Por Horacio Medina
Si verdaderamente hubiésemos aprendido la lección, durante estos últimos catorce años, los proventos del petróleo se habrían invertido en educación, salud, vivienda, infraestructura vial, agricultura, turismo, deporte, investigación y en generar ahorros, entre otras cosas.
Sin embargo, después de 600 mil millones de dólares de ingresos, durante el régimen de gobierno de Hugo Chávez, el país muestra, en todos sus aspectos, una situación de mayor deterioro con el agravante que la deuda pública, ha crecido exponencialmente y los indicadores sociales, tampoco resultan alentadores y, menos aun, reflejan los beneficios que estos ingresos milmillonarios deberían haber propiciado.
Lo que si ha logrado la bonanza petrolera, en estos 164 meses, es aumentar desquiciadamente la burocracia; engendrar una corrupción generalizada e incontrolada; propagar un clientelismo partidista creciente y gestar repartos de negocios para una “clase política dirigente” que ha resultado insaciable, en todas sus escalas, nacionales, regionales, municipales y comunales, hecho sin parangón en la historia republicana del país.
La gran deuda social que existía en Venezuela y que emergió a la luz pública con los hechos de febrero de 1989 y que persistía al momento del fracasado golpe militar del 04 de febrero de 1992, facilitó el acceso al poder de Hugo Chávez quien encontró una acogida mayoritaria a su magnificado discurso populista, a sus promesas de redención y a su mensaje de odio clasista.
Luego de estos 3900 días, la política del “modelo rentista socialista” para el petróleo, no solo que no fue redireccionada hacia el camino del progreso y la modernidad, sino que el concepto de la “explotación de la mina”, hasta su agotamiento total, retrocedió hasta sus mas primitivos anhelos. Se exacerbó el concepto de vender materia prima y reducir al mínimo posible cualquier proyecto de industrialización y transformación de esa materia prima.
La dependencia de la producción de crudo, pata generar la renta, se ha convertido en la única fuente de generación de divisas para dar sustento a una economía precaria que sucumbe ante las realidades del siglo XXI.
La deuda social, en tanto, se mantiene intacta, en términos reales, el régimen de Chávez se ha limitado a repartir limosnas, por medio de los programas de sociales denominados Misiones, absolutamente justificados como medida temporal de compensación que atenúan la criticidad de la pobreza extrema, pero que como solución estructural, solo terminan por repartir ingentes cantidades de dinero que contribuyen a mantener una esperanza en los estratos mas pobres, sin ninguna posibilidad de salir de esa pobreza extrema.
Sin duda que Chávez y sus más connotados asesores, han desarrollado una política rentista, absolutamente equivocada, fuera del contexto histórico y lejos de las exigencias de la modernidad que nos ha hundido en “en el excremento del diablo”, como predijera Juan Pablo Pérez Alfonzo.
Sin embargo, no creemos que sea el petróleo el excremento del diablo, pensamos, eso sí, que el verdadero excremento del diablo, ha sido, hasta ahora, las políticas de Estado que han caracterizado la dirección política de los gobiernos democráticos durante el lapso 1974–1998 y del régimen chavista entre 1999 y 2012. Durante el período democrático 1959-1974, las políticas de inversión permitieron un avance significativo en educación, salud, vivienda, agricultura e infraestructura pública que colocaban a la nación, en el camino correcto para saldar la deuda social, pero que no fue suficiente y menos aun continuada. En nuestra opinión allí radica el problema real.
Lo que se nos plantea en este momento, es la continuidad de un régimen con una profunda convicción totalitaria del poder y con una absoluta, obcecada y desquiciada política rentista. Su concepción de la política petrolera, nos conducirá, inevitablemente, al desastre total.
Solo se ofrece más producción, con unas cifras de ensueño que jamás se materializaran, con nuevas asociaciones improductivas, con más convenios leoninos y con la continuación del reparto selectivo de los proventos del petróleo, en función de sus intereses políticos para permanecer en el poder. La propuesta oficialista, no ofrece ninguna propuesta de futuro distinta. Todo, es más de lo mismo, lo cual significa, continuar hundiéndonos en el excremento del diablo y deja sin chance, a grandes masas de venezolanos para salir de la pobreza extrema, solo les promete más limosnas para mantenerlos en el nivel sobrevivencia.
En la propuesta de Henrique Capriles, encontramos una promesa de progreso que nos permite avizorar un horizonte distinto. Sin duda, la primera tarea, en esta área del nuevo gobierno de Henrique Capriles, como lo ha asegurado, será garantizar la seguridad de los trabajadores y de la infraestructura de la empresa, mientras de manera simultánea deberá trabajar por recuperar la capacidad operativa en las actividades de producción y refinación. Todo esto, dentro de un marco laboral de respeto y compromiso que de seguro permitirá resolver y zanjar diferencias, en el menor plazo posible.
Para ello, será necesario implantar, un plan operativo de verdadera emergencia que ya está en elaboración y que permitirá recuperar equipos, instalaciones, infraestructura y reactivar empresas de servicios conexos, elementos indispensables para poder reparar los pozos, líneas y estaciones de flujo, plantas y mini plantas de gas, oleoductos, patios de tanques, equipos y unidades de transporte lacustre y terrestre, plantas de destilación, muelles, sistemas de llenado y de seguridad industrial, etc.
De manera simultanea, será necesario trabajar en un verdadero cambio de mentalidad que nos permita transitar de la mentalidad rentista, a la concepción de inversión social y productiva.
Adoptar una visión de progreso que permita desarrollar, no una industria petrolera, sino un modelo energético nacional, con una industria de los hidrocarburos que crecerá en la producción de gas, crudo, productos refinados y petroquímicos. Un nuevo modelo que, además, permita construir una Matriz Energética Nacional integrada y que pueda desarrollar de manera equilibrada, los recursos fósiles, la hidroelectricidad y las energías alternas, todo en función del progreso nacional.
El nuevo gobierno deberá comprometerse a dejar atrás el modelo rentista, para dar
paso a un prototipo de inversión y ahorro, en función de un desarrollo sustentable. Un nuevo modelo que permita dejar en el pasado el estigma del petróleo como “excremento del diablo”, como agente pernicioso y transforme a los hidrocarburos, en los verdaderos agentes dinamizadores del progreso.
Deslastrarse del modelo rentista no se trata de arrebatar a cada cual lo que le corresponde.
Se trata, simplemente, de sacudirnos la concepción rentista como problema de fondo, es decir, de abandonar la espera fácil de los recursos o el combate por ellos a través de presiones corporativas. En esta lógica no encaja la nueva generación imaginativa de la riqueza, sino solo su distribución, hasta que los recursos naturales queden agotados.
Tenemos que ayudar al nuevo Presidente Henrique Capriles, a romper con el axioma de “Venezuela un país rico” y colaborar en la construcción de un nuevo arquetipo donde quede claro que, somos un país con grandes riquezas, pero que es necesario el talento, el conocimiento, el esfuerzo, el trabajo innovador para monetizar esas riquezas en función del progreso, generando oportunidades de empleo digno, desarrollando áreas prioritarias como la industria agroalimentaria y la metalmecánica, la infraestructura pública nacional, nuestro potencial turístico y tantas otras opciones que coadyuven a reducir la inmensa deuda social que tiene el país. Los hidrocarburos solo son el vehículo, pero serán las políticas de Estado del Gobierno de progreso, los verdaderos conductores para poder lograrlo.
En fin, abogamos por un Gobierno deslastrado de la concepción estatista desmedida y que promueva la inversión privada, la generación de empleos y de oportunidades, ocupado en propiciar una distribución justa de las riquezas y en la generación de bienestar social, reflejado en seguridad, educación, salud y vivienda, teniendo como palanca de apoyo el potencial energético nacional.