Por José Rodríguez Iturbe
La ocupación militar de Haití
Un estudioso del Caribe, Anthony P. Maingot, ha puesto de relieve la existencia de un sentimiento profundo de desesperación en muchos de los ensayos de haitianos que intentan la comprensión de Haití, destacando que ese sentimiento conduce a la elaboración de mitos. “El problema de Haití está —dice Maingot— en que el desafío al cual hay que responder no es a una crisis temporal, sino a un estado de cosas que viene desde muy atrás, desde hace varios siglos”. Y agrega: “dejando a un lado el peligro de un golpe de Estado militar o de una repetición de la política haitiana tradicional de la doublure (manipulación de un fantoche negro por la élite mulata) existe hoy el problema más grande que nunca de un proceso democrático pervertido”. Tales palabras, datadas en 1986, han resultado trágicamente vigentes después de casi medio siglo.
Haití luce con poca vertebración institucional. Por ello se hace recurrente la tendencia al caos y las dificultades crecientes para la gobernabilidad democrática. Se ha señalado con exactitud que “los datos estadísticos no llegan a describir la extensión y el impacto de la pobreza haitiana”.
Haití comenzó el siglo XX con una larga ocupación militar norteamericana. En el drama post independentista haitiano, desde la destitución, en 1843, de Jean-Pierre Boyer [1778-1850] (quien ocupó Santo Domingo por 22 años), hasta 1915, año de la ocupación estadounidense, impera el caos político y administrativo. En ese tiempo hubo 22 Presidentes; sólo 1 terminó su mandato. Entre 1908 y 1915 la situación fue particularmente caótica: hubo 7 Presidentes en 7 años. La “justificación” de la invasión vino dada por los sangrientos desordenes que siguieron al asesinato del dictador Vilbrum Guillaume Sam [1859-1915].
Vilbrum Guillaume Sam, era un noir del norte. Había llegado al poder apoyado por los cacos. Los cacos eran unos bandidos guerreros, de acción mercenaria: después de actuar, una vez que recibían del erario público el pago por sus desmanes, volvían a sus territorios. Una vez en el poder Vilbrum Guillaume Sam temiendo ser, a su vez, derrocado (tenía una fuerte oposición dirigida por un mulâtre, el Dr. Rosalvo Bobo [1874-1929], quien contaba, al parecer, con el respaldo del Ministro de Guerra de la República Dominicana) ordenó al Jefe de la Policía de Port-au-Prince, Gral. Charles-Oscar Étienne [?-1915], que detuviera a dos centenares de integrantes de la élite mulátre (entre ellos un ex-Presidente), impartiendo precisas indicaciones de proceder a su eliminación física si se intentaba una “revolución”.
La revolución estalló el 27 de julio de 1915. Tenía respaldo de la poderosa colonia de comerciantes alemanes, quienes esperaban resarcir sus inversiones mediante el respaldo de quien ocupara el poder. La importancia de los comerciantes alemanes no era grata a los Estados Unidos. En el inicio de las acciones, el Palacio Presidencial fue atacado y el Presidente se refugió en la Legación de Francia, vecina al Palacio. El Gral. Étienne procedió a matar a 160 de los rehenes (con lo que se violaba lo que, con cierto eufemismo, se llamaba “las honorables reglas y precedentes” de los golpes haitianos) y, derrocado el régimen, se asiló en la Legación de la República Dominicana.
La reacción de los mulatos fue terrible. Charles-Oscar Étienne, el mismo 27, fue sacado por la fuerza de la Legación Dominicana y asesinado a tiros y estacazos. Sus restos, que quedaron como irreconocible masa sanguinolienta, fueron, al día siguiente, rociados con aceite de comer y quemados. El 28 de julio el Presidente Vilbrum Guillaume Sam sufrió una suerte semejante. Una turba, encabezada por los parientes próximos de los rehenes asesinados, lo sustrajo de la Legación de Francia y lo ultimó a machetazos. Fue una sangrienta orgía de venganza. Su cadáver fue descuartizado: le cortaron las manos, los pies y la cabeza y le extrajeron las entrañas. Las manos, los pies y la cabeza, clavados en varas de hierro, fueron exhibidos en el Champ de Mars [Campo de Marte].
Ante la violación de la Legación de Francia (a la violación de la Legación de República Dominicana no se le dio importancia) y las terribles noticias de los hechos, los Estados Unidos intervinieron. El desembarco se produjo a 2 millas al oeste de Port-au-Prince. Fueron 340 soldados y marines del crucero armado Washington quienes avanzaron sobre la capital el 28 de julio. La toma de Port-au-Prince se produjo sin ninguna resistencia. Los únicos 2 heridos americanos lo fueron a consecuencia de “fuego amistoso” de soldados inexpertos. Comenzó entonces la ocupación de Haití por los Estados Unidos que duró 19 años.
El Contralmirante William B. Caperton [1855-1941] (tenía 60 años, oriundo de Tennesse) garantizó, después de la matanza, la salida de Haití de los Ministros (Encargados de las Legaciones) de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. La misma tarde del 28 recibió un telegrama del Departamento de Estado donde se le manifestaba el deseo del gobierno de Washington de que las personas e intereses norteamericanos fueran protegidos.
El desembarco en Haití tuvo, en los Estados Unidos, poca repercusión: la opinión seguía más ocupada de las incidencias de la I Guerra Mundial. El New York World, diario fundado por Joseph Pulitzer [1847-1911], sólo hizo del acontecimiento una breve reseña en p. 9.
Cuando se intentó restablecer el orden, el líder opositor Rosalvo Bolbo fue informado por Caperton (a través de su asistente francófono Cap. Edward Latimer Beach [1867-943]), que su persona no era vista como la más conveniente a los intereses norteamericanos: “Ud. no será candidato porque los Estados Unidos lo prohiben”. Así, el 12 de agosto de 1915 la Asamblea Nacional eligió al Presidente del Senado, Philippe Sudre Dartiguenave [1863-1926] (mulato, colaboracionista con la ocupación) como nuevo Presidente de Haití. La Asamblea procedió a la elección debidamente custodiada por marines con bayoneta calada.
En vista de la creciente hostilidad hacia los blancs (los americanos) y sus colaboradores (particularmente hacia el nuevo Presidente), el Almirante Caperton declaró, a comienzos de septiembre, la Ley marcial, prohibiendo toda la “falsa e incendiaria propaganda contra el Gobierno de los Estados Unidos o el Gobierno de Haití”.
El Departamento de Estado envió un borrador de Tratado Estados Unidos-Haití para ser presentado al Presidente Dartiguenave y ser ratificado “sin modificaciones”. El Presidente títere intentó tímidamente alguna resistencia y, luego, fue grotescamente obligado a firmar el texto preparado en Washington. En la práctica el “Tratado” convertía a Haití en un Protectorado norteamericano por un período de 10 años, prorrogables por otros 10.
El Secretario de Estado Robert Lansing [1864-1928] no tuvo rubor en decir por escrito al Presidente Woodrow Wilson [1856-1924] que sentía repulsa por un método de negociación con los marines dictando la política en Port-au-Prince. Wilson, el antiguo Profesor universitario de Ivy League (Princeton), el acérrimo partidario de la autodeterminación de las nacionalidades en Europa (en 1919), en acto de Realpolitik, escribió en el dorso del texto del Tratado presentado a su consideración: “This, I think, is necessary and has my approval” [Esto, pienso, es necesario y tiene mi aprobación].
A pesar de la Primera Guerra de los Cacos (septiembre-noviembre 1915) y de la Segunda Guerra de los Cacos (en 1919), Estados Unidos se apoderó del control de la Gendarmerie, de las aduanas y de los asuntos fiscales en Haití. La voluntad norteamericana fue la ley por casi dos décadas.
Eran los años de la aplicación sin afeites del Destino Manifiesto. Si ante la opinión pública interna e internacional se habló de intervención humanitaria, reservadamente, en los círculos políticos y militares, se presentó la intervención como necesaria para impedir el logro de objetivos geopolíticos del Kaiser alemán en Haití. La ocupación militar fue la más larga de la historia del Caribe: duró hasta 1934, con F. D. Roosevelt.
La ocupación militar de República Dominicana
En 1905, en medio del caos administrativo y la anarquía militar existente en República Dominicana, los Estados Unidos asumieron, sin mayor oposición interna, la administración de las aduanas. También procuraron ejercer influencia determinante en los asuntos político-militares.
En 1911 el asesinato del Presidente Ramón Cáceres [1866-1911] precipitó a la República Dominicana en la desestabilización política. La inestabilidad fue acompañada, de nuevo, por un gran caos social.
En octubre de 1914 el Presidente Woodrow Wilson exigió la realización de elecciones. Fueron elecciones supervisadas por la Armada americana y con la presencia in situ de marines. Así llegó a la Presidencia el caudillo local Juan Isidro Jiménes [1846-1919].
Washington consideró de pronto que Jiménes, no era de fiar: se le acusaba de sostener, desde la República Dominicana, a la insurgencia haitiana de los Cacos y de adoptar posturas pro alemanas. Los hilos de la influencia norteña se movieron con rapidez. En 1916 el Congreso dominicano inició un proceso contra Jiménes. El General Desiderio Arias [1872-1931], Ministro de Guerra, se declaró en rebelión. Tanto Arias como los principales líderes jimenistas eran pro-alemanes en cuanto anti-norteamericanos.
El gobierno americano, que deseaba un gobierno títere como en Haití, ofreció armas, municiones y efectivos militares a Jiménes para controlar la insurrección. El Presidente aceptó las armas y las municiones pero no la presencia militar norteamericana. Arias era visto, también, por los norteamericanos como pro-alemán. El Presidente Jiménes, ante la insistencia estadounidense de que aceptara marines para volver a la Presidencia, prefirió renunciar. Los marines ocuparon Santo Domingo el 16 de mayo. El Congreso dominicano eligió como sucesor de Jiménes a Francisco Henríquez y Carvajal [1859-1952] El Departamento de Estado informó, con absoluto desparpajo, que no sería reconocido si no colocaba, bajo la dirección de ciudadanos norteamericanos tanto las finanzas públicas como la organización militar. Como la presión abierta fue rechazada, los Estados Unidos discutieron sobre la conveniencia de retirarse de allí o profundizar la ocupación. Fueron consideraciones estratégicas, determinadas por la coyuntura de la I Guerra Mundial, las que decidieron el rumbo a seguir.
El Special Service Squadron de la US Navy, comandado por el Contralmirante William Coperton fue, así, clave tanto para la derrota de Arias como para sacar a Jiménes de la escena política. Se impuso la pax americana, consistente en la prolongación a República Dominicana del protectorado ya existente en Haití.
El 22 de noviembre el Departamento de Estado recomendó al Presidente Woodrow Wilson, como “la única solución a la dificultad”, formalizar y profundizar la intervención militar. Así, el 29 de noviembre de 1916 el Contralmirante Harry Shepard Knapp [1858-1928], nuevo Comandante del Special Service Sqadron de la US Navy en el Caribe, proclamó, siguiendo instrucciones del Presidente Wilson, la ocupación militar norteamericana de la República Dominicana. La misma se extendió hasta 1924.
En 1917, con Wilson como Presidente, Estados Unidos compró a Dinamarca las Islas Vírgenes. Desde entonces, Alemania y cualquier otro poder no aliado de los Estados Unidos quedó excluido de influencia real en la región.
En 1917-1918 el Capitán Charles F. Merkel representó el prototipo de los abusos de los Marines en República Dominicana. No sólo ordenaba y presenciaba las torturas, sino que él mismo torturaba a los opositores políticos a la ocupación. El clamor contra sus excesos fue tal que terminó por ser destituido y arrestado en octubre de 1918.
La Commonwealth y el Estatuto de Westminster
Superada la I Guerra Mundial, el renacimiento económico de Europa coincidió, con leves variantes, con el período que señala, en el paréntesis entre las dos Guerras, el apogeo de la seguridad colectiva. La recuperación operada entre 1926 y 1929 coincide con el período caracterizado diplomáticamente por el liderazgo de dos grandes estadistas, Aristide Briand [1862-1932] y Gustav Stresemann [1878-1929].
1926 fue un año importante para el Imperio Británico. La Conferencia Imperial, que se reunió entonces, adoptó por unanimidad una moción preparada por Lord Arthur James Balfour [1848-1930] y el Primer Ministro de Canadá, William Lyon MacKenzie King [1874-1950]. Dicha resolución reconocía la independencia de los Dominios; sustituía la palabra Imperio por la palabra Commonwealth; y definía a los miembros de la Conferencia como “agrupaciones de naciones autónomas, iguales en su estatuto, que no están subordinadas unas a otras por algún aspecto de sus asuntos internos o externos, sino unidos por una alianza común con la Corona y libremente asociados como miembros de la Commonwealth”.
En 1930, una nueva Conferencia Imperial decidió que los conflictos entre los miembros de la Commonwealth serían conocidos por el Comité Judicial del Consejo Privado del Rey (el Privy Council), presidido por el Lord Canciller e integrado exclusivamente por británicos. Los Dominios prefirieron esta fórmula a una Corte, en la cual cada uno de los miembros de la Commonwealth pudiera tener su representante. En esta conferencia se reconoció, además, el derecho de secesión para cualquiera de los Dominios. Tan notable evolución cristalizó legalmente en 1931, al ser votado en el Parlamento Británico el Estatuto de Westminster.
Sin ser una Constitución, el Estatuto variaba y precisaba las atribuciones de los parlamentos de los Dominios. Desde 1865 estaba vigente una ley según la cual los Parlamentos de los Dominios no podrían aprobar leyes en contradicción con las leyes votadas en Londres. Con el Estatuto de 1931, en cambio, podían anular, en lo que atañe a cada Dominio, las leyes aprobadas en Londres.
Los intentos Federales en el Caribe
Los intentos federales y el proceso de integración en el Caribe angloparlante generaron una dinámica socioeconómica y política del Caribe por el Caribe. No ha sido un proceso lineal y ascendente. Ha habido avances y retrocesos, éxitos y fracasos. El complejo camino de las autonomías y de las independencias convivió y convive con remanentes coloniales. A su vez, la búsqueda de la consolidación de las tradiciones e instituciones británicas del Westminster model ha ido pareja a la angustiosa aspiración de una identidad caribeña.
A lo largo de la II Guerra Mundial (1939-1945) el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos concertaron políticas respecto al Caribe. Buscaron, así, no sólo defender, sino fortalecer sus intereses en el área. Al hacerlo robustecieron, también, la dinámica autonómica.
Tan pronto como en 1940 el Reino Unido estableció el Colonial Development and Welfare Fund [Fondo Colonial de Desarrollo y Asistencia]. Las colonias británicas en el Caribe recibieron ayuda directa de ese Fondo.
Dos años después, en 1942, el Reino Unido y los Estados Unidos crearon para las Antillas la llamada Comisión Anglo-Americana. Dicha Comisión estaba destinada a promover la cooperación regional y atender a la seguridad y defensa de las colonias insulares del Caribe.
Finalizada la II Guerra Mundial, nació, en 1948, la West Indies University (W.I.U.), con campus en varias de las islas (Trinidad, Jamaica, Barbados).
Diez años después, en 1958, se constituyó la Federación de las Islas Occidentales, que duró solamente hasta 1962.
En 1959 la Comisión Anglo-Americana de 1942 se transformó en Comisión del Caribe, con la incorporación de Francia y del Reino de los Países Bajos. Esta Comisión se transformó en Organización del Caribe. Buscó ser instrumento de concertación de políticas sobre el área antillana entre el Reino Unido, Francia, Holanda y los Estados Unidos. Tuvo un cierto dinamismo mientras existió la Federación de las Indias Occidentales. Después de 1962 poseyó una vida lánguida. Sus últimos vestigios fueron liquidados en 1965.
Dentro de la reciente historia política del Caribe angloparlante, 1965 (el año de la invasión norteamericana a la República Dominicana en ejecución de la Non Second Cuba Policy) fue un año importante. Para 1965, en efecto, Eric Williams [1911-1981] tenía un proyecto de integración caribeña (que luego reformularía en términos distintos) que trascendía el ámbito del Caribe angloparlante y abarcaba también el franco parlante y el hispano parlante. Vale decir, incluía el Caribe latino. Ese mismo año estuvo a punto de nacer la Federación del Caribe Oriental. Y en 1965, en fin, nace CARIFTA (Caribbean Free Trade Association), mediante el Tratado de Dickenson Bay (Antigua), suscrito por tres Jefes de Gobierno: Vere Bird [1910-1999], de Antigua; Errol Barrow [1920-1987], de Barbados; y Forbes Burnham [1923-1985], de Guyana.
Tres años después, en 1968, mediante el Tratado de St. John, se sumaron a la Asociación de Libre Comercio ocho nuevos miembros: Trinidad-Tobago, Dominica, Granada, San Cristóbal- Anguila, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Jamaica y Monserrat. Ese mismo año nació el Eastern Caribbean Common Market (ECCM), integrado por Dominica, Granada, Monserrat y Santa Lucía.
En 1970 se fundó el Caribbean Development Bank (CDB). En 1971 Belice adhirió a CARIFTA. En 1973 se constituyó el substituto de CARIFTA: en efecto, apareció, mediante el Tratado de Chaguaramas (Trinidad), el Caribbean Common Market and Community (CARICOM).
De la visión reductiva al Caribe como Cuenca
Eric Williams, Primer Ministro de Trinidad-Tobago, formuló a mediados de los 60 un proyecto integracionista que incluía tanto el Caribe angloparlante como el Caribe latino. Estaba cerca en el tiempo la desintegración de la Federación de las Indias Occidentales. Ésta solo duró de 1958 a 1962, cuando diversos factores (sobre todo la pugna de liderazgos entre las cabezas políticas de Jamaica y Trinidad) hicieron inviable un proyecto que hubiera, posiblemente, aportado estabilidad social, económica y política a una extensa zona de la subregión. Si la Federación hubiera tenido continuidad, la finalización de la presencia colonial en el Caribe hubiera sido una realidad a mediano plazo. La vulnerabilidad político-militar de los micro Estados y la depresión económico-social de la mayoría de los Estados insulares ha generado cautela, cuando no rechazo, respecto a la alternativa de la independencia en las que aún son posesiones británicas, en las Antillas Neerlandesas y en los Departamentos Franceses de Ultramar (DOM) ubicados en el área. Frustrada la Federación, Williams planteó, pues, un marco de integración más amplio y realista que iba más allá del Caribe que había sido posesión británica. Si la Federación era imposible, la única viabilidad histórico-política de sus iniciales integrantes era la interdependencia creciente —sobre todo en el orden económico— con los demás Estados, insulares y continentales, integrantes de la Cuenca del Caribe.
Diez años después, a mediados de los 70, modificó ese planteamiento para encerrarse en una visión reduccionista del Caribe que sostendría, con empeño digno de mejor causa, hasta su muerte. La segunda visión de Williams reducía el Caribe a los países que contaban con una historia similar de esclavitud negra y contratos de servidumbre de grupos provenientes de la India; con una economía basada en plantaciones agrícolas, orientadas a la producción y al comercio del azúcar. Era, pues, una concepción del Caribe a la medida de sus necesidades inmediatas de índole política —necesidades domésticas, en Trinidad; necesidades en relación a su peso en el seno del Caribe anglo—; era un Caribe pret-à-porter. Así, caracterizaba como caribeñas sólo a las sociedades poseedoras de dos notas distintivas: multirraciales en el orden social (con tácito predominio de la etnia negra en el campo político) y motocultivadores dependientes de las exportaciones en el orden económico. Esa, a fin de cuentas, fue una concepción instrumentalizada e instrumentalizadora del Caribe.
La segunda visión caribeña de Williams logró imponerse en el campo cultural-político por dos décadas. ¿Cómo pudo lograr esa visión reduccionista del Caribe tal continuidad en el tiempo y una acrítica vigencia en el orden académico y en el marco de las relaciones internacionales? A mi entender, por influencia de las antiguas potencias coloniales y de los Estados Unidos. En parte, por la inercia histórica de la aversión a lo hispánico en particular y a lo latino en general; en parte, por los razonamientos inspirados en la lógica de la Guerra Fría después del cambio de la situación en Cuba a partir de 1959-60; la entente de las potencias coloniales (Reino Unido y Países Bajos) y los Estados Unidos lograron el respaldo en los organismos internacionales para la visión reductiva del Caribe como realidad no latina. Así, la concepción de Williams fue acogida en el seno de la ONU en 1975, sustituyéndolo el todo por la parte. La Comunidad Económica Europea (CEE) también la adoptó y le confirió rango operativo con la formación del Grupo de Países ACP (Africans, Caribbeans and Pacific Countries), que ha gozado desde su constitución de un trato favorable según los Acuerdos de Lomé.
La vigencia histórico-política de la visión reduccionista de Williams puede (teóricamente) considerarse cancelada desde 1992. La Cumbre Extraordinaria del CARICOM reunida en Puerto España (Trinidad) del 28 al 30 de octubre de ese año acordó dar pasos hacia el establecimiento de una Asociación de Estados del Caribe (AEC). Se buscaba dar una respuesta pragmática a los retos que suponía para los países del CARICOM la nueva realidad de la Unión Europea después de 1992. Así, la Cumbre se planteó, como propósito explícito, avanzar en la integración económica y en la cooperación funcional con los demás países de la Cuenca del Caribe.
Esa Cumbre del CARICOM hizo —por necesidades pragmáticas— el esfuerzo de rectificación que suponía volver a ver la parte dentro del todo. La promoción acordada de la AEC suponía la adopción del enfoque del Caribe como Cuenca, para las negociaciones internacionales de índole política y los tremas vinculados al desarrollo socioeconómico.
Si bien para los Jefes de estado y de Gobierno participantes en la Cumbre Extraordinaria del 92 el CARICOM seguía siendo el núcleo de la integración del Caribe angloparlante y el instrumento adecuado para estrechar los vínculos con el resto del área, se trataba ya de una visión del Caribe como Cuenca elargie, sin parentesco real con el reduccionismo de Williams. En el impulso inicial de la AEC todos los Estados soberanos de una Cuenca ampliada a Suriname y Guyana podían ser miembros de pleno derecho; mientras que los territorios que no gozaban de independencia política sólo podían ser miembros asociados.
La incertidumbre en el inicio del s. XXI
Se ha puesto énfasis en los hechos, hasta la primera mitad del s. XX, que determinaron la hegemonía de los Estados Unidos en la configuración de las fronteras imperiales en el Caribe, en el Mar de las Antillas. Excede al propósito de estas páginas la referencia, en detalle, de la presencia norteamericana en Panamá y Nicaragua, a comienzos del siglo pasado; o de la presencia británica en Belice. Requerirían, también una atención especial y prolongada procesos como el de Cuba (de Estrada Palma a Fidel Castro, y el ya más de medio siglo de terror impuesto por el leninismo tropical) o Puerto Rico (la historia del Estado Libre Asociado). Realidades como la de Haití (la inestabilidad, François Duvalier [1907-1971] -Papa Doc-, Jean-Claude Duvalier [1951-2014] -Baby Doc-, la transición y el caos que culmina en Jean-Bertrand Aristide [1953], la invasión -Cascos Azules de la ONU-, Aristide de nuevo….-, ciclones, terremoto, asesinatos, pandillas…y el drama continúa-) reclamarían, a su vez, un largo análisis que aquí no es posible.
La invasión de Estados Unidos con apoyo de la OEA a República Dominicana en 1965 y sus consecuencias posteriores hasta el final de la llamada Era Balaguer, en este inicio del s. XXI, desbordan, como es lógico, en su consideración adecuada, el marco de este trabajo.
Lo mismo podría decirse de la invasión americana a Granada, en 1983, (solicitada por Dominica y respaldada por algunos países del CARICOM) luego del asesinato de Maurice Bishop [1944-1983] y la instauración del terror por el ala radical leninista del Movimiento de la Nueva Joya. O del proceso de violencia social y política que arropó la política de Jamaica en las décadas finales del s. XX. O de la enmarañada situación de Suriname, después de 1980, mientras Desi Bouterse [1945] (y el gangsterismo que él representa) conserve vigencia política. O de la difícil viabilidad de los micro-Estados insulares del Caribe Oriental. O de los resultados (no muy llamativos) de la llamada Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), impulsada desde la Administración Reagan en los Estados Unidos. O de la búsqueda de bases operativas en el Caribe por parte de las redes internacionales del delito (drogas, lavado de dinero, tráfico de armas, etc.).
Vaya, por tanto, a modo de conclusión sólo alguna referencia general, indicando que la hegemonía americana, como se dijo al inicio, luce ampliamente consolidada (a pesar de Cuba), tanto en lo político y económico, como en lo cultural y militar. Negarlo sería pretender tapar el sol con un dedo. Se trata, por tanto, para los países de la subregión, de aprender a convivir con el gigante; de procurar, pragmáticamente, sacar provecho de una realidad que, más allá de que guste o no, no depende de nosotros.
El terrorismo del 11S de 2001 señaló un cambio global a comienzos del siglo XXI. Un cambio como el que supusieron (para mal) el comunismo soviético y el nazismo alemán a poco de iniciado el siglo XX. Como escribió Pete Du Pont [1935], cuando los bárbaros están a la puerta no se puede volver atrás. Es necesario un esfuerzo, decidido y masivo, para impedir que ataques como el del 11S generen una dinámica diabólica orientada a la destrucción de la civilización. Los americanos ya sabían por experiencia que la guerra abierta es una sucia y extenuante batalla; pero después del 11S tienen que aprender que repeler a los bárbaros es una ineludible pero desagradable tarea.
En un artículo, publicado a inicios de 2001 en Foreign Affairs, Peter Hakim [1942] destacaba la importancia de la relación de los Estados Unidos con América Latina según la óptica del entonces Presidente George Walker Bush [1946]. Entre los factores que contribuían, según él, a mejorar los vínculos señalaba, además del fin de la Guerra Fría, el viraje casi total hacia la democracia política y la economía de mercado en América latina y las iniciativas políticas constructivas de los Estados Unidos (mencionaba, a modo de ejemplo, los planes de reducción de la deuda externa de algunos países, el TLC, la ayuda norteamericana para el rescate fiscal en las crisis de México y Brasil). El panorama actual, como es evidente, no guarda mayor relación con tal visión no muy lejana.
Hakim destacaba, sin embargo, que en algunos países (Ecuador, Haití, Nicaragua, Guatemala y Paraguay) existían problemas evidentes para el proceso democrático; y que en Venezuela la concentración del poder en manos de Hugo Chávez [1954-2013] era vista como un riesgo para la democracia representativa. Si en Ecuador (Noboa) y en Guatemala (Arévalo) y Paraguay (Peña) la situación es diferente, en Venezuela (Madfuro-Cabello) y Nicaragua (Ortega-Murillo) la situación ha empeorado, tanto en su dimensión interna como en su repercusión internacional.
El plan continental para implementar reformas sociales y económicas es conocido como el Consenso de Washington. El mismo se vio reforzado por la llamada Carta Democrática de la OEA que obliga a los países integrantes de la Organización Hemisférica al desarrollo de sus procesos internos dentro del marco de la institucionalidad democrática. Aunque Venezuela había inicialmente anunciado reservas, la Carta Democrática de la OEA fue aprobada el 2001 en Lima por unanimidad. La llamada Zona de Libre Comercio de las Américas (ALCA; llamada en inglés FTAA, Free Trade Area of the Americas) estaba prevista para el 2005, luego de la ratificación de la fecha en la Cumbre Hemisférica de Québec, en el 2001. Luego de la Cumbre Hemisférica de Mar del Plata, Argentina, el destino del ALCA es incierto. A pesar de la voluntad expresa de la gran mayoría de los Jefes de Estado, la oposición de Venezuela, Argentina, Uruguay y la postura ambigua de Brasil, impidió el acuerdo en un tipo de evento donde se exigen las decisiones por consenso La ronda final de conversaciones relativas al ALCA se estimaba que finalizaría en el 2003, previéndose dificultades en el acuerdo Estados Unidos-Brasil. No ha sido así. A fines del 2005 el ALCA parecía detenido, mientras avanzaban algunos procesos bilaterales que pretendían extender el Tratado de Libre Comercio (TLC) de manera puntual, más que un acuerdo suscrito colectivamente. Así, lo países de América Central suscribieron con Estados Unidos el TLC; Perú firmó con los Estados Unidos su adhesión al TLC, mientras Colombia y Ecuador (que habían acordado inicialmente negociar y firmar junto con Perú), se han encontrado con la decisión unilateral del gobierno de Lima, debiendo proseguir sus negociaciones, detenidas por temas muy sensibles para las economías de los países latinoamericanos. El 2005 Chávez ratificó su rechazo absoluto al ALCA y aparece promoviendo junto con la Cuba de Castro un proyecto “latinoamericano y bolivariano”, el llamado ALBA. Colombia logró culminar sus negociaciones bilaterales (iniciadas en 2004) con los Estados Unidos respecto al TLC en 2012.
Ciertamente resulta improbable la consolidación de la democracia en países de agobiante pobreza y de niveles críticos de proceso educativo: el ejemplo de Haití es dramático. Pero la democracia no puede ser un lujo de países ricos. Para el logro del armónico desarrollo económico la transición democrática es una necesidad. Más allá de maximalismos democratizadores, o de no siempre posibles (en todo su complejo esplendor) torneos Montesquieu, las transformaciones democráticas básicas son un requisito para una existencia cónsona con la humana dignidad.
*Estadista venezolano.
Editado por los Papeles del CREM a cargo de Raúl Ochoa Cuenca.
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