
En momentos que en Venezuela se incrementan las expropiaciones, con lo que se aumenta día a día el número de trabajadores estatales, en Cuba entra vigencia el plan para reducir el número de trabajadores empleados por el Estado en medio millón, desde 4 de octubre del 2010 hasta marzo de 2011.
Mario A. González-Corzo, profesor de posgrado de la Universidad de Columbia en Nueva York, analiza esta reducción de trabajadores para el “Instituto para los Estudios Cubanos y Cubanos-Americanos” de la Universidad de Miami.
Nos permitimos traducir el trabajo titulado “The Reduction of State-Sector Workers in Cuba”, para así permitir a nuestros lectores establecer comparaciones y tratar de dar respuesta a la pregunta que titula esta noticia: ¿Qué aprendió Raúl Castro que desconoce Hugo Chávez”
La reducción de los trabajadores del sector estatal en Cuba
Por Mario A. González-Corzo
Después de más de cinco décadas de planificación centralizada, la fuerza laboral de Cuba ha estado caracterizada por una relativamente baja productividad, moral y disciplina de los trabajadores; la predominancia del sector estatal como el principal empleador del país; la falta de insumos adecuados; acceso a tecnologías y técnicas de producción obsoletas; la ausencia de sistemas gerencias y prácticas modernas; y la tradicional rigidez comúnmente asociada con las economías de planificación centralizada.
Para confrontar estas deficiencias, y como parte del esfuerzo concertado para transformar la economía cubano, el 13 de septiembre del 2010 la federación nacional de trabajadores controlada por el Estado (Central de Trabajadores de Cuba, CTC) anunció un plan para reducir el número de trabajadores empleados por el Estado en 500.000 desde 4 de octubre del 2010 hasta marzo de 2011. El desplazamiento este medio millón de trabajadores representa la primera etapa en una estrategia multi-niveles para reducir el número de trabajadores empleados por el sector estatal en 1.000.000 (ó 19,4%)
Los trabajadores estatales desplazados serán relocalizados hacia sectores con déficits (trabajadores insuficientes) tales como agricultura, construcción, sistema policial y judicial, educación e industria. (Ravsberg, 2010). La mayor parte de las relocalizaciones aplicarán a “funciones burocráticas” tales como gerencia y administración, para aumentar el segmento de “trabajadores productivos” (“blue collar”) a 80% de la fuerza laboral en empresas propiedad del Estado y ministerios (Ravsberg, 2010). El Estado emitirá 460.000 nuevas licencias de trabajadores por cuenta propia en áreas en las cuales puedan suministrar insumos esenciales (Ravsberg, 2010)
Los trabajadores por cuenta propia podrán negociar directamente la provisión de sus servicios con los productores propiedad del estado, con lo que crearán nuevas oportunidades contractuales entre el Estado y el emergente sector privado (es decir, trabajadores por cuenta propia). Adicionalmente, podrán hacer contribuciones al fondo de seguridad social operado por el Estado, abrir cuentas bancarias, obtener préstamos para expandir sus operaciones y pagar impuestos sobre sus ingresos o ganancias (Ravsberg, 2010)
Estas medidas, junto con el previamente anunciado incremento en la edad de retiro en 5 años hasta 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres, son parte de una serie transformaciones de políticas económicas implementadas por el gobierno de Cuba en respuesta a la severa crisis económica confrontada por la isla desde el 2008. Como respuesta a esta crisis, Cuba implementó una serie de cambios económicos incluyendo medidas de austeridad focalizadas en el ahorro de energía, transformaciones fiscales para reducir la relación del déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto-PIB, transferencia de la tierra propiedad del Estado no productiva a cooperativas y productores privados, y la liberación del consumo.
Las principales razones para la reducción de los trabajadores en el sector estatal de Cuba fueron la no-sostenibilidad del sistema actual, bajo la cual la mayoría de la población económicamente activa (83%) trabaja en el sector estatal, la necesidad de mejorar la productividad de los trabajadores, la fuerte carga fiscal que trabajadores improductivos representan para el Estado, y la necesidad de reactivar la economía aumentado la producción y mejorando la eficiencia.
Aproximadamente, el 83% de la población económicamente activa está empleada por el sector estatal, el resto trabaja en las cooperativas (4,8%) y el sector privado (12,2%). Hay un estimado de 141.600 trabajadores por cuenta propia legalmente registrados (cuentapropistas) en Cuba, representando menos del 3% de la población económicamente activa, pero cercano al 17% de todos los trabajadores que no trabajan para el Estado (ONE, 2010b). El sector agricultura es el principal sector empleador del país con 902.000, o 17,5% de la población económicamente activa; otros sectores importantes incluyen la educación (695.000 trabajadores), salud (671.200 trabajadores) y la industria (667.800 trabajadores) (ONE, 2010b).
En el 2009, el salario mensual promedio en Cuba alcanzó los 429 pesos (CUP), representando un incremento de 3,4% con respecto al 2008. A la tasa de cambio prevaleciente de 25 pesos cubanos (CUP) por peso convertible (CUC), esto fue el equivalente de 17,16 CUC o 18,53 dólares mensuales.
La participación de la fuerza laboral ha sido relativamente estable en la última década. Mientras los salarios nominales y pensiones fueron aumentados en el 2005, su poder real de compra (ajustado por inflación) ha declinado debido a la inflación represada (por los altos precios) en los mercados paralelos. La liquidez se ha acumulado debido a los limitados suministros en los mercados de pesos y las limitadas oportunidades para los pequeños emprendedores (ambos legales e ilegales) para invertir su superávit de ganancia o ingresos en sus negocios o bienes inmuebles.
Desde una perspectiva fiscal, la mayor parte de la fuerza laboral estatal de Cuba se ha convertido en una cada vez más insostenible carga para el Estado. Estadísticas oficiales revelan que los subsidios generosos comúnmente en la forma de servicios sociales gratuitos (salud y educación), almuerzos subsidiados en el lugar de trabajo, vacaciones pagadas, distribuciones de paquetes de productos pagados por las empresas, junto con otras transferencias directas e indirectas, incluyendo bienes provistos por el sistema de racionamiento, han resultado en la explosión del gasto fiscal, forzando la transformación del mercado laboral.
Las experiencias de los anteriormente países comunistas, que han pasado a modelos “reformados” o de “mercado socialista” (por ejemplo China y Vietnam) sugieren que una vez las fuerzas de una fuerza laboral autónoma son desatadas es difícil contener o revertir el proceso de reforma económica. La creación de nuevos y alternativos espacios económicos, que permiten un emergente (y cada vez más autónomo) sector privado para realizar funciones económicas esenciales, las cuales el Estado es incapaz de proporcionar o no puede proporcionar eficientemente, ha contribuido para aumentar el ingreso de los hogares, mejores estándares de vida y crecimiento económico.
Sin embargo, a pesar de los beneficios potenciales proporcionados por este tipo de transformación económica, debido a los niveles existentes de diferenciación entre la fuerza laboral de Cuba, particularmente en términos de edad, habilidades transferibles y logro educacional, es razonable esperar que las recientemente anunciadas medidas afecten negativamente y desproporcionadamente algunos segmentos del mercado laboral. Algunos de los grupos más vulnerables incluyen trabajadores menos calificados, trabajadores con cantidades limitadas o cantidades acumuladas de capital humano y financiero, trabajadores con pequeños o no conocimiento de cómo los mercados trabajan, trabajadores sin ningún deseo, energía (o vigor físico), o actitud o aptitud para el trabajo como emprendedores o para convertirse en trabajadores por cuenta propia, y trabajadores más viejos cercanos al final de sus vidas económicamente productivas.
Como indica la experiencia de Cuba con los trabajadores por cuenta propia en los 90, la transferencia de trabajadores del Estado al sector privado emergente, contribuirá a incrementar la desigualdad social. Este fenómeno, sin embargo, aunque vaya a ser más pronunciado, no es nuevo para la mayor parte de los cubanos en la isla: uno de las últimas herencias de las reformas orientadas al mercado de los 90 ha sido la creciente desigualdad, y su aceptación por la mayoría de la población, particularmente entre aquellos quienes eran muy jóvenes o nacieron después del “Período Especial”.
Otra no atendida consecuencia de la transferencia de los trabajadores del sector estatal probablemente será un aumento en la pobreza. Como algunos trabajadores sin preparación son (involuntariamente) transferidos al sector no gubernamental, y no le den opciones dejándolos a su suerte, abrirán negocios en pequeña escala, muchos fracasarán, empujándolos a la pobreza, dejándolos emocionalmente estresados e inciertos con respecto sus futuros.
________________________________________________Referencias
* Oficina Nacional de Estadísticas [ONE]. (2010a). Anuario Estadístico de Cuba [AEC]. (2009). La Habana, Cuba.
*Oficina Nacional de Estadísticas [ONE]. (2010a). Panorama Económico y Social (2009).La Habana, Cuba.
* Ravsberg, F. (2010). Cuba anuncia el despido de medio millón de empleados estatales.