Por Henry Escalona
En estos momentos posteriores al 3 de enero de 2026, se habla de reinstitucionalización en Venezuela. Tras casi cuarenta años de oportunidades perdidas -desde el descabezamiento de Pérez en 1993- una dirigencia terminó instaurando una kakistocracia. Un gobierno de mediocres que llevó a la República a una degeneración institucional sin precedentes históricos. El país, sin liderazgos coherentes, quedó en manos de los menos capaces de gobernar y que fueron elegidos por los menos capaces de producir.
Algunos medios, columnistas y caricaturistas de la primera década del Siglo XXI venezolano llegaron a llamar “brutocracia” al gobierno de esa época. El objetivo: destacar el desplazamiento de los sectores técnicos y profesionales por funcionarios sin preparación ni credenciales, donde la ignorancia o la lealtad ciega se imponen sobre la capacidad.
Con esa “brutocracia” se desplazó a la meritocracia, sustituyendo en todas las empresas públicas a profesionales con posgrados y trayectoria, por personas sin educación formal o militares sin experiencia en gestión pública. Así, el terminacho que nació de la sátira política, se convirtió en una realidad agobiante hasta la fecha.
Este tema de la reinstitucionalización del país fue de capital importancia entre los que se discutieron en la 82.ª Asamblea Anual de Fedecámaras, celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2026 en Caracas, en la que se acordó, entre otros temas, la institucionalidad compartida y un consenso entre el Estado y el sector privado.
Estabilizar la economía, sobre todo en las inversiones y procesos que traerán inversión extranjera en las áreas de hidrocarburos, minería y servicios, genera una gran inquietud sobre si los actuales venezolanos estamos en capacidad de gerenciar ese proceso o ¿deberíamos dejar también esa actividad en manos extranjeras.
Lo conveniente seria conocer si esas riquezas nacionales serán, administradas como una actividad comercial entre socios históricos, o como el botín de guerra comentado por el bufonesco presidente gringo, tan dado a opinar festinadamente.
Cuando pienso en ello, viene a mi mente un viejo dicho que creo haber escuchado en algún aula española: “cual el Rey, Tal la grey”, proverbio de origen latino derivado de la expresión «Qualis rex, talis grex».
Así, Platón, en su obra La República, argumentaba que los cambios culturales y morales de una sociedad siempre comienzan en sus líderes. Cicerón más tarde citaría esta idea comentando que «cuáles son los príncipes en la república, tales suelen ser los demás ciudadanos». Tras percibir muchos ejemplos materiales de esta concepción teórica, el refranero popular adaptó la máxima latina para evidenciar cómo las costumbres del monarca terminaban transformando por completo la vida cotidiana de sus súbditos.
En Venezuela, a partir de 1999, el discurso oficial implementó una retórica de confrontación constante, dividiendo el espectro político de forma binaria (amigos contra enemigos, «patriotas» contra «escuálidos» o «traidores»). El uso de insultos, apodos y descalificaciones se normalizó desde las transmisiones obligatorias de radio y televisión. Esta conducta permeó las dinámicas familiares, laborales y vecinales. Las discusiones cotidianas adoptaron el mismo tono intolerante del debate político. Durante años, muchas familias sufrieron rupturas o altercados graves debido a que los ciudadanos replicaron la incapacidad de diálogo y el lenguaje violento que veían en sus líderes.
Así, los ejemplos de las dirigencias llevaron a la base de la pirámide poblacional a replicar ejemplos que, aunque chocantes, terminaron imponiéndose. Tal, como en la época de la Venezuela saudita, creamos ciudadanos que copiaron la mentalidad rentística del Estado, con lo que se debilitó el valor del esfuerzo productivo, el ahorro y el trabajo técnico formal, sustituyéndolos por la búsqueda de conexiones políticas, el empleo público fácil o la dependencia de bonos y subsidios estatales. Aprendimos a ver al Estado no como un garante de leyes, sino como un proveedor obligado de bienestar material directo.
Cuando los representantes del Estado, actúan con desapego a la norma escrita y a la institucionalidad, se normalizan el desacato a la ley y las conductas anómicas que viene caracterizando a nuestra sociedad. Esto dificulta aún más cualquier intento de recuperar grados aceptables de institucionalidad, mucho más allá de un pacto político entre elites nacionales y foráneas. Esta dificultad aumenta con los problemas de educación y escolaridad. Las nuevas generaciones se enfrentan al colapso educativo, porque el estado venezolano desarmó la herramienta más poderosa que tenía el país para rescatar el tejido moral y evitar que los ciudadanos siguieran copiando los peores vicios de sus líderes.
Para cambiar los paradigmas. se hace necesaria una transformación y sustitución inmediata de los lideres del fracaso y una nueva exigencia efectiva de libertades (de presos y opiniones), servicios, seguridad jurídica, capacitación laboral, mejoras educativas, justicia social eficaz y la aparición de un nuevo liderazgo que proyecte modelos positivos a un país que sigue cansado de esperar por un futuro que, pareciera que, con todo y aquel 3 de enero, no ha aprendido a acelerar su marcha.
* Abogado, Historiador
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