Intervenidas COPOSA, Polar y Plumrose

La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció el pasado viernes la ocupación temporal por 180 días al Consorcio Oleaginoso Coposa, en el estado Portuguesa.

Igualmente, dio a conocer “el mecanismo de venta supervisada en Alimentos Polar, Empresa Plumrose y Frigorífico Industrial Turmero, en el estado Aragua.

Estas decisiones obedecerían a las acciones del Gabinete Económico para contrarrestar el aumento de precios de los productos de la cesta básica.

La vicepresidenta aseguró que estas dos medidas se encuentran contempladas en la Ley Orgánica de Precios Justos.

Rodríguez indicó que la ocupación temporal por 180 días prorrogables aplicada a la empresa Coposa, podrá ser “prorrogable”.

“Es una medida que busca garantizar la producción, pero busca también la preservación, que no se convierta en un factor de distorsión en un precio marcador especulativo”, indicó Rodríguez

Así mismo, explicó que la venta supervisada en estas tres empresas, donde ya se encuentran los equipos de Sunagro y la Sundde para ejercer este mecanismo, “es una medida de supervisión y garantía de los precios acordados”, y se determine “los receptores de estos productos”.

La Vicepresidenta justificó la acción de ocupación y venta supervisada, porque “estas empresas se estaban convirtiendo en marcadores referenciales especulativos, que están afectando a la población en general”.

“Estamos viendo como entre cuarentena y producción, no hay contradicción. Hemos visto cómo el sector productor de alimentos, es un sector exceptuado del cumplimiento de la cuarentena colectiva, social y obligatoria. Los trabajadores de la producción se han mantenido, pero sectores muy minoritarios, están perturbando los precios referenciales y acordados para el acceso a la población”, precisó.

Fedecámaras

El presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, fijo este lunes su posición en el conocido programa Primera Página en el canal de noticias Globovisión.

Al calificar las medidas de “políticas asfixiantes”, Cusanno enfatizó que “cada vez que se toman este tipo de medidas los anaqueles se vacían (…) hoy la actividad económica en Venezuela la sostienen los empresarios que no tienen el entorno para hacerlo mejor (…) las 250 mil empresas que se mantienen el país, ya venían trabajando al 30 por ciento de su capacidad, antes de la pandemia”.

En cuanto al aumento de precios, Cusanno precisó que el mismo es consecuencia de la fluctuación en la tasa de cambio oficial, fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV).

“Si se va a utilizar la premisa de la especulación para tomar decisiones hay que voltearnos a ver al BCV, que en menos de seis semanas ha desplazado el tipo de cambio de un dólar en 70 mil bolívares a 170 mil bolívares por dólar (…) y explicó que “esto modifica las estructuras de costos calculadas en divisas”.

Cusanno además recalcó que la operatividad de los sectores productivos se ve limitada por el desabastecimiento de combustible que se cotiza con sobreprecios en el mercado negro.

“En este momento la gasolina está hasta 10 veces más costosa que en cualquier parte del mundo. Ya se habla de estados donde un litro de gasolina cuesta más de dólares”, denunció.

Consecomercio

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), rechazó las nuevas medidas anunciadas por la vicepresidenta  las cuales buscan controlar los precios, intervenir las compañías y fiscalizar las empresas de manera arbitraria.

A Continuación transcribimos textualmente el comunicado de Consecomercio:

Los comerciantes venezolanos a la Nación

Desde el inicio del actual estado de excepción, sobrevenido por la aparición y propagación global de la pandemia Covid19. Entendiendo el avanzado empobrecimiento de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas y la poca profundidad de las reservas y capacidades del Estado venezolano, producto de cuestionables políticas económicas que han llevado al país a un período de casi 7 años de recesión y más de 2 años de hiperinflación, con la pérdida del 66% de nuestra economía en los últimos 5 años. Todos los sectores productivos del país, comprendieron que elevar las necesidades de nuestra gente a un plano superior, más allá de cualquier tipo de diferencia, en especial la política, era lo prioritario. Durante el actual estado de alarma sanitaria, las empresas han puesto el máximo de sus capacidades para que los productos y servicios de primera necesidad, alimentos, medicamentos, telecomunicaciones y asistencia médica estuviesen disponibles en todo momento para los venezolanos.

Este trabajo mancomunado, enfocado en priorizar el bienestar de la gente, se ve hoy amenazado, por cuanto las condiciones mínimas necesarias para cumplir el objetivo productivo, y que han sido históricamente potestades del Estado venezolano, no están garantizadas.

La seguridad jurídica está gravemente amenazada. Aunque el actual estado de excepción no debía implicar restricción de derechos, vemos cómo lamentablemente han sido anunciadas medidas de control de precios, intervención de empresas agroindustriales y fiscalizaciones arbitrarias de comercios. Son prácticas que rechazamos de plano, dado que amenazan a la propiedad privada, impiden la producción y no harán que aumenten las cantidades disponibles de bienes y servicios. Por otra parte, condenamos categóricamente los actos vandálicos que, fuera de todo control de los organismos de seguridad del Estado, únicamente logran cerrar más establecimientos, que no volverán a abrir sus puertas, disminuyendo los niveles de servicio y abastecimiento, arruinando a familias enteras.

El sistema de servicios públicos es deficiente. No es viable hacer frente a la amenaza de una pandemia, en medio de una economía tan frágil como la nuestra, sin servicio de agua potable, con marcada insuficiencia eléctrica y sin un suministro estable de combustible que permita que la cadena de distribución funcione y que la fuerza de trabajo, quien le da vida al ciclo productivo, pueda llegar a sus lugares de trabajo. Enfrentamos una emergencia nacional en la cual están amenazados principalmente los sectores más vulnerables de la sociedad donde la falta de condiciones sanitarias y reducción de movilidad que presuponen estas carencias, violan el principio de supervivencia de las empresas e impiden el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales.

La política monetaria implementada por el ejecutivo nacional lesiona el bienestar de la gente. La inflación es el peor de los males que ha sufrido la República, ha destruido sistemáticamente cadenas de valor y ha suprimido el poder adquisitivo a todos los niveles de la sociedad pulverizando el salario de los trabajadores. Se ha eliminado todo vestigio de potencia y utilidad de nuestro signo monetario nacional, es en este caso el Estado quien tiene la responsabilidad de la emisión de dinero carente de confianza y respaldo, que se traduce posteriormente en incrementos de precios y malestar entre los consumidores y usuarios.

Siendo este el estado de las cosas que vivimos día a día todos los venezolanos,

proponemos un acuerdo de entendimiento y concertación nacional, en el cual estén incorporados

todos los actores políticos, económicos y sociales. Libre de todo ánimo de uniformizar el pensamiento y amplio en cuanto a la conservación de los ideales y diferencias, donde todos y cada uno de los sectores se sientan atraídos por la ilusión de lograr el bienestar de la gente en el marco de una gran empresa llamada Venezuela, donde para todos sea posible colaborar, con organización plural, esquema jurídico de alto nivel, administración superior y una reserva moral basada en la riqueza de ideas producto de la diversidad. Un gran acuerdo permitiría el restablecimiento de las condiciones políticas, económicas y sociales. Permitiría colocar primero a la población, restituyendo la seguridad jurídica e implementando soluciones técnicas tendientes a normalizar el estado de los servicios públicos. Igualmente favorecería la creación de espacios para debatir las grandes soluciones en el ámbito productivo, fiscal, monetario y comercial.

El país reclama la atención eficiente de la pandemia global Covid19, con prioridad en la salud de la población, a la vez que requiere el despliegue de una política de recuperación económica con acciones de efecto inmediato que permitan reimpulsar la producción y estimular el consumo. Es necesario disminuir el nivel de encaje legal bancario, ofrecer incentivos fiscales a las empresas y revisar las normativas que castigan la disponibilidad de recursos financieros como los anticipos semanales de impuestos nacionales. Es pertinente el diferimiento de la entrada en vigencia de la reforma del código orgánico tributario y exonerar temporalmente tasas y aranceles para materias primas, insumos y bienes de capital, así como los productos terminados que permitan el abastecimiento de los mercados en beneficio de la población. Exigimos el justo reconocimiento del sector privado como el principal facilitador de la inversión, generación de oferta con valor agregado local y consumo, por lo tanto las medidas intervencionistas, de control desmedido, las prácticas de conflictividad y violencia institucional en contra empresas deben ser revertidas a la brevedad. Exigimos que se practique una gestión gubernamental enfocada en elevar la eficiencia de los servicios públicos y energéticos, con disciplina en lo fiscal y monetario, como bases de la calidad de vida del venezolano.

Es la aspiración de todo venezolano un país más libre y próspero, donde se den soluciones prácticas a sus problemas cotidianos, soluciones pacíficas a las diferencias, libertad de elegir el propio destino y recuperar la confianza. Este proyecto de Nación se amplía por incorporación, conservando diferencias, nunca por expansión hegemónica ó uniformidad impuesta.   Es por ello que desde Consecomercio, resaltamos la importancia de promover la tolerancia, el respeto y la confianza, en una ambiente donde la unidad sea la causa y la condición para hacer grandes cosas. La idea de grandes cosas por hacer, favorecerá los procesos de adaptación, disminución de incertidumbre, manejo de complejidades y desarrollo de ventajas competitivas que serán las características seminales de la nueva grandeza nacional.

Empresas Polar

A penas anunciada la medida, las Empresas Polar fijaron posición a través de una nota de prensa.

A continuación transcribimos textualmente la nota de prensa:

Alimentos Polar exige dejar sin efecto medida arbitraria que atenta contra la seguridad alimentaria

Alimentos Polar, a través del Presidente Ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, rechazó de manera contundente las medidas arbitrarias en contra de la compañía y el bloqueo de códigos Sica, lo que afecta gravemente todos los esfuerzos que está haciendo la compañía para garantizar el abastecimiento de alimentos en este momento tan crítico para el país.

El día 24 de abril, la planta productora de harina precocida de maíz, ubicada en Turmero, estado Aragua, recibió una nueva fiscalización por parte de funcionarios de Sundde, Sunagro y Sencamer. Cuando apenas estaba comenzando dicha inspección, fue anunciada de manera sorpresiva y por televisión la supuesta medida de venta supervisada de todos los productos de Alimentos Polar, sin que mediara procedimiento administrativo alguno, ni existiera justificación para esta medida.

“No hay ninguna razón ni justificación para esta medida arbitraria. A pesar de toda la situación económica que enfrentamos, sumada a los problemas en el suministro de combustible y energía eléctrica, entre otros, seguimos produciendo y distribuyendo alimentos de calidad a precios ajustados a la realidad económica y cumpliendo con el país, conforme a las leyes venezolanas”, aseguró Mendoza.

Precisó que esta acción es totalmente contraria a lo que la población espera en este momento, pues no solo atenta contra el abastecimiento de toda la red comercial privada y pública que atiende la empresa, sino que lejos de ayudar a la tranquilidad del país, genera angustia y zozobra.

En este momento Alimentos Polar es la única empresa que puede llegar a tantos venezolanos y brindarle la posibilidad de tener los productos más cerca de sus casas, a través de más de 35.000 puntos de venta atendidos de forma directa y más de 55.000 mediante la Red de Franquicias de Distribución Polar. “Durante los últimos años, se han desmontado muchos sistemas de distribución y ventas masivas en el país por su alto costo, mientras que nosotros hemos mantenido una distribución que en la actualidad nos permite llegar a más de 90.000 puntos de venta semanalmente en todo el territorio nacional, a pesar del impacto financiero asociado”. 

Mendoza agregó que se han utilizado recursos propios para importar directamente las materias primas a costos internacionales y a las tasas de cambio con las cuales trabaja la industria privada, con pleno conocimiento de las autoridades. “También hemos venido haciendo un gran esfuerzo para incrementar en más de 50% nuestros volúmenes de producción, lo que quiere decir que los consumidores venezolanos están aumentando el consumo de nuestros productos. Somos los únicos que estamos presentes en los anaqueles y hogares de toda Venezuela, con nuestras marcas preferidas por los consumidores. ¿Qué otra empresa o actor que participe en la producción de los mismos rubros tiene esa presencia? En este momento, la producción nacional debe ser la prioridad de las políticas económicas”, sentenció.
Mendoza reiteró que sus trabajadores de producción, distribución y ventas también viven momentos complejos y cada día ponen en riesgo su vida y su salud para producir y cumplir con los venezolanos.

Dijo que en la empresa también está haciendo un esfuerzo extraordinario junto a las autoridades del Ceofanb, Redi y Zodi, quienes han apoyado en el suministro de combustible para continuar operando de la mejor manera posible, a pesar de las serias limitaciones. De igual manera, han prestado su valiosa colaboración en materia de seguridad para custodiar las instalaciones y distribuir los alimentos, en una situación muy compleja que vive el país. “No podemos permitir que todos estos esfuerzos conjuntos se vean entorpecidos por acciones arbitrarias e irregulares que atentan contra el abastecimiento de nuestros productos”, enfatizó. 

Al inicio de la fiscalización liderada por el Superintendente de Sunagro y director de Despacho de Sundde, General de División Menry Fernández, en compañía de 26 funcionarios de la Sundde, Sunagro y Sencamer, la empresa le exigió el cumplimiento de los protocolos internos y la respuesta fue la amenaza de bloquear los códigos Sica: “Esto de hecho ocurrió. La medida de bloqueo nos impide distribuir y cumplir con nuestros clientes y consumidores. Sin los códigos Sica no podemos mover ni un solo kilo de producto”. 

Durante el procedimiento, el superintendente mantuvo una actitud hostil, irrespetuosa, de poco entendimiento y colaboración, amenazando al personal de la instalación y evadiendo en todo momento el cumplimiento de los protocolos de seguridad interno, incluyendo el establecido por las autoridades ante el COVID-19, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores.

“Además, nuestro gerente de APC – Planta Turmero, José Francisco Bolívar, quien estaba realizando con absoluta responsabilidad su trabajo y con quien estuve en constante comunicación, fue amenazado con ser llevado preso. Estoy muy agradecido con él y con todos los trabajadores de planta por seguir cumpliendo su compromiso con el país, siempre apegados a nuestros principios y valores”, manifestó el Presidente Ejecutivo de Empresas Polar.

“Como empresa responsable productora de alimentos, nuestras plantas cuentan con rigurosas medidas de seguridad e higiene en las áreas productivas y logísticas, que deben ser acatadas de manera estricta, para garantizar la inocuidad de los productos. Cualquier incumplimiento puede poner en riesgo a nuestra gente y nuestra producción”, dijo.

Alimentos Polar reitera su rechazo a cualquier acción o medida que interfiera en los esfuerzos extraordinarios que está haciendo junto a sus trabajadores, franquiciados y transportistas para producir y distribuir los alimentos destinados a la población venezolana, en medio de una situación económica crítica que ya enfrentaba el país y que se complicó aún más con la presencia de la pandemia. “Hacemos un llamado al entendimiento para unir esfuerzos que nos permitan aumentar la producción de alimentos y continuar garantizando la seguridad alimentaria de los venezolanos”, exhortó.

Para finalizar, Mendoza agradeció el esfuerzo de todos sus trabajadores en todas las áreas de la compañía, a todos los actores importantes en la cadena de producción, distribución y ventas, a los accionistas y a la Junta Directiva, por su entrega y compromiso con la empresa y el país.

Fuente: Con información de Prensa de la Vicepresidencia de la República, Fedecámaras, Globovisión, Consecomercio y Empresas Polar.

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