www.economiavenezolana.com

Entradas con la etiqueta ‘detenciones’

Por Adriana Núñez Rabascall

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, culminó hoy una visita de dos días a Caracas, en la que se reunió con el presidente Nicolás Maduro, representantes de los poderes ciudadano, legislativo y judicial, además de delegados de 125 organizaciones no gubernamentales, voceros de la opositora Plataforma Unitaria y activistas por los derechos humanos. Leer el resto de esta entrada »

El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, encargado del caso de Venezuela.

Por Carolina Alcalde

Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela no cesaron en 2022.

Las condiciones de reclusión de personas privadas libertad por motivos políticos siguen siendo “negativas”, no se les brinda atención médica adecuada, persiste el “desconocimiento” a órdenes judiciales y se mantienen las torturas y los tratos crueles, coinciden los defensores de derechos fundamentales.

Pero las violaciones, aseguran los activistas, son más profundas e involucran derechos, civiles, políticos y económicos y, con el paso del tiempo, el temor a represalias por informar sobre la situación ha incrementado la censura y la autocensura, ocasionando que la opacidad se haya vuelto “costumbre”, como han expuesto miembros del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) y Espacio Público, organizaciones que investigan y promueven el derecho a la libertad de información.

A diferencia de años como 2014 y 2017, cuando ocurrieron grandes protestas antigubernamentales y se registraron detenciones masivas, al no presentarse grandes protestas políticas, 2022 se caracterizó por detenciones “selectivas”, dirigidas a “mantener” el número promedio de presos por motivos políticos a lo largo del año, explica Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, Organización No Gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria.

Este año se incrementó un “esquema” de persecución contra dirigentes sindicales, uno de los sectores que ha “reactivado” las manifestaciones pacíficas para exigir mejoras de condiciones salariales y laborales, añade Kelvi Zambrano, abogado constitucionalista y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos.

“La realidad cambió en la forma en la que se ejecutaba la persecución y la privativa de libertad, pero se incrementaron las violaciones a los derechos humanos”, dijo a la Voz de América.

Himiob recuerda algunos casos emblemáticos como el del teniente coronel Igbert Marín, acusado de, entre otros cargos, “traición a la patria” y quien desde el 2018 tiene una orden de tribunales para ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, pero se mantiene arbitrariamente privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

También Ermilendris Benítez, señalada de estar presuntamente implicada en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en 2018, y el defensor de DDHH, José Javier Tarazona, quienes presentan cuadros de salud complejos y no han recibido tratamiento médico adecuado.

Desde 2015, al menos 11 personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados que han manifestado preocupación ante la falta de atención médica “oportuna”, uno de los factores que han incidido en las muertes, a pesar de que el artículo 43 de la Constitución establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.

Actualmente en Venezuela la mayoría de los presos políticos son militares, lo que, para Himiob, envía un “mensaje claro”: se busca controlar a miembros de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y evitar focos de “disidencia, queja y protesta”.

Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la FAN, sostiene que en el país se han cometido “atrocidades” y precisa que ha ocurrido una “deformación” en el trato de “torturas hacia militares cometidos por militares rompe en dos la historia de tradiciones de la FAN”.

Muro de contención

Uno de los episodios que marcó 2022 en materia de derechos humanos en Venezuela fue la renovación, por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM), desconocida por el Estado venezolano, que le acusa de presentar “acusaciones falsas y sin fundamento”.

En su más reciente informe, la FFM, creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, concluyó que individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron “crímenes de lesa humanidad” y señala al presidente Nicolás Maduro de encabezar planes de represión contra la disidencia.

Además, Venezuela no obtuvo la reelección como país miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025, durante una votación directa y secreta de los 193 Estados Miembros de la Asamblea General, celebrada en octubre, hecho que para especialistas como Marianna Romero, miembro del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), demuestra que la comunidad internacional está consciente de las violaciones de los derechos humanos en el país.

Para los activistas, la renovación del mandato es una “buena noticia” debido a que implica que, de alguna manera, se mantiene “la lupa” sobre la situación de los derechos humanos en el país y se convierte en un “muro de contención” aunque el Estado mantenga su posición “represiva”.

“Siempre contribuye de alguna manera a que por lo menos quede registro de todo lo que está pasando en nuestro país”, afirma Himiob.

A juicio de Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, una de las organizaciones activistas más antiguas de Venezuela, la FFM se ha convertido en el mecanismo “más contundente de verdad” sobre lo que ocurre en el país y califica como una “victoria amarga”, las ocasiones en las que la Misión divulga un documento.

“Ayuda a que la situación a lo interno no sea peor de lo que ahora es, como mecanismo de disuasión y de temor que tienen los funcionarios de verse reflejados en esos documentos”, señaló en un reciente evento sobre derechos humanos celebrado en España.

Avances en La Haya

En 2021 la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.

A finales de este año, la fiscalía de la CPI solicitó ante la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, en virtud del artículo 18 (2) del Estatuto de Roma, lo que fue rechazado por el gobierno de Maduro que había solicitado un aplazamiento de la investigación.

El Estado venezolano rechaza la decisión del fiscal y argumenta que “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado, presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a fines de determinar la verdad y esclarecer, de ser el caso, las responsabilidades penales competentes”.

Himiob explica que tanto la fiscalía como el Estado tienen hasta marzo de 2023 para sustentar sus “posiciones”, pero también se abrió la posibilidad para que las victimas presenten sus observaciones, alegatos y argumentos a través de la Sección para Participación y Reparación de las Víctimas (VPRS) de la CPI.

“Las víctimas ya se están organizando para hacer llegar estas observaciones que son necesarias para que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI tenga un panorama más claro. Esto es muy importante porque amplia el espectro de personas que pueden llevar las informaciones a la Sala, a los efectos de que tome sus decisiones”, expone Himiob.

Justamente esta semana, la VPRS de la CPI habilitó un formulario para recoger opiniones y preocupaciones de víctimas del procedimiento en el que los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares deciden si autorizan al fiscal Karim Khan retomar la investigación Venezuela I.

Himiob, uno de los 4 abogados acreditados ante el Tribunal Penal Internacional que expondrán las argumentaciones y testimonios de las víctimas, subraya que se trata de un “paso importante” para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el Estado no solamente confrontará la posición de la fiscalía, sino la posición de las víctimas.

Es un “proceso largo”, admite al subrayar que se trata de una carrera de “resistencia” y no de “velocidad”.

“Hay que tener mucha paciencia, pero en términos generales esta investigación está avanzando conforme a los parámetros regulares de la CPI”, dijo a la VOA.

Fuente: VOA

La censura y las amenazas figuraron como los principales tipos entre, al menos, 33 violaciones y 12 casos relacionados con libertad de expresión que ocurrieron en el mes de noviembre.

Un total de 15 medios de comunicación fueron víctimas de violaciones a la libertad de expresión en todo el mes, representando el 62 % de los casos que documentamos. Las otras víctimas fueron tres periodistas, dos particulares, un reportero gráfico y en tres casos fue afectada la ciudadanía en general.  Leer el resto de esta entrada »

Venezuela fue marcado el martes por el Departamento de Estado como un destino a donde se desaconseja viajar a los estadounidenses debido a que allí se producen “detenciones injustas”. Leer el resto de esta entrada »

Por Carolina Alcalde

Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entre ellas Provea y Alerta Venezuela, denuncian que las autoridades venezolanas “han iniciado una ola de detenciones selectivas” contra trabajadores, activistas sociales y dirigentes de oposición.

Durante los primeros días del mes de julio, siete defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos “arbitrariamente”, precisó Alerta Venezuela. Leer el resto de esta entrada »

Existe una notable relación entre las estigmatizaciones o discursos degradantes que se dan desde distintos medios afines al gobierno venezolanos y las detenciones por motivos políticos, sostiene un nuevo estudio de Amnistía Internacional (AI), realizado en conjunto con las ONG venezolanas Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Leer el resto de esta entrada »

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela registró 251 casos de ataques contra la prensa en el país durante 2021, revelaron en su más reciente informe de cierre del año.

Edgar Cárdenas, secretario general del CNP, afirmó en declaraciones a la Voz de América que esta es una situación que vive el país “desde hace mucho tiempo” pues considera que se trata de “una política de agresiones” para “silenciar la información”. Leer el resto de esta entrada »

Gricelda Sánchez, del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital

El gremio docente anunció que saldrá de nuevo a las calles este próximo 21 de octubre a las puertas del Ministerio de Educación en protesta por las pírricas condiciones laborales a la cual los somete la gestión de Nicolás Maduro.

Igualmente rechazan el primer mes de aguinaldos dado a este sector que apenas pasa del millón de bolívares. También destacaron que sigue y se intensifica la persecución a los educadores que se suman a las manifestaciones. Leer el resto de esta entrada »

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado el martes en donde denuncia que los ejecutivos de la compañía Citgo, conocidos como los 6 de Citgo, ya cumplieron 1.000 días de arresto sin que se les inicie un juicio.

Tomeu Vadell, José Luis Zambrano, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Pereira, fueron detenidos en 2017 por las autoridades de seguridad del gobierno en disputa de Venezuela bajo los cargos de malversación de fondos y asociación para delinquir.  Leer el resto de esta entrada »

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este lunes que “114 personas han sido detenidas y 92 se encuentran prófugos por la serie de hechos que han atentado contra la soberanía de Venezuela y con la firme intención de derrocar al presidente Nicolás Maduro, con el apoyo de los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos (EEUU)”. Leer el resto de esta entrada »

En la continuación de los operativos represivos del régimen, este fin de semana fueron detenidos los dirigentes socialcristianos Eduardo Vetancourt, secretario privado de pedro Pablo Aguilar; y Roberto Enríquez, presidente suspendido de Copei.

Leer el resto de esta entrada »

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) pidió a Argentina que se sume a la invocación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Venezuela para frenar las detenciones «arbitrarias» y las «violaciones» de derechos humanos en el país. Leer el resto de esta entrada »

Más de 3 mil personas fueron detenidas en los últimos tres meses como consecuencia de las protestas en Venezual, de las cúales 164 continúan presos.

Leer el resto de esta entrada »

El presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), José Khan, informó que a través del operativo Cadivi Seguridad, dirigido a la protección de las divisas, han detenido a 42 personas por diferentes ilícitos.

Leer el resto de esta entrada »

Los abogados defensores de Econoinvest Casa de Bolsa informaron a los medios de comunicación la consignación en el expediente que cursa en el Juzgado Quinto de Juicio de la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, el cual determinó que las detenciones de Herman Sifontes, Juan Carlos Carvallo, Ernesto Rangel y Miguel Osío, son arbitrarias, en virtud de que violan sus derechos humanos a la libertad personal y de circulación, a la igualdad ante la ley, a un recurso judicial efectivo, a la prohibición de ser detenido arbitrariamente, al debido proceso, incluido el derecho a ser juzgado en libertad y por un tribunal independiente, y al principio de legalidad y no retroactividad penal, consagrados en los artículos 3, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 2.3, 9, 10, 12, 14, 15 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por el Estado venezolano.

Leer el resto de esta entrada »

La agencia estatal española EFE divulgó un cable informativo sobre el aborto de una presunta venta de helicópteros a Irán y de material militar a Venezuela, donde se pretende señalar, de manera ambigua, que ambos países tienen vínculos sobre planes guerreristas. (Se incluye al final, texto de la nota de prensa de EFE) Leer el resto de esta entrada »