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Representantes de las 150 familias afectadas por las irregularidades ocurridas en la construcción del urbanismo Terrazas de la Vega se reunieron el pasado viernes frente a las oficinas de la empresa promotora de este conjunto residencial en donde entregaron un documento y exigieron la presentación de un plan de reubicación, tal como fue ordenado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

“Les exigimos (a la promotora) que cumplan con la Ley”, señaló Amada Montesinos, quien refirió que no han recibido ninguna propuesta por parte de la Promotora Parque La Vega.

“La promotora ha manifestado que no está de acuerdo con la medida dictada por el TSJ pero se trata de un delito que se cometió y donde existen familias en riesgo así que si no cumplen el dictamen del TSJ (que ordenó presentar un plan de reubicación para estas familias) ellos están cometiendo desacato”, señaló.

Solicitó a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat; el ministro de Estado para la Reconstrucción de Caracas; la Jefa de Gobierno del Distrito Capital; la alcaldía Metropolitana y el alcalde del Municipio Libertador implementar las medidas necesarias que garanticen la reubicación de las 150 familias de la primera etapa del citado conjunto residencial.

Por su parte, Lisset Vegas, otra de las personas afectadas por esta estafa inmobiliaria, explicó que la situación de inseguridad en el conjunto residencial se ha estado denunciando desde hace cinco años.

“Hace cinco años, estamos llamando a los ingenieros de la promotora para que busquen una solución y ellos no dan la cara. Nosotros no hemos invadido ningún edificio porque somos propietarios y le exigimos a la promotora que nos reubique”, expresó.

El TSJ del pasado 16 de febrero, al admitir una demanda de la Defensoría del Pueblo en nombre de los afectados, ordenó a la Promotora Parque La Vega que consignara ante la Sala Constitucional un plan detallado para la reubicación temporal de las 150 familias de los edificios 11 al 15, dictamen que se venció este viernes.

“Hemos sido amenazados y las comunicaciones que ellos hacen (la empresa promotora) son con la intención de amedentrarnos y desacreditarnos, como si estuviéramos mintiendo, como si esto fuera un show. No podemos permitir que sigan burlándose”, exclamó Amada Montesinos.

Los cinco edificios ubicados en la primera etapa de este conjunto residencial sufren de constantes inundaciones y deslizamientos de tierra, debido a que fueron construidos sobre una cuenca hidrográfica, refieren informes del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres-Imgrad y, por lo tanto, son espacios considerados inhabitables.

Montesinos agregó la solicitud para que se conforme una junta administradora que también ordenó el máximo tribunal para las promotoras Parque La Vega, Casarapa y Coindeca, con el objetivo de cumplir con las obligaciones laborales y pago de servicios para el normal desenvolvimiento de las obras en ejecución o a ejecutarse dentro del complejo habitacional Terrazas de la Vega.

Esta decisión busca garantizar el pago de los trabajadores que desarrollan las labores en las residencias, relacionadas con limpieza de deslizamientos y las que eventualmente se realizarán para mitigar los riesgos del resto de la urbanización, pues en su anterior sentencia, el TSJ dictó prohibición de enajenar y gravar sobre todos los bienes de las empresas citadas y el bloqueo de sus cuentas bancarias.

El objetivo era precisamente asegurar los recursos para responder a las necesidades de las familias afectadas, no sólo las 150 perjudicadas directamente, sino las casi 1.800 que conforman el resto del complejo urbanístico.

La junta estará constituida por un representante designado de común acuerdo por las promotoras; integrantes de los ministerios del poder popular para el Trabajo y Seguridad Social, para Vivienda y Hábitat y para el Comercio; de la Procuraduría General de la República; del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios-Indepabis y de la Contraloría General de la República.

Fuente: AVN

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