Grupo de inquilinos propone descongelar alquileres gradualmente

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Todos los colectivos de inquilinos respaldan la aplicación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, instrumento jurídico que promovieron, debatieron y redactaron como parte de la iniciativa del pueblo legislador.
Sin embargo, ante la decisión de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) de no continuar dictando la providencia de congelamiento de alquileres porque ya la Ley entró en vigencia desde noviembre de 2011, algunos grupos de inquilinos estiman que la medida debe levantarse de manera progresiva.

La Asociación Bolivariana de Inquilinos (Asocib) propone una especie de «descongelamiento gradual», pues estima que hay algunos alquileres que deben ser revisados tras estar prohibidos los ajustes desde hace casi diez años. Frente a este panorama, la Sunavi ha sido clara: la providencia ya no es necesaria porque existe la ley que garantiza seguridad jurídica a los inqulinos.

Por otra parte, la Sunavi ha aclarado que descongelamiento de los arrendamientos no implica la liberalización de los cánones de alquiler, que no podrán ser distintos a los que fije la superintendencia de acuerdo al método establecido en la ley.

Maglene Sierralta, integrante de Asocib, indicó que están de acuerdo con la medida de descongelamiento, pero consideran que la Sunavi, nacida tras la promulgación de la Ley, aún no cuenta con la estructura para acometer «la magnitud de regulaciones que serán solicitadas».

Por su parte, Rígel Sérgent, del Movimiento de Inquilinos, afirmó que no cuestionan la aplicabilidad de la ley, «de la que fuimos copartícipes y corresponsables», sino que creen que antes de tomar la medida de descongelamiento deben estudiarse los efectos que ésta acarrea.

«Pudiera ser un descongelamiento gradual, que diferencie al pequeño y gran propietario, los alquileres actuales y los antiguos, cómo afecta a los propietarios e inquilinos según su capacidad», consideró.

Sérgent reconoció, al igual que Sierralta, que hay cánones realmente irrisorios al igual que unos muy altos, y que ambos casos deben revisarse.

Sunavi espera por Minvih

La titular de Sunavi, Ana Marina Rodríguez, recalcó esta semana que el ente que dirige está preparado para realizar el procedimiento para el cálculo de los cánones, de acuerdo con las solicitudes de ajustes interpuestas ya por arrendadores, y que sólo esperan la aprobación del valor del metro cuadrado por parte del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Sierralta consideró que el hecho de que aún no se haya establecido el valor de reposición por metro cuadrado por parte de la cartera de Vivienda ha impedido que se avance en el avalúo de los inmuebles y con ello, que se fijen tanto el canon de arrendamiento como del precio de venta.

La Ley establece en su artículo 77 que la fijación de los cánones de arrendamiento estará basada en una banda de entre 3% y 5% de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble.

Para la determinación del valor del inmueble (VI), la Superintendencia deberá tomar en cuenta el valor de reposición (cuánto costaría construir el inmueble en la actualidad), sus dimensiones, la depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región. Ese valor de reposición será fijado anualmente por el Ministerio y se expresará en bolívares por metro cuadrado.

Ante el hecho de que sólo la Sunavi puede ajustar los cánones y de que aún no se ha fijado el valor de reposición, Sierralta admite que, en la práctica, los alquileres se mantienen congelados pese a que no haya una providencia que así lo establezca.

Su temor es que, hasta que el Ministerio de Vivienda y Hábitat no establezca el valor de reposición para completar la fórmula de cálculo que está en la ley, los propietarios puedan irrespetar la norma y decidan aumentar unilateralmente. Sin embargo, el instrumento jurídico deja claro que es ilegal cobrar un arrendamiento por fuera de lo que fije Sunavi. Las multas para quienes cobren alquileres violando la ley llegan hasta cien unidades tributarias.

De hecho, Sierralta reconoció que hasta ahora no han recibido denuncias de aumentos arbitrarios de los alquileres, aunque sí de cobros ilegales de depósitos.

Seguridad Jurídica

La Sunavi ha señalado que el hecho de que no estén congelados los alquileres no significa que están liberados, pues la ley establece que no pueden cobrarse alquileres distintos a los fijados por el órgano rector.

Esto significa «que hasta tanto sean fijados y regulados los cánones de arrendamiento de los inmuebles destinados a vivienda, no podrá realizarse cobro alguno que signifique incremento de lo pagado por los arrendatarios y arrendatarias», dijo el organismo en un comunicado reciente.

Del mismo modo, la Red Metropolitana de Inquilinos ha considerado que no continuar con el congelamiento de alquileres «es una medida que le da seguridad jurídica al pueblo inquilinario y que hace cumplir la primera ley propuesta por iniciativa nacional», señaló Yurani Prado, una de las voceras del grupo y quien habló en nombre de otros coletivos impulsores de esta normativa jurídica.

Explicó que el objetivo de dicha providencia, que era enfrentar el carácter especulativo de los cánones de arrendamientos, ya está garantizado por la ley pues ésta define el procedimiento para la fijación de los alquileres. «Sunavi tiene la competencia para fijar el canon. Ningún propietario ni administradora pueden aumentarlo», recordó.

Apuntó que ese congelamiento pudo proteger a los inquilinos mientras se organizaron para crear el proyecto de ley, en cuya discusión participaron todos los sectores involucrados. Una vez promulgada la norma, la medida transitoria es innecesaria.

La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) en noviembre de 2011, ocho meses después de que se introdujera el anteproyecto de ley por iniciativa popular.

Colectivos de inquilinos redactaron el anteproyecto, que luego fue sometido a discusión en la Comisión Permanente de Administración y Servicios del Parlamento. En este debate también participaron activamente los integrantes de los movimientos de inquilinos, y se escuchó a representantes de arrendadores y organismos técnicos.

Fuente: AVN

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