Por Carlos Roque
Una intensa campaña nacional convocada inicialmente por la Asamblea Nacional y en su desarrollo con apoyo activo de partidos oficialistas y también opositores, organizaciones empresariales, profesionales y de la sociedad civil culmina el 3 diciembre con la realización de un Referendo Consultivo de cinco preguntas en relación a lo que debería ser la posición venezolana ante la propuesta del gobierno de Guyana (con la presión abierta de la compañía ExxomMobil y el Comando Sur de Estados Unidos), ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en una inconsulta reactivación de la disputa de Venezuela por sus derechos sobre el territorio Esequibo. El largo conflicto, iniciado judicialmente en 1899 con la aprobación del Laudo Arbitral de París que consagró el despojo de 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales siguió con reclamos durante varios años hasta que los alegatos venezolanos fueron considerados por Gran Bretaña y la naciente República Cooperativa de Guyana en el Acuerdo de París de 1966 y, de alguna manera, ratificado en el Protocolo de Puerto España de 1990; y posteriormente en manos de una gestión de “buenos oficios” por el Secretario General de las Naciones Unidas para un proceso de negociaciones y acuerdos.
GEOPOLITICA PETROLERA
En 2015 el descubrimiento de enormes yacimientos de petróleo en la zona y en aguas aún no delimitadas, coincidió con el “Decreto Obama”, ejecutado por el gobierno de Donald Trump que implicó la aplicación de sanciones económicas, la ruptura de relaciones diplomáticas e incluso, el reconocimiento por cuatro años de un gobierno venezolano paralelo. En ese contexto el gobierno guyanés y en especial la gestión del mandatario Irfaán Ali desde 2020, ha endurecido su gestión obligando a los secretarios de la ONU a dejar la medición convenida, recurrir a una Corte Internacional que habría recibido soborno de la Exxom, y violando de esta manera el “Acuerdo de Ginebra”. Al mismo tiempo se facilita la instalación de una Base de Operaciones del Comando Sur y se propician alianzas militares de otros países con la narrativa de un supuesto plan intervencionista de Venezuela.
CONSULTA Y CIJ
Ante el anuncio de la Corte Internacional de iniciar un juicio el venidero mes de abril a instancias del gobierno de Irfaán Ali y su insistencia en rechazar la vía del diálogo, el gobierno venezolano convocó a un Referendo Consultivo previsto en la Constitución para el 3 de diciembre, con cinco preguntas dos de las cuales las referidas al rechazo a la apelación judicial tal como establece el Acuerdo de París y la creación del Estado Esequibo en la frontera en litigio con Guyana, fueron impropiamente cuestionadas por la CIJ. Si bien el gobierno no tenía obligación de someter el cuestionario a la aprobación popular, en este caso lo hizo para fortalecer políticamente las medidas y en el marco de un clima de temprana crispación para la escogencia presidencial de 2024. Justamente, el viernes 1 de diciembre una declaración de la Corte reconocía el derecho del gobierno venezolano a convocar la consulta, rechazando la petición de guyanesa. En todo caso, es una confrontación ya de carácter geopolítico y estimulada por factores internacionales, que habrá de cobrar una impredecible dinámica en los días venideros.
* Publicado eneltape.com