Habíamos pensado escribir un Editorial sobre la nueva Ley de Costos y Precios Justos. Sin embargo, compartimos plenamente la declaración formal de CEDICE. Por eso la hacemos nuestra y la transcribimos a continuación.
El día de hoy (martes) fue finalmente publicada en Gaceta Oficial el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos, la cual fue aprobada por el Presidente de la Republica en el marco de la Ley Habilitante. Según señala su artículo 1, tiene por “objeto establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control para mantener la estabilidad de precios”, cabe destacar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 318 de la Constitución esta función es competencia exclusiva del Banco Central de Venezuela, quien a través de sanas políticas monetarias debe lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la moneda, de acuerdo a lo señalado por una análisis realizado por el Observatorio Económico Legislativo de CEDICE-Libertad (OEL).
Con esta Ley se crea un Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios cuyo fin será, entre otros, “identificar agentes económicos que, por la contraprestación de servicios, o ventas de productos, fijen precios excesivos”. En un país donde existe una inseguridad para las inversiones y una elevada tasa de inflación generada por un gasto público descontrolado, se desprende de esta función que el Estado Venezolano se convertirá en un Estado Policial, donde el principio constitucional de presunción de inocencia queda derogado por vías de hecho.
Crea además un nuevo ente burocrático, que procurará establecer un sistema con el cual controlar la cadena de producción, comercialización y distribución de cualquier tipo de bien o servicio. Agrega al gran número de registros que deben hacer las empresas uno nuevo, que es el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios. Este registro, es obligatorio según lo señalado en el artículo 10, y el Vicepresidente de la Republica podrá establecer la obligatoriedad de demostrar la inscripción a efectos de realizar determinados trámites administrativos ante el Estado; este artículo pareciera entrar en contradicción con lo establecido en el Artículo 112 de la Constitución que señala que todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia.
Se desprende de la Ley que corresponderá a la Superintendencia creada establecer los precios que considere “justos”, de acuerdo a la información aportada por las empresas y la revisión de estructura de costos que realice; cabe destacar que las estructuras de costos no pueden ser estandarizadas pues son particular de cada empresa (dependen de eficiencia, eficacia y productividad), y toma en consideración una serie de factores, cuyas distorsiones no se solucionan por una imposición gubernamental. Los precios son el resultado de una compleja interacción entre la oferta y la demanda. El mercado es eso: miles de personas tomando miles de decisiones en un contexto altamente dinámico que cambia por procesos de innovación, moda, gustos, información relevante, valoraciones morales sobre los bienes o servicios que están en juego y la propia condición personal. El mercado provee diferentes opciones, a diferentes precios y con diferentes contenidos.
Finalmente, la Ley condiciona la protección de la propiedad privada a la seguridad y soberanía nacional, y a la utilidad pública o interés general y social y tal como señala el artículo 46, prevé como sanción la ocupación temporal, ya prevista en leyes como la de Protección y acceso a los Bienes y Servicios (ley de PABIS).
Para CEDICE-Libertad, con esta nueva ley se sigue configurando un régimen cuyo norte es eliminar la libre iniciativa, el emprendimiento y las libertades de los ciudadanos, para convertirlos en esclavos dependientes de un Estado que cada vez se hace más ineficiente. “Desde la perspectiva del OEL las distorsiones de precios no se combaten sólo con leyes, sino con confianza y es un error pensar que la regulación a la rentabilidad implica protección al consumidor, es todo lo contrario, crea mercados negros y escasez que dificultan el acceso a los bienes y servicios y a condiciones que mejoren su calidad de vida”, señaló Alicia Sepúlveda Coordinadora del de dicho Observatorio.
Fuente: Prensa CEDICE