El diputado en el exilio Jorge Alejandro Rodríguez realizó este 23 de mayo desde Munich -Alemania- una conferencia de prensa para arrojar luz sobre avances significativos en la protección de los activos venezolanos.
Durante la conferencia, compartió información sobre las acciones que se solicitan a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), el Departamento de Justicia y la comunicación enviada al juez Leonard Stark bajo la Regla 60 (b) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Estas acciones están relacionadas con posibles violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) por parte de Crystallex International Corporation y Siemens Energy.
El parlamentario Jorge Alejandro Rodríguez expresó su preocupación por los intentos de Siemens Energy de cobrar una deuda de más de $140 millones de dólares de PDVSA. «La historia de presuntas irregularidades de Siemens en Venezuela, incluidos los problemas de soborno, es bien conocida. A pesar de enfrentar multas de alrededor de dos mil millones de dólares en 2008, Siemens no ha compensado al pueblo venezolano por sus fechorías. Teniendo en cuenta la actual crisis humanitaria de Venezuela, es inaceptable que Siemens busque el cobro de deudas sin abordar los daños causados», afirmó el parlamentario.
Recuerda Rodríguez que Siemens Venezuela admitió haber pagado alrededor de 20 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos para obtener alrededor de ochocientos millones en contratos de funcionarios del gobierno venezolano. Estos pagos de sobornos de Siemens fueron confirmados por la SEC ( https://www.sec.gov/news/press/2008/2008-294.htm ) y el Departamento de Justicia (https://www.justice.gov/archive/opa/documents/siemens-venezuela-info.pdf ) Si bien el caso presentado ante los tribunales por Siemens Energy como transferido de Dresser-Rand podría o no estar directamente relacionado con los sobornos, Siemens Venezuela reconoció oficialmente el pago de sobornos a un número de funcionarios venezolanos para recibir contratos por más de ochocientos millones de dólares de diferentes agencias del gobierno venezolano.
“Crystallex International Corporation, una corporación canadiense de exploración y minería de oro, ha presentado múltiples demandas contra la República de Venezuela en los tribunales estadounidenses. Los litigios de Crystallex se derivan de las pérdidas sufridas debido a la nacionalización de la mina Las Cristinas en 2008”, explicó.
Luego de un caso exitoso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Crystallex recibió una compensación. En agosto de 2018, un juez federal de EE. UU. ordenó al gobierno venezolano que hiciera pagos inmediatos de la suma otorgada o proporcionara acciones de PDV Holding Inc., la empresa matriz de Citgo.
Investigaciones posteriores revelaron que varias decisiones tomadas por el Sr. Hernández favorecieron a Crystallex en su caso contra la República de Venezuela. Crystallex utilizó con éxito su recomendación de nombrar el directorio de CITGO Petroleum, sin tener en cuenta los procedimientos corporativos, para argumentar que PDVSA era un instrumento del estado venezolano, lo que hacía que sus activos fueran susceptibles de embargo. Estas acciones y la no divulgación de conflictos de interés sugieren un intento de defraudar a la República.
El parlamentario Jorge Alejandro Rodríguez ha presentado una comunicación al Departamento de Justicia de los EE. UU., dirigida específicamente al Jefe Interino de la Sección de Fraude, con respecto a la evidencia de posibles violaciones de la FCPA por parte de Crystallex. La comunicación destaca la necesidad de investigar el momento y la condicionalidad de los pagos realizados al Sr. Hernández a cambio de acciones favorables como Fiscal General.
El miembro del parlamento solicita que las autoridades estadounidenses tomen medidas decisivas para evitar más saqueos de los activos venezolanos y responsabilizar a quienes facilitan tales acciones al aceptar pagos u obtener beneficios indebidos.
La Regla 60(b) de las FRCP (Reglas Federales de Procedimiento Civil) es invocada por el Congresista Rodríguez ya que podría ser posible observar un vínculo indebido y fraudulento entre las acciones del ex Abogado Hernández y Crystallex. La regla dice lo siguiente:
60(b) Motivos para la reparación de una sentencia, orden o procedimiento definitivo. Por moción y en términos justos, el tribunal puede eximir a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento final por las siguientes razones:
- error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;
- pruebas recién descubiertas que, con diligencia razonable, no podrían haberse descubierto a tiempo para promover un nuevo juicio conforme a la Regla 59(b)
- fraude (ya sea anteriormente llamado intrínseco o extrínseco), tergiversación o mala conducta de una parte contraria;
- la sentencia es nula;
- la sentencia ha sido satisfecha, liberada o anulada; se basa en una sentencia anterior que ha sido revocada o anulada; o aplicarlo prospectivamente ya no es equitativo; o
- cualquier otra razón que justifique la reparación.
Investigaciones posteriores revelaron que varias decisiones tomadas por el Sr. Hernández favorecieron a Crystallex en su caso contra la República de Venezuela. Crystallex utilizó con éxito su recomendación de nombrar el directorio de CITGO Petroleum, sin tener en cuenta los procedimientos corporativos, para argumentar que PDVSA era un instrumento del estado venezolano, lo que hacía que sus activos fueran susceptibles de embargo. Estas acciones y la no divulgación de conflictos de interés sugieren un intento de defraudar a la República.
El miembro del parlamento solicita que las autoridades estadounidenses tomen medidas decisivas para evitar más saqueos de los activos venezolanos y responsabilizar a quienes facilitan tales acciones al aceptar pagos u obtener beneficios indebidos.
Fuente: Nota de Prensa
