Por María Elena Cabrera Armas
El Fiscal Penal Internacional – Karim Khan- con sede en la Haya, llegó el domingo en la noche a Venezuela por dos días y se reunió con autoridades. Estuvo con el Presidente Maduro, con Jorge Rodríguez Presidente del Poder legislativo y el Fiscal General de la Nación.
Se constituyó una Oficina del organismo internacional con fines de asistencia al sistema de Justicia venezolano y aclaró que él, no tiene porqué caerle bien a nadie, porque su función consiste en acatar y hacer cumplir la ley. No se conocen los términos del acuerdo entre ambas partes que deben ser objeto de conocimiento por la sociedad.
El Fiscal Penal Internacional llega en un momento álgido para el País, porque hay muchos hechos ilegítimos desde el Consejo Nacional Electoral por la elección Presidencial del 28 de julio donde ha habido un incumplimiento al Acuerdo de Barbados.
Hay inhabilitaciones políticas, judicialización de partidos y mucha persecución y secuestro de dirigentes políticos sin cumplimiento a un procedimiento jurídico, nuevos desplazados hacia otras latitudes, tantos que el Instituto de Inmigración de Guatemala ha determinado que, en lo que va del año 2024 han pasado más de seis mil personas a pesar de hacer resistencia. Muertes por encargo en otros países de Venezolanos.
Lo triste es que se oye en todo el País de la gente llana que, si vuelve a ganar Maduro en estas elecciones, buscarán camino hacia otro país, porque en Venezuela no se puede vivir, no hay empleos productivos y competitivos y aunado, el que medio trabaja es con un salario no vital, ni siquiera es mínimo.
Un poquito de historia
Desde que se aprobó el Estatuto de Roma y se constituyó La Corte y la Fiscalía Penal Internacional sobre la base de la experiencia del Tribunal de Nuremberg, se nombró a Luis Moreno Ocampo de nacionalidad argentina con apoyo político para el cargo por el gobierno de Néstor Kirchner. Desde ese momento se presentó denuncias contra el gobierno de Chávez y Maduro. Desde esa Fiscalía Internación hubo declaraciones de faltas de méritos para abrir una investigación. Faltando poco para dejar la Fiscalía, desechó de un solo tirón y sin investigar nada, doce (12) causas de las que al respecto tenía en el despacho alegando la falta de base suficiente para la investigación y además aseguraba que en Venezuela no ha habido conflicto armado ni se ha producido un ataque sistemático y masivo contra la población civil.
En entrevista realizada por Patricia Janiot en CNN sobre la inactividad de la Fiscalía Penal Internacional, adujo que no se demostró que se hubieran ejecutado crímenes de Genocidio o Lesa humanidad a pesar de que la fablistana le mostró los vídeos que señalaba la represión y muerte de ciudadanos venezolanos.
El fiscal Ocando contestó que todos ésos hechos ocurridos en el 2016, 2017, 2018 y en fechas anteriores eran «simples peleas callejeras y que Los muertos no llegaban al nivel de considerar ninguno de los delitos de los que conoce la Corte, que había que escuchar las dos campanas»; es decir, ante cada denuncia se escuchara también a la Embajadora de Venezuela que en ese momento era Haifa Alaissame, hermana de Tarek Aleisame, preso en los actuales momentos por la Justicia Venezolana junto con 60 personas más acusados de la trama de corrupción de PDVSA por más de veintisiete mil millones de dólares en detrimento de las finanzas públicas y del pueblo de Venezuela que carece de buenos servicios públicos a causa del robo despiadado de las arcas de la Nación.
La señalada Haifa Alaissame fue Fiscal del Ministerio Público en Venezuela y tuvo a su cargo las acusaciones por los sucesos de 2002 contra la Policía Metropolitana, específicamente contra los policías Henry Vivas y Forrero y el caso Yumare. Es de mucha transparencia que ésos sucesos en Venezuela donde murió mucha gente de manera dantesca, en esa marcha de protesta contra el gobierno de Chávez, estaban puestos en las azoteas de edificios de importantes avenidas en el Centro de Caracas y en las cercanías del Palacio de Miraflores y el Palacio Blanco, unos sujetos con armas telescópicas para disparar de manera graciosa contra objetivos determinados. Lamentablemente las acusaciones recayeron sobre los policías, siendo que éstos estaban siendo atacados desde las azoteas junto a los reclamantes de la marcha.
El ex Fiscal Internacional Ocampo solicitó pruebas 1) de los hechos, 2) que esos hechos constituían delitos de Genocidio y de Lesa humanidad, 3) que no eran investigados y sancionados por la justicia nacional; o sea, actas certificadas con notarios y registradores de las órdenes de disparar a matar, también de los cadáveres, exhumaciones con muestras de ADN de los caídos en las protestas, o de los niños y viejos fallecidos por falta de medicamentos. Es decir, quiso certificaciones de que en el Tribunal Supremo de Justicia se negaron a abrir juicios.
Un Fiscal es acusador por excelencia. Es el representante de la sociedad que por su conducto busca poner en movimiento la Justicia, el Fiscal es un «prosecutor» o en Inglés «The director of public prosecutor» y los artículos 53 y 54 del Estatuto de Roma se le atribuye las funciones de investigar y establecer la verdad de los hechos, de manera que, no es como dijo el ex Fiscal que «, había que llevarle los tarros de sangre de las víctimas debidamente certificadas para abrir una investigación.
Ésta misma línea llevó la sucesora adjunta Sra. Fatou Bensouda originaria de Gambia país africano quien tampoco levantó un dedo por lo ocurrido en Venezuela y también recibió las interesantes visitas de la Embajadora de Maduro Sra Haifa Alaissame quien, probablemente, también la haya convencido de que en «Venezuela sólo hay peleas callejeras».
Siempre se presentaron denuncias desde asesinatos, desplazamiento forzados, eliminación de la propiedad privada como parte de una política generalizada del Estado para violar Derechos humanos y cometer crímenes de Genocidio y Lesa humanidad, uso y creación con visos de legalidad de hampones y criminales comunes para la comisión de delitos en fincas agrícolas contra los propietarios hasta matarlos en dónde se parezca a un crimen común; pero en la realidad conforme a la interpretación del Estatuto de Roma es un crimen silencioso desde el Estado como política para salir de ese contenedor en el marco del reclamo de la conducción del Estado.
También, es preciso señalar que en Venezuela han sucedido infinidad de muertes que pasan de millones que se han sucedido porque frente al terror propiciado de forma sistemática y generalizada, muchos empresarios de la agricultura y la ganadería, como cualquier otra industria, al sentirse inseguros con respecto a la propiedad privada que conforme a la ley de tierras quedó en entredicho y sin solución, los propietarios, frente a la angustia y el terror, desarrollaron enfermedades por stress que los llevó a la muerte. Parece una muerte natural; pero no lo es, son muertes por efectos de la política de terror contra el individuo.
En éstos modelos de gobierno se da un paso del Estado de Derecho a un Estado policial y el poder político invade la esfera del poder civil. Como hay un entramado con el populacho que tiene atracción hacia el mal y el delito, acoge los hechos de violencia del gobierno con admiración en cuanto a que son muy malos; pero también, son muy hábiles para la comisión de la maldad.
Por éso, el gobierno absorbe al populacho para disfrazar sus acciones en contra de la sociedad civil y trabajadora que no está preparada espiritualmente para enfrentar estos hechos y se siente huérfano, frente a la inacción del Estado, ya que no ha entendido que su condición de Estado Policial es para perseguir al disidente hasta el exterminio. Por éso la frase «no volverán».
Por éso, es buena la constitución de una oficina de la Fiscalía Penal Internacional en Venezuela. Por su puesto, si es para investigar la realidad que le ha tocado vivir al pueblo de Venezuela en 25 años y para que modifique su jurisprudencia con respecto al genocidio de la competencia del Fiscal y pueda determinar que en Venezuela se cometió porque hubo una persecución que generó la muerte por razones políticas e ideológicas al no compartir el establecimiento del Estado Marxista en Venezuela y como consecuencia de ello, el Estado Policial.
El Fiscal Penal Internacional Khan, de origen inglés, generó en Venezuela muchas expectativas; porque ese país siempre se ha caracterizado por ser serio y honesto sus ciudadanos; sin embargo, desde el inicio de su gestión ha habido muchos retrasos en el Juicio. No ha habido todavía una sola acusación formal contra ninguno de los acusados civiles y militares por ante la Sala de Cuestiones Preliminares.
Es cierto, el Fiscal entra a Venezuela y se reúne con los victimarios, pero tiene igual derecho de reunirse en el país con representantes de las víctimas y darse un tiempo para oír los últimos acontecimientos que Constituyen violencia y Lesa humanidad que son competencia de esa Institución.
De conformidad con el #7 del artículo 42 del Estatuto de Roma que contempla lo relativo a la recusación del Fiscal y adjuntos cuando haya motivos razonados de una imparcialidad. Dejo para la interpretación el hecho de que la presencia del Fiscal Penal Internacional sea vista como una relación con la persona objeto de investigación o enjuiciamiento.
Se ha tratado de hacer este análisis lo más científico y técnico posible y sobre la base de los acontecimientos históricos de los crímenes de Lesa y Genocidio en Venezuela; pero es del comentario popular que se discute en las tertulias de la política popular que, sí bien el Fiscal vino a infringir un cierto temor en los jerarcas del gobierno en este proceso electoral con apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, también vino y en silencio, en la más absoluta confidencialidad le solicitó al Presidente de Venezuela que así como todo asiduo complaciente se ha llevado sus lingotes de oro, él no es él más tonto, para no llevárselo a cambio de llevar al juicio por motivos suficientemente razonables a la etapa de investigación.
Todavía se sigue en ese estado y mientras, hay más violencia, muertes, ya no sólo en el país, sino en otras Naciones en persecución de los disidentes, poniendo en estado de zozobra a ciertos inmigrantes.
* Ph.D en Ciencia Política. Abogado, Comunicadora Social y Teólogo.
«Las opiniones aquí publicadas son responsabilidad absoluta de su autor».