Nótese que mi expresión no es invertir «en» Cuba, sino invertir con «Cuba, ya que el gobierno cubano (léase los hermanos Castro y los militares) será obligatoriamente el socio mayoritario en cualquier inversión extranjera bajo la ley cubana actual.
Desde el anuncio del gobierno cubano en 2006 de que el octogenario Fidel Castro había transferido el poder a su hermano Raúl, ha habido una creciente especulación sobre los cambios políticos y económicos en Cuba. Más recientemente, algunos inversionistas potenciales parecen haber comprado la narrativa de que el gobierno cubano se ha embarcado en un proceso de auténticas reformas políticas y económicas. Pero cuidado con los inversores.
En su informe «Índice de libertad económica» de 2014, la Fundación Heritage clasifica a Cuba como una de las economías menos libres del mundo con una puntuación de 28,7, en comparación con un promedio mundial de 60,3 y un promedio de 84,1 para las economías libres del mundo. . El entorno económico de Cuba continúa deteriorándose en términos de la mayoría de los factores considerados en la metodología de la Heritage Foundation, como la libertad de comercio internacional, la libertad fiscal, la libertad monetaria y, en particular, la libertad frente a la corrupción.
Una implicación para las empresas que buscan hacer negocios con Cuba es que este legado se manifiesta en áreas como la corrupción oficial. Nótese que mi expresión no es hacer negocios en Cuba, sino hacer negocios “con” Cuba ya que el gobierno cubano (léase los hermanos Castro y los militares) serán obligatoriamente los socios mayoritarios en cualquier inversión extranjera bajo la ley cubana vigente.
Como se señala en el Índice, en Cuba, la corrupción oficial es un problema grave, «con una cultura de ilegalidad … y una vasta economía controlada por el estado en un país donde hay poco respeto por el estado de derecho». Las empresas estadounidenses, en particular las empresas que cotizan en bolsa sujetas a una miríada de regulaciones anticorrupción y divulgación, encontrarían casi imposible operar legalmente en un entorno de corrupción sistémica y endémica de este tipo.
Tomemos solo un aspecto de hacer negocios «con» Cuba para ilustrar cómo ofende nuestros valores y moralidad, nuestras leyes laborales y comerciales, y nuestras expectativas de comportamiento empresarial.
Los inversionistas extranjeros que operan en Cuba no pueden establecer relaciones contractuales con trabajadores cubanos. La empresa extranjera debe negociar con el Ministerio de Trabajo un “Contrato para el suministro de su fuerza laboral”, indicando la cantidad y calificaciones de los empleados necesarios. La agencia estatal de dotación de personal para empresas extranjeras envía entonces su personal preseleccionado a la empresa extranjera. El empleador extranjero paga directamente a la agencia de empleo en moneda extranjera o pesos cubanos convertibles equivalentes (CUC). Luego, la agencia de empleo les paga a los trabajadores cubanos en pesos cubanos no convertibles (CUC). Bajo este arreglo, el estado se embolsa más del 90 por ciento de los supuestos salarios del trabajador.
Esta práctica, por supuesto, viola las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo como esclavitud con otro nombre, o como la ha llamado acertadamente el escritor cubano Carlos Alberto Montaner: Cuba el estado proxeneta.
Las empresas extranjeras también deben ser socios minoritarios en una relación en la que el gobierno cubano, el socio mayoritario, es ferozmente hostil a la libre empresa y tiene un historial de actuar de manera arbitraria y caprichosa contra los intereses de sus socios minoritarios.
A principios de la década de 1990, después del colapso de la Unión Soviética, Cuba reestructuró la economía de la isla al permitir una inversión extranjera limitada a través de empresas conjuntas y otras asociaciones económicas. Algunos inversores extranjeros malinterpretaron estas medidas de crisis como el comienzo de una transición genuina e irreversible hacia una economía de libre mercado. La misma mala interpretación está ocurriendo hoy.
Atención inversores, a finales de la década de 1990 el régimen revirtió las medidas de liberalización y centralizó el poder económico. Es probable que vuelva a suceder si el régimen se siente amenazado.
En 2009, frente a un colapso de los créditos bancarios y la disminución del flujo de caja de las escasas exportaciones, Raúl Castro congeló todas las cuentas bancarias de empresas extranjeras. Al año siguiente, los bancos estatales ofrecieron un plan de recuperación de la inversión no negociable para las cuentas bancarias congeladas durante un período de cinco años. Los inversores tengan cuidado, sus partes interesadas no estarán contentas.
En Cuba, los inversores extranjeros deben asociarse con el gobierno cubano. El gobierno cubano espera que las inversiones extranjeras generen ingresos para el estado en sus términos. Si la empresa no cumple con las expectativas del estado, el gobierno puede rescindir arbitrariamente los acuerdos y buscar otro inversionista ingenuo para el proyecto y no existe un sistema judicial independiente para adjudicar las reclamaciones de los inversionistas.
El poder judicial cubano está subordinado al Consejo de Estado y al Partido Comunista que, según la Constitución cubana, es la «fuerza dirigente superior». Y como Karl Marx dejó claro en su Manifiesto Comunista, «el comunismo se puede resumir en una sola frase: abolición de la propiedad privada». Los inversores tengan cuidado.
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