Por Wilmer Suárez
Hay fechas que sirven para recordar y otras para comparar. En 1498, durante su tercer viaje, Cristóbal Colón recorrió el golfo de Paria y contempló una tierra que describió como un mundo nuevo. En 2026, Venezuela vuelve a ocupar el centro de una empresa internacional de dimensiones extraordinarias. La distancia entre ambos episodios es de 528 años, no de 485, aunque la licencia del título pretende señalar algo que los calendarios no pueden medir: la persistencia de una pregunta nacional sobre quién decide el destino de nuestras riquezas.
Conviene empezar por el archivo histórico. Colón había partido en 1492 con tres embarcaciones, la Niña, la Pinta y la Santa María, al servicio de los Reyes Católicos. Aquellas naves pertenecen al primer viaje, no al tercero que lo llevó a las costas venezolanas. En 1498 su expedición zarpó con seis barcos, se aproximó a Trinidad y navegó por el golfo de Paria. El caudal de agua dulce procedente del Orinoco le sugirió la existencia de una masa continental de extraordinaria magnitud. Aquella geografía no estaba vacía: sus pueblos originarios tenían lenguas, territorios, relaciones comerciales y formas de organización anteriores a la llegada europea.
La Corona castellana no emprendió sus viajes únicamente por curiosidad científica. Buscaba rutas comerciales, prestigio dinástico, expansión religiosa y recursos. Las Capitulaciones de Santa Fe de 1492 habían ofrecido a Colón dignidades, participación económica y atribuciones sobre los territorios que encontrara. Después llegaron instituciones de gobierno, mecanismos fiscales, concesiones y fórmulas de extracción que cambiaron radicalmente la vida de las sociedades americanas. El oro y las perlas estimularon expediciones; la búsqueda de El Dorado se convertiría más tarde en una poderosa leyenda de conquista, pero no fue el nombre de una comarca que Colón comunicara a Isabel en 1498.
En ese escenario, los espejitos ocupan un lugar singular en la memoria popular. La imagen del europeo que entrega baratijas a cambio de tesoros funciona como metáfora de una relación desigual, aunque no debe confundirse con una descripción universal y documentada de todos los intercambios indígenas. El asunto esencial no era el brillo del objeto, sino la disparidad de poder para fijar su precio. Cinco siglos después, el objeto que deslumbra ya no cabe en la palma de una mano: está escrito en contratos, concesiones, derechos de explotación y cláusulas de gobernanza.
El episodio venezolano de 2026 ofrece material suficiente para esa comparación. El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Caracas y los trasladaron a Estados Unidos. Ambos enfrentan procesos penales y han rechazado las acusaciones. El 15 de octubre comparecieron ante un tribunal de Nueva York y se declararon no culpables de nuevos cargos relacionados con torturas. Una imputación no es una sentencia; el respeto al debido proceso debe exigirse incluso cuando se examina a quienes son acusados de haberlo vulnerado.
En paralelo, Washington ha presentado un acuerdo energético de alcance excepcional. La Casa Blanca anunció en agosto y septiembre un esquema que, según su propia comunicación oficial, otorga control mayoritario estadounidense sobre una empresa petrolera con acceso a más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas y concesiones de cien años sobre diecisiete campos. Estas son afirmaciones de la administración que requieren escrutinio público de los documentos contractuales y de sus efectos jurídicos reales. No es lo mismo invertir en petróleo que adquirir soberanía; tampoco equivale automáticamente una concesión a la propiedad del subsuelo.
La noticia adquiere mayor relieve cuando PDVSA informa que aspira a suscribir 105 contratos petroleros antes de terminar el año, de los cuales 61 ya estaban firmados al 9 de octubre, según Reuters. Es aquí donde aparece el personaje central de esta historia: el contratico. Un diminutivo típicamente nuestro para una operación que puede comprometer recursos durante generaciones. El venezolano conoce el refrán: “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”. Y si el negocio se presenta como la mayor hazaña petrolera de la historia, corresponde preguntar quién lo negoció, quién lo autorizó, quién fiscaliza sus condiciones y cuánto recibirá realmente el ciudadano.
La analogía no necesita convertir al presidente estadounidense en un almirante literal. Basta imaginarlo en la proa de una embarcación moderna, acompañado de un vigía que escudriña el horizonte con un catalejo diplomático. A bordo no viajan cofres de cuentas de vidrio: se transportan instrumentos financieros, permisos, licencias y promesas de reconstrucción. En la costa esperan quienes hasta ayer pronunciaban discursos de soberanía absoluta y hoy descubren las ventajas del pragmatismo. No hace falta ponerles nombre a todos los personajes: en Venezuela, como dice el refrán, “al que le caiga el guante, que se lo plante”.
La expresión “estado 51” merece otra precisión. Convertir a Venezuela en un estado de la Unión no es un hecho jurídico consumado ni una consecuencia automática de la influencia estadounidense. Sirve aquí como hipérbole política para describir el temor a una dependencia extrema. Lo mismo ocurre con el término tutelaje: puede caracterizar una relación de poder asimétrica, pero no sustituye el análisis de la Constitución venezolana, de las competencias de las autoridades y de las obligaciones del derecho internacional. La soberanía se prueba en las decisiones verificables, no solamente en las consignas.
En la conquista, las instituciones de la Corona pretendían transformar descubrimientos geográficos en derechos políticos y rentas permanentes. En la Venezuela contemporánea, la cuestión consiste en saber si los acuerdos energéticos crearán prosperidad compartida o consolidarán una estructura donde los beneficios se distribuyen lejos de la población. La seguridad hemisférica y el combate al narcotráfico forman parte del discurso de Washington; las acusaciones relativas al llamado Cartel de los Soles deben examinarse conforme a pruebas y procedimientos, sin confundir el lenguaje de una fiscalía con una conclusión histórica definitiva.
Hay una adivinanza que resume el dilema: ¿qué riqueza permanece bajo nuestros pies, se negocia sobre nuestras cabezas y termina por determinar el futuro de nuestros hijos? El petróleo. La respuesta es demasiado sencilla; lo difícil es establecer si sus frutos financiarán hospitales, escuelas, agua potable, instituciones independientes y oportunidades, o si serán nuevamente administrados como un premio para los vencedores y sus intermediarios.
No corresponde idealizar la colonización ni equiparar mecánicamente dos épocas distintas. La monarquía hispánica del siglo XV y los Estados Unidos del XXI operan en sistemas jurídicos, económicos y políticos diferentes. Pero la historia comparada permite reconocer una continuidad incómoda: cuando una sociedad carece de controles institucionales sólidos, sus recursos pueden convertirse en el centro de decisiones adoptadas por otros. La pregunta decisiva no es si llegaron con espejitos o con contraticos, sino quién conserva la capacidad de decir que no, exigir cuentas y decidir para qué se utiliza la riqueza común.
Pero hay una realidad que ninguna alegoría puede disimular: la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores no significa, por sí misma, el desmantelamiento del aparato represivo venezolano. Bajo el tutelaje que se proclama o se supone, continúan pendientes la liberación efectiva de todos los presos políticos, la erradicación de la tortura, el fin de la persecución y el establecimiento de garantías judiciales independientes. La pregunta no es solamente quién firma los contratos petroleros, sino quién responde por las víctimas, quién controla a los cuerpos de seguridad y quién impide que los mecanismos del terror sigan funcionando con otros administradores. Si la estructura de coerción permanece en pie, el cambio de mando será insuficiente: se habrá negociado el oro negro mientras la deuda de justicia con los venezolanos sigue sin saldarse.
En conclusión, el nuevo desembarco no exige tres carabelas ni un grito de “¡Tierra a la vista!”. Le basta una firma. Aquel viejo brillo de los espejos ha sido sustituido por el resplandor del oro negro. Y mientras unos celebran el negocio y otros condenan al navegante, el país debe formular una exigencia elemental: que los contratos sean públicos, que los compromisos sean auditables y que el petróleo no vuelva a confundirse con un botín. Porque, al final, no importa tanto quién descubra Venezuela una vez más, sino cuándo terminaremos los venezolanos de descubrir el valor de gobernarnos a nosotros mismos.
FUENTES Y PRECISIONES DOCUMENTALES
Encyclopaedia Britannica, Christopher Columbus, segundo y tercer viajes (1498).
Departamento de Justicia de EE. UU., comunicado del 8 de octubre de 2026, cargos contra Maduro y Flores.
Reuters y Associated Press, cobertura judicial del 15 de octubre de 2026.
Casa Blanca, ficha informativa del acuerdo petrolero, 31 de agosto y 2 de septiembre de 2026.
Reuters, 9 de octubre de 2026, contratos petroleros anunciados por PDVSA.
* Corresponsal en el Sur de la Florida.