Por Eduardo Martínez
Desde el 1º de abril, cuando empezaron las protestas, el régimen ha ido perdiendo terreno con cada acción de la oposición; y en consecuencia, la popularidad de Nicolás Maduro ha caído a niveles nunca antes vistos.
Según las encuestadoras, incluyendo las que contrata el gobierno, más de 8 de cada 10 venezolanos rechazan a Maduro como presidente.
Eso implica que una parte importante del chavismo también lo rechaza. Lo que se confirma con la deserción creciente de ex colaboradores del fallecido ex presidente Hugo Chávez.
Otro ingrediente indiscutible del desmoronamiento de Maduro y el régimen, es la poca afluencia de partidarios “rojos-rojitos”, a las concentraciones que programa el PSUV. Ni siquiera asisten los empleados públicos, a pesar de las amenazas.
Frente a estas raquíticas demostraciones del partido de gobierno resaltan las multitudinarias protestas opositoras en todos los estados del país.
Por ello no es de extrañar la ola de represión brutal y desproporcionada que despliega el régimen. De esta manera, el régimen estaría intentando compensar la falta de apoyo en las calles, y la gradual pérdida de terreno político.
Sin embargo, el mariscal de campo que motoriza la gesta opositora se centra en dos factores que el gobierno no logra combatir: la crisis económica y los jóvenes.
El modelo económico implantado por el régimen, con sus dos componentes de carestía y escasez, es principal ingrediente explosivo que dinamitó los puentes de la popularidad presidencial. Y los jóvenes, los que sus protestas han llevado el descontento a las calles. Son el futuro del país y sienten que con este esquema bolivariano no tienen futuro.
Se suma a este deterioro personal, una matriz de opinión adversa en el terreno internacional. Las fuerzas del poder político en el mundo industrializado, EEUU, Japón y la Unión Europea, así como los países americanos y hasta del Caribe, han manifestado su preocupación por el estado de la crisis venezolanos y, sobre todo, por la violación de los derechos humanos.
Países como Rusia y China, más pendientes de lo que Venezuela les adeuda, han comenzado a dar a conocer posiciones más principistas que de apoyo incondicional, como si estuvieran esperando un “guiño” de la oposición.
No es para menos. China y Rusia son los principales acreedores de la recrecida deuda venezolana. Al punto que serán los dólares los que manden. Por lo que ambos países tendrán mucha delicadeza a la hora de calificar a la oposición venezolana.
Como consecuencia de esta matriz adversa, que el régimen alimenta todos los días con sus violaciones a los derechos humanos, los organismos multilaterales como la OEA, la ONU, la UE, y los brazos financieros como el BID y el Banco Mundial, han puesto sus lupas con grandes aprensiones sobre Venezuela y su gobierno.
Ante todo este cuadro, Nicolás Maduro se ha lanzado por la vía de convocar una constituyente. Piensa que con un cambio de la reglas de juego, así sea “fraudulenta” como la califica la oposición, logrará “exterminar” los focos de rechazo.
La Constituyente es una apuesta de todo o nada. Al analizarla encontramos que ignora los orígenes del malestar popular.
En este sentido advierte de una miopía gubernamental, sobre las angustias de los venezolanos. No resolverá los problemas más inmediatos de la población, como son la carestía, la escasez y la inseguridad. Por lo que trasluce que su objetivo sería meramente represivo: acabar con las protestas, eliminar la Asamblea Nacional y toda posibilidad de cambio hacia adelante de Venezuela.
NOTA: El dibujo tras alambrada fue tomado de una publicación turca con la leyenda: «Adaleti çi?nemek ve yasal ?iddet kullan?m? halen devletin tekelinde bir hak olarak görülmektedir». Cuya traducción al español es: «El uso masticar Justicia y violencia legal sigue siendo visto como un derecho de monopolio estatal».
Junio 12, 2017.
