Nadie puede sorprenderse por el anuncio del Departamento de Estado de los EEUU sobre las sanciones a PDVSA, la estatal petrolera venezolana. Por meses, el gobierno venezolano había venido retando tanto, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU como las sanciones establecidas por los EEUU y la Unión Europea. No es mentira que negocios de PDVSA burlaron la resolución.
Ahora, el gobierno venezolano ha reclamado respeto a su soberanía. Entiende, o quiere hacer entender el gobierno de Venezuela, dos cosas: la primera, que esa sanción atenta contra la soberanía del país; y la segunda, que esas sanciones carecen de sentido práctico. En ambos casos, el gobierno se equivoca.
Nos pueden disgustar las sanciones, porque afectan los “intereses” venezolanos. Pero es indudable que los EEUU también tiene su soberanía, en base a la cual tomó la antipática decisión. La soberanía es un problema bidireccional, no puede ser visto en un solo sentido o dirección.
En este punto es bueno recordar la decisión soberana del gobierno de Hugo Chávez cuando congeló las relaciones comerciales con Colombia en el 2009. Esa acción significó una pérdida considerable para la economía colombiana. Una pérdida infinitamente mayor que la inflingida a Venezuela por las sanciones del Departamento de Estado. ¿Problema de soberanía o de intereses?
En cuanto al sentido práctico de las sanciones, se hace necesario razonar los tres puntos de la misma. El primero, PDVSA no puede realizar contratos con el Estado estadounidense. El ministro Ramírez aduce que la petrolera no los hace y no los ha hecho. Lo que no quiere decir que, en el mejor interés venezolano, lo pueda hacer y sea conveniente para la empresa y Venezuela, hacerlo. Es una puerta que se cierra. PDVSA es una empresa vetada para negocios con el gobierno de los EEUU. Nada más y nada menos, su mejor cliente y la mayor potencia económica del mundo. Hemos perdido un cliente potencial y eso reduce el valor comercial de PDVSA.
La segunda sanción, PDVSA esta vetada para obtener financiamiento o aseguramiento del Eximbank de los EEUU. El ministro también señaló que no hace operaciones con este ente financiero de los EEUU. Lo cual no es necesariamente cierto. PDVSA es una empresa “hi-tech”, es decir, de alta tecnología o tecnología punta. Por su actividad, niveles de producción y por pertenecer al sector de Energía, requiere de tecnología punta que es sumamente costosa. Los proveedores estadounidenses de alta tecnología deberán vender sus productos y servicios, estrictamente de contado. Para lo cual, PDVSA deberá abrir cartas de crédito irrevocables. Sin embargo, el productor deberá protegerse contratando pólizas de seguro que lo protejan de eventualidades. La póliza más barata, y en los mejores términos, es la que otorga el Eximbank de los EEUU. Esto obliga a tener que recurrir a empresas aseguradoras privadas que cobran primas más elevadas y en términos no tan convenientes. Esto tiene como consecuencia un encarecimiento de la transacción. Recordemos que las compras de PDVSA son por montos millonarios y eso cuenta.
La tercera restricción, que establecen las sanciones, es la prohibición de obtener licencias de exportación de EEUU para productos y servicios. Esta sea probablemente la mayor sanción que se establece. Todo producto de alta tecnología, como los que compra PDVSA, no podrá ser vendido. Y como las licencias se refieren al comprador final, la violación de esta sanción por ser triangulada, es decir comprada a través de otro, puede acarrear graves sanciones para las empresas estadounidenses que hagan la venta. PDVSA es entonces una empresa que desde hace dos días no tiene acceso a la mejor y más alta tecnología producida por los EEUU. Un factor que también tiene su incidencia en la valoración de PDVSA.
La consecuencia práctica de la pérdida de valor de PDVSA lo vemos reflejado en los bonos que esa empresa emite y vende en los mercados internacionales. Si PDVSA quiere colocar más bonos, deberá ofrecer mayores rendimientos por los mismos. El “fiao” a PDVSA se encarece.
El texto de las sanciones aclara que el alcance de las mismas es limitado. No incluye a las subsidiarias, entiéndase CITGO, y no prohíben la exportación de petróleo venezolano hacia los EEUU. Con lo cual se resalta el carácter de “advertencia” de las sanciones. Es decir, si PDVSA continúa violando el espíritu de la resolución del Consejo de Seguridad, expresado por las sanciones del Departamento de Estado, ya los EEUU ha señalado los dos peldaños siguientes de futuras sanciones: CITGO y la venta de petróleo a los EEUU.
Toda esta situación generada por las sanciones a PDVSA por parte del Departamento de Estado de Estado de los EEUU, debe llevar a los venezolanos a pensar sobre su principal, y casi única, industria. El 95% de los ingresos de divisas de Venezuela provienen del petróleo. En estos momentos, el 60% de los alimentos con los que el venezolano se alimenta son importados con parte de esos dólares. Por ello debemos los venezolanos proteger a nuestra principal industria, que no es del gobierno, sino de cada uno de los venezolanos. Estén a favor del gobierno o en contra.
Tomar decisiones que afectan la estabilidad y fortaleza de PDVSA es sin lugar a dudas una traición a cada uno de los 28 millones de venezolanos. Por lo que debemos plantearnos siempre la pregunta ¿A quién pertenece PDVSA? Interrogante que debieran hacerse los que circunstancialmente gobiernan, porque parece que se les olvida.
Caracas, mayo 26, 2011