Un grupo de ciudadanos afectados por el cobro del Índice de Precios al Consumidor-IPC instalaron este lunes en la sede de Indepabis una sala situacional con distintos organismos del Estado, para organizar una estrategia jurídica que les permita defenderse de esta práctica aplicada por empresas del sector construcción.
El diputado de la Asamblea Nacional Augusto Montiel explicó que la reunión en las inmediaciones del Indepabis se realiza para “investigar el mecanismo de estafas continuadas por parte de constructoras de apartamentos que cobran de manera ilegal el IPC”.
Agregó el parlamentario que el pasado viernes se desarrolló una asamblea con las personas afectadas donde se decidió tomar como medida la instalación de una sala situacional “para llevar las investigaciones a fin de que los organismos competentes en la materia puedan proteger a los usuarios de las inmobiliarias que pretenden quitarle sus apartamentos que vienen pagando de manera diligente hace más de 3 años”.
«Son más de 50 desarrollos inmobiliarios que están siendo investigados por estas prácticas», expresó Montiel.
Por su parte, una de las afectadas, Mayerlin Barrios, que compró en el Parque Residencial Mata Linda, explicó que las obras se encuentran paralizadas: “Ellos aumentan continuamente los precios, por lo que pedimos a los entes del Estado nos brinden la garantía de nuestra vivienda principal. Muchos contratos de compra venta tienen 2 años vencidos, son muchos complejos en esta situación y los encargados no culminan las obras”.
Otro de los afectados, Carlos Mosquera, explicó que lo que desean es que el Estado garantice el cumplimiento de los contratos.
En la reunión estuvieron presentes representantes de la Defensoría del Pueblo y de la Vicepresidencia de la República, quienes asistieron para brindar una colaboración y asesoría jurídica a las víctimas.
María Cristina Martín, representante de la Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República, anunció que una vez recibida la denuncia, “nos dimos cuenta de la práctica de este tipo de constructoras que a través de fórmulas engañosas no quieren entregar las viviendas a los ciudadanos. Se requieren respuestas urgentes de parte de los organismos del Estado y por ello nosotros estamos aquí, para proteger a las personas afectadas”.
Fuente: AVN