberanía se pierda. En última instancia, los Estados conservan la capacidad de abandonar estos acuerdos, por costoso que sea, y mientras están dentro, ellos no dejan de decidir sobre su política comercial, simplemente esta se vuelve una decisión conjunta y negociada, donde un buen diseño institucional garantiza la voz y el voto de cada miembro. Más que perderse, la soberanía se transforma y se comparte. De hecho, cabría preguntarse cuánta soberanía real tiene hoy un país latinoamericano mediano o pequeño negociando en solitario frente a superpotencias o grandes multinacionales. Al actuar en bloque, los Estados renuncian a tomar ciertas decisiones unilateralmente a cambio de ganar un poder de negociación y una capacidad disuasoria frente a amenazas externas que no tendrían por separado.
Aun así, incluso resolviendo estos asuntos, el desafío más grande sigue siendo político: la incapacidad de establecer acuerdos profundos y sostenerlos en el tiempo. La historia de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), creada en 1960, y de su sucesora, la ALADI, es el mejor reflejo de este reto. Aunque ambas sirvieron de paraguas para acuerdos parciales y bilaterales en la región, tras más de seis décadas ninguna logró su objetivo fundacional de consolidar una verdadera zona de libre comercio regional. Tras este estancamiento yacen múltiples razones: la divergencia de objetivos tanto entre los Estados latinoamericanos como entre sus élites políticas y económicas, junto con la falta de una visión a largo plazo fundamentada en el beneficio común. A esto se aúnan los dispares niveles de industrialización: los países más industrializados ven una oportunidad de acceder a nuevos mercados, mientras el resto teme que sus incipientes industrias sean asfixiadas. Romper esta inercia exige voluntad política para pactar compromisos a largo plazo que promuevan la convergencia entre las economías latinoamericanas y atiendan las necesidades y miedos de las naciones rezagadas.
A esta falta de voluntad se suma un vicio más reciente: la ideologización partidista de los organismos regionales. En lo que llevamos de siglo XXI, han sido diversas las cumbres y siglas integracionistas, pero casi todas han nacido atadas a la afinidad ideológica de los gobiernos de turno, funcionando más como clubes presidenciales que como verdaderas instituciones capaces de impulsar un proceso de integración. La Unasur, nacida de la marea rosa, cayó víctima del giro a la derecha de la región y de las nuevas diferencias políticas entre sus miembros hasta el punto de volverse irrelevante. Su respuesta, el Prosur, fue fundado en 2019 en sincronía con la ola conservadora, corrió la misma suerte, cayendo en la irrelevancia pocos años después con el retorno de gobiernos de izquierda. En Latinoamérica no han faltado iniciativas ni discursos integracionistas; lo que le falta es una plataforma con consenso de Estado y visión a largo plazo que trabaje por la integración, gobierne quien gobierne.
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Está claro que Latinoamérica enfrenta un panorama complejo, con retos conocidos como la pobreza, el subdesarrollo y las desigualdades, y otros nuevos, como un tablero geopolítico más volátil y proclive a shocks. Pero también tiene oportunidades: su población es grande y sigue siendo relativamente joven, posee recursos naturales estratégicos y cuenta con una afinidad cultural y lingüística única en el mundo, que allana el camino para comerciar, trabajar y entenderse. Su futuro dependerá de su capacidad para aprovechar estas oportunidades y hacer frente a sus retos más apremiantes.
Para ello, es necesario avanzar en la integración regional. Sin ser la panacea para todos sus problemas, hacerlo potenciará y amplificará los esfuerzos para desarrollar la región y combatir la pobreza. No hay que confundirse. La integración no consiste solo en instituciones y discursos grandilocuentes; debidamente ejecutada, su meta es mejorar la calidad de vida de la gente. Esto se lograría a través de la creación de un mercado más grande y dinámico que facilite la producción de bienes de mayor valor agregado, el aprovechamiento del talento joven mediante la movilidad intrarregional y la consolidación de un bloque capaz de sentarse como par ante potencias que hoy imponen condiciones.
Este futuro es posible, y la juventud latinoamericana, que hoy se desahoga diciendo “sáquenme de Latinoamérica”, necesita más que nunca razones para creer en él y herramientas para construirlo.
* Egresado del Colegio San Ignacio de Caracas. Lic. Relaciones Internacionales, Universidad Carlos III, Madrid.
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