Gobierno se pone la soga al cuello con su política de viviendas

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Reporte sobre la construcción de viviendas en Venezuela, las políticas que adelanda el gobierno de Hugo Chávez y lo que nos depara el futuro.

Por Eduardo Martínez

El déficit de viviendas en Venezuela se estima en 2 millones de unidades. Esto explica la continua expansión de las zonas marginales en torno a los centros urbanos. La cifra del déficit la tomamos de una declaración de prensa del entonces ministro de vivienda Farruco Sesto, quien en septiembre del 2008 señalaba desde Maracaibo que había que “rectificar la proyección de construcción de viviendas para terminar en 10 años con el déficit habitacional estimado en 2 millones de casas”.

Luego de 2 años, y una inclemente temporada de lluvias, que dejó sin casa a más de 100 mil personas, ese déficit no sólo se incrementó sino que se transformó en una crisis social que pudiera evolucionar dramáticamente y tomar las calles. Por ello, el gobierno ha venido tomando medidas de emergencia para atajar la crisis.

Un coctel de medidas

El coctel de medidas tomadas ha seguido la prédica del régimen. Se ocupan espacios desocupados; se obliga a los propietarios de los hoteles a ceder habitaciones; se alojan damnificados, escogidos selectivamente, para que vivan temporalmente en oficinas de ministerios y entes públicos; se desata una ola de persecución e imputación en contra constructores; se ocupan desarrollos inmobiliarios sin terminar y terrenos sin construir, sin importar razones ni oír alegatos, entre otras acciones. Esto último ha venido acompañado de expropiaciones de proyectos, construcciones, edificaciones, terrenos y conjuntos, sin que hasta el momento medie pago alguno. Lo que convierte las presuntas expropiaciones en simples “apropiaciones”.

Adicionalmente, se ha hecho uso de la cuestionada ley habilitante para aprobar leyes en el área habitacional, difundiéndose propuestas y anuncios sin tenerse clara, su legalidad, aplicación y si lo que se declara está realmente plasmado en una ley, reglamento, norma o es simplemente una propuesta de políticas gubernamentales.

El gobierno se pone la soga al cuello

Entre estas medidas anunciadas por el gobierno, se encuentra que quien reciba una vivienda no podrá venderla. Lo cual no es nada nuevo. El gobierno en los últimos años, cuando entrega las pocas viviendas construidas por el sector público, no protocoliza los documentos de propiedad, tan solo adjudica una vivienda acompañada de una carta o cartón que autoriza su ocupación.

Por otra parte, instrucciones a los jueces, dadas por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia-TSJ, han prácticamente eliminado las órdenes de desalojo de viviendas como consecuencia de la aplicación de contratos de arrendamiento, peticiones de los propietarios y ejecuciones de hipotecas por el no pago de las cuotas. Expresado en otras palabras: “quien no paga, sea en alquiler o compra, no puede ser desalojado”.

En cuanto a los insumos para la construcción, nos encontramos que las expropiaciones de cementeras, siderúrgicas y las manufacturas de porcelanas y cerámicas, aunado a la crisis de producción de las empresas básicas de Guayana, han logrado reducir la provisión de concreto, cabillas, perfiles de aluminio y hierro, y toda la gama de pisos y baños. Lo que frena el arranque de nuevos desarrollo y la culminación de los ya empezados. Esto sin contar, lo sobreprecios que deben pagar los constructores para adquirirlos en un ambiente de abierto desabastecimiento.

La culpa es del sector privado

Aunque el sector privado construye y ha construido más viviendas que el Estado, el régimen aborda la crisis habitacional arremetiendo contra el sector privado. Para ello saca de las denuncias de los últimos 12 años contra prácticas poco éticas, sino ilegales, de algunos constructores.

Nadie se explica porqué se dejó pasar tanto tiempo sin que se aplicaran las leyes existentes. La usura, el cobro de intereses sobre intereses, el no cumplimiento de los contratos privados aplicados entre las partes, la aplicación de cláusulas que establecen penalizaciones prohibidas por las leyes, así como la aplicación de tasas de interés distintas o que exceden a las establecidas por el BCV, han debido de ser perseguidas en los últimos 12 años por los distintos órganos del Estado.

Ahora, tenemos a buena parte de los constructores de viviendas en vía de ser enjuiciados, cuando no escondidos o presos, mudados al exterior o simplemente asustados porque pueden ser imputados en cualquier momento. Esto incluye a constructores que nunca incurrieron en estas prácticas.

La importación de viviendas

A la par que se arremete en contra del sector privado, el régimen acude a lo que ha sido su política de la última década: importar aquello, que por la razón que sea, no se hace en el país.

Sin embargo, los países que vienen a construir viviendas en Venezuela se enfrentan a los mismos problemas que confrontan los privados.

Este domingo, el diario El Universal publica un interesante trabajo de la periodista Mayela Armas H. En el mismo se señala, citando un informe del Ministerio de la Vivienda,  que “el Ejecutivo pactó acuerdos con Brasil, Belarús, China e Irán para la producción de 27.873 viviendas en los estados Aragua, Anzoátegui, Barinas, Cojedes, Guárico, Lara, Portuguesa y Monagas, de esa cantidad proyectada se han realizado 2.968 viviendas”. Lo que representa tan sólo 11% de las viviendas, luego de haber pactado su construcción hace 6 años.

En otros trabajos anteriores de Mayela Armas había reportado (diciembre 2010) que “la construcción pública de viviendas cayó 76% en 4 años”, habiéndose construido 11 mil casas hasta septiembre (2010) 56% menos que el año 2009, cuando en el 2006 se efectuaron 46 mil 600. En tanto en enero de este año, la periodista de El Universal escribió que “la construcción del Gobierno general cayó 22% en 2010 y la actividad privada terminó el pasado año con un retroceso de 21%”.

Deseos no preñan

El 2 de febrero, el presidente Hugo Chávez prometió subsanar el déficit de viviendas entre 2019 y el 2020. Déficit que calificó de “heredado”.

Para ello, el gobierno proyecta construir “150 mil viviendas este mismo año, 200 mil casas para 2012 y a partir de 2013 se edificarán aproximadamente 300 mil viviendas”. «Estaríamos sobrepasando los dos millones de viviendas. Claro, cada año crece, pero trabajando así, entre 2019-2020 tendremos cancelado el déficit heredado de viviendas en Venezuela y cada quien tendrá su digna vivienda», afirmó el presidente el pasado 2 de febrero.

El futuro de la vivienda en Venezuela

Las políticas del régimen reducen las fronteras para la construcción de viviendas. Esas fronteras son: 1) el marco legal, 2) la amenaza judicial, 3) limitaciones a la propiedad privada, 4) escasez de insumos, y 5) falta de financiamiento.

Con todas estas restricciones es inalcanzable cumplir la meta de 150 mil viviendas para este año.

Sin la participación de constructores privados no será posible alcanzar metas, por más modestas que estas sean. Mucho menos lograr 150 mil viviendas, que es mucho más del doble de lo más que se ha podido construir en un solo año en lo que va del gobierno Chávez.

Adicionalmente, la escasez de insumos, provocada principalmente por la ineficiencia que caracteriza al Estado en la administración de las industrias expropiadas, dificulta el cumplimiento de las metas de construcción. Sin cemento, cabillas y porcelanas, no se hacen casas, a menos que sean ranchos de cartón.

Persiguiendo a los constructores, expropiando y ocupando sin compensación económica, los privados no invertirán.

Por otra parte, las dos medidas cardinales que acabarán con la construcción pública de viviendas son: no entregar la titularidad de la propiedad, al restringirse la reventa de esas viviendas, y la prohibición de desalojar viviendas judicialmente por falta de pago. Un beneficiado con una vivienda construida por el Estado, cuando internalice que no podrá disponer de ella, simplemente dejará de pagar cuando también internalice que no lo pueden desalojar. Esto traerá como consecuencia que en unos pocos años, el Estado no tendrá dinero para financiar la construcción de nuevas viviendas. Lo que hará más difícil para el estado emprender nuevo desarrollos. Se ha demostrado que la reinversión, con el pago de las cuotas de quienes han recibido una vivienda, es lo que garantiza la continuidad de los proyectos habitacionales. Cuando se acabe lo que se da, no habrá más viviendas.

Todo esto establece un marco legal y político que hace inviable cualquier política habitacional en el futuro. El gobierno está a tiempo para corregir el rumbo de las políticas tendientes a la construcción de viviendas. En caso contrario, sólo estaremos en presencia de la construcción, una vez más, del populismo de los gobiernos latinoamericanos, pero las casas, no serán construidas en la cantidad y calidad que los venezolanos requerimos.

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