El martes 21 de diciembre, Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, dio una rueda de prensa para fijar posición sobre las últimas acciones emprendidas por el gobierno en el Sur del Lago de Maracaibo y lo sucedido este lunes en el centro de Caracas con los buhoneros.
Maldonado puntualizó que:
1) Hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano a las principales circunstancias económicas, sociales y políticas que están afectando el desempeño del país. Los problemas que nos aquejan son variados y tienen diferentes fuentes. Ayer mismo la ciudad se vio conmocionada por el conflicto planteado por trabajadores del sector informal, en el mismo momento que la sociedad democrática que hace vida en el Sur del Lago de Maracaibo exigía la restitución plena e incondicional de sus derechos de propiedad. Y mientras tanto en la Asamblea Nacional se seguía adelantando un proceso muy acelerado de aprobación de leyes, sin que mediara la consulta democrática y lo peor, sin prever los posibles efectos que estas decisiones tengan en la calidad de vida de los venezolanos.
2) Sin que este sea un inventario exhaustivo queremos manifestar nuestra preocupación y sentar opinión sobre tres dimensiones de un único problema. El problema es la constitución democrática de la República que está siendo impactada por (1) los ataques sistemáticos dirigidos a demoler los derechos de propiedad y la libre empresa. Estos ataques se observan en la persecución inconveniente y sin reconocer derecho alguno que ayer se practicó contra los buhoneros de Caracas, pero también en la sistemática expoliación de activos y fincas productivas sin que el gobierno logre transmitir una justificación convincente divorciada de la obsesión ideológica que los emparenta con el socialismo como tramo de destrucción que es necesario para llegar al comunismo. Empero, estas medidas de destrucción y obstaculización han hecho un inmenso daño al desempeño económico del país, que no logra salir de la recesión, que no logra desasirse de la inflación, que no alcanza a producir suficientes empleos y por eso mantiene a cerca de la mitad de la población ubicada en el sector informal de la economía, que no logra mantener en pie la infraestructura del país y que no sale del marasmo de la improvisación cada vez que una calamidad toca sus puertas.
(2) El segundo aspecto que nos produce preocupación es la tendencia creciente a regular y controlar a los medios de comunicación más allá de lo debido y lo conveniente. La reforma de la Ley RESORTE nos coloca dentro del pequeño grupo de países que obstaculiza el libre flujo de información y no reconoce plenamente el derecho humano a expresarse con plena libertad. Pero además coloca nuevamente a las empresas y a los usuarios en desventaja frente a la posibilidad de que les levanten cargos, los multen e incluso los cierren. Nosotros creemos que al contrario de este tipo de regulaciones, una sociedad democrática debe fomentar la libertad de expresión y aprovechar la ola tecnológica para fomentar nuevos emprendimientos que se podrán hacer si el Estado fomenta condiciones confianza social, estabilidad jurídica y pleno reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales.
(3) El tercer aspecto que nos preocupa es la voracidad fiscal. Todo parece indicar que la pérdida de dinamismo petrolero y la falta de distribución justa y eficiente del situado constitucional se quieren compensar con la extensión de los tributos y el incremento de los impuestos. El gobierno parece olvidar que está vigente el impuesto más injusto y desproporcionado de todos los que son concebibles. Nos referimos a la inflación que afecta descarnadamente a los sectores modestos y pobres de la población venezolana. Y que lamentablemente cualquier incremento de la presión tributaria va a impulsar el indicador inflación, porque al final dentro del costo de los bienes y servicios tendrá que incorporarse ese margen de incremento. También nos preocupa el impacto que estas medidas puedan tener en la productividad nacional.
Nuestras empresas están agobiadas por un marco regulatorio asfixiante, un estado de derecho inseguro, la precariedad de los derechos de propiedad, y ahora la previsión de mayores impuestos.
Un pacto fiscal supone compromisos mutuos. Las empresas acceden a pagar más impuestos pero el Estado organiza sus finanzas, refuerza la disciplina del gasto público, atenúa compromisos internacionales que no son imprescindibles, garantiza la inversión en infraestructura y servicios públicos, se compromete con la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada y está atenta para que este tipo de medidas no produzcan mayores males que bienes. Nosotros creemos que este no es el caso. A todas los anuncios que indican el aumento de los tributos debemos sumar la iniciativa de municipios y regiones. En el caso de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital decidió una ley de timbre fiscal que entrará en vigencia el 09 de febrero del 2011. Se señala que constituyen hechos imponibles a los efectos de esta Ley la realización de actos, prestación de servicios y el otorgamiento, emisión y expedición de documentos, instrumentos crediticios y órdenes de pago, previstos en ella, siempre que se efectúen en el Territorio del Distrito Capital y que no estén reservados al régimen, control y recaudación del Poder Nacional o Municipal.
En tal sentido, en el segundo aparte del numeral 3 del artículo 13, se señala que «sin perjuicio de lo anteriormente establecido, los documentos de inscripción de las sociedades de comercio en el Registro Mercantil adjuntarán, con la estampilla del Distrito Capital, lo siguiente: una tasa del 10% del capital social o del aumento de capital, según se trate. Y cuando se trate de la solicitud de inscripción de la venta de un fondo de comercio o la de sus existencias, en totalidades o en lotes, de modo que haga cesar los negocios relativos a su dueño estamos hablando, entonces, de un porcentaje de 20% por este particular. Lo único que se va a lograr con este tipo de medidas es vaciar a Caracas de empresas, incrementar el problema de la economía informal y la imposibilidad de crear los 80 mil nuevos empleos que se requieren cada año para atender la presión demográfica.
3) Con este tipo de medidas se va a forzar un retroceso adicional del parque empresarial venezolano. Menos empresas a las que se les puede exigir el pago de tributos, y una mayor carga al presupuesto. Estimamos que hay otras posibilidades a la luz de la concertación, el diálogo social y el respeto por la Constitución.
Fuente: Prensa-Cámara de Comercio de Caracas