No hay Estado de Derecho en Venezuela

Los Profesores universitarios de Derecho Público denuncian el desconocimiento del Estado de Derecho y la violación de los derechos en Venezuela.

A la opinión pública nacional e internacional


“Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución

(Artículo 16, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789)

Diversos estudios e investigaciones preparados por Profesores de Derecho Público en Venezuela, han demostrado la ausencia de Estado de Derecho y de separación e independencia de los poderes del Estado que opaca la vigencia de los derechos humanos y hace ineficaz la Constitución. En Venezuela, el llamado Socialismo del Siglo XXI se presenta como una razón de estado absoluto que permite al Presidente de la República actuar sin limitaciones jurídicas ciertas y efectivas.

Los profesores de Derecho Público y materias afines de las Universidades venezolanas, abajo firmantes, rechazamos y denunciamos el desconocimiento por el actual gobierno, en todos los niveles, de los valores y derechos previstos en la Constitución, que configuran a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho, en el cual ha de regir la institucionalidad, el ordenamiento jurídico, el pluralismo y en el que los funcionarios públicos han de estar siempre al servicio de los ciudadanos, no de parcialidad alguna, y, en tal sentido, deben actuar sujetos a las limitaciones jurídicas derivadas de la libertad e igualdad de las personas, de manera que los derechos humanos, que se erigen como los valores y fines superiores, sean respetados y garantizados a todos por igual.

El respeto de la Constitución, como enseñamos en las aulas, garantiza también la seguridad, estabilidad, convivencia y paz de la sociedad, necesaria para el progreso y la prosperidad.

No obstante, en Venezuela las normas han dejado de ser las que habilitan y determinan el actuar de los funcionarios públicos, para convertirse en meros instrumentos para la imposición de la voluntad caprichosa desde las altas esferas del poder.

Vivimos en un Estado donde los jueces o tribunales independientes son la excepción. En la actualidad la regla es que toda decisión del Presidente de la República o sus agentes reciba el aval del Tribunal Supremo de Justicia, responsable principal de esta situación intolerable, y del resto del Poder Judicial.

Al contrario, los fallos judiciales tienen la vocación el intentar legitimarles cualquier arbitrariedad, ocurrencia o retaliación. Éste es el mayor peligro para nuestros derechos y para la democracia. Síntoma de lo anterior es el cada vez más elevado número de personas perseguidas o privadas de su libertad por motivos políticos y no jurídicos, así como la ya común y para nada encubierta práctica de sancionar con remoción o destitución a jueces que han enfrentado concretos intereses de altos funcionarios o del gobierno, llegando incluso a la detención arbitraria, con múltiples violaciones de derechos humanos, de alguno de ellos.

Vivimos, asimismo, la negación reiterada a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Los derechos constitucionales son indivisibles e interdependientes. Los derechos constitucionales son todos y para todos. No se puede lograr la satisfacción de los derechos civiles y políticos sin los derechos sociales, económicos y culturales, ni viceversa.

Las muertes violentas de personas que ocurren a diario, y que nos han convertido en uno de los países más violentos del mundo, son una violación del derecho a la vida; los secuestros son una violación de los derechos a la libertad y seguridad personal; el lenguaje excluyente utilizado por el Presidente de la República y otros funcionarios contra los venezolanos que no comparten su proyecto político particular son agresiones al derecho de igualdad y pluralismo político; la ausencia de un trabajo digno para todos es una violación del derecho al trabajo; la falta de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, es una violación del derecho a la vivienda; las expropiaciones arbitrarias y despojos a las propiedades que viene ejecutando el gobierno menoscaban el derecho a la propiedad; los ataques y ocupaciones arbitrarias a las empresas e industrias lesionan los derechos a la libertad económica y a la iniciativa privada; los juicios iniciados contra manifestantes, periodistas y demás personas por sus opiniones, así como el cierre arbitrario de medios de comunicación, son una violación del derecho a la libertad de expresión; la ausencia de disponibilidad suficiente y estable de alimentos y las limitaciones para su acceso oportuno y permanente al público consumidor menoscaban el derecho a la alimentación; las medidas que planifican y restringen la oferta de bienes y servicios son una violación a los derechos de los consumidores y usuarios. Éstos son apenas unos ejemplos de la falta de vigencia de nuestros derechos fundamentales.

No en vano el Estado venezolano se encuentra hoy día en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en perjuicio directo de las víctimas, con ocasión del desconocimiento de las decisiones dictadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la

Organización de las Naciones Unidas, que han sido la última esperanza de obtener justicia para las víctimas, especialmente los más pobres.

Todo lo anterior ha sido ejecutado abiertamente bajo un denominado “Estado Global”, que se basa en una supuesta actuación mancomunada de los poderes y en la primacía absoluta de un contradictorio y confuso interés general, que concuerda plenamente con los intereses e ideas unilaterales del Gobierno Nacional.

Utilizar el poder público sin obstáculos ni límites con la excusa de favorecer a muchos, aunque suponga la violación de los derechos de otros pocos, no hace otra cosa que desnudar la apetencia de poder de los actuales gobernantes. Con ello se encubre una gravísima contradicción, porque el despotismo y la autocracia han mostrado, una y otra vez, su incapacidad de solventar los problemas de todos. La actuación de los funcionarios públicos sin atenerse estrictamente al Derecho y a los derechos tiene un costo alto en lo humano, económico y social que pagan todos los miembros de la sociedad.

Con ocasión de los acontecimientos que presenciamos actualmente en el país, convocamos a la sociedad venezolana a tomar conciencia de las consecuencias negativas que conlleva el modelo jurídico, económico y social que se pretende imponer a los venezolanos sin su aprobación expresa y, más aún, en contra de su voluntad, como es el caso del Estado Socialista y Comunal rechazado por el pueblo en la reforma constitucional propuesta en el año 2007.

Apremiamos a todos, y en particular al gremio de abogados, a luchar en el marco del Derecho por la vigencia de toda la Constitución, con sus derechos y sus normas que limitan y responsabilizan a los funcionarios que ejercen el poder. Solo asumiendo y defendiendo todos los principios y derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales y sus consecuencias para el Estado y la sociedad, como hemos decidido hacerlo en las aulas universitarias, podremos los venezolanos forjar nuestro futuro como personas libres y dignas, como seres iguales empoderados de derechos inviolables y, por tanto, no sometidos a la voluntad y capricho de otros. Solo andando según estos principios lograremos la felicidad, el progreso como sociedad democrática y convertiremos a Venezuela en el país próspero que todos merecemos.

En Caracas, el 16 de diciembre de 2010.

Serviliano Abache

Asdrúbal Aguiar

Carmen Alguindigue

Jesús María Alvarado Andrade

Miguel Alvarado

Andrés Álvarez Iragorry

Néstor Luis Álvarez Martínez

Tulio Alberto Álvarez

Ricardo Antela Garrido

Karina Anzola Spadaro

Ana Elvira Araujo García

José Araujo Juárez

Tomás Arias Castillo

Alfredo Arismendi Aguana

Carlos Guillermo Arocha

Roquefélix Arvelo Villamizar

Flor Ávila

Marcos Avilio Trejo

Carlos Ayala Corao

Alberto Blanco Uribe

Alberto Baumeister Toledo

Irma Beherens de Bunimov

José Rafael Belisario Rincón

Carlos Simón Bello Rengifo

Juan A. Berríos O.

Elías Bitar Escalona

Erick Boscán Arrieta

Allan R. Brewer-Carías

Gustavo Briceño Vivas

Josefina Calcaño de Temeltas

Pedro Pablo Calvani

Alejandro Canónico Sarabia

Antonio Canova González

Ruth Capriles

Carlos Luis Carrillo Artiles

Marcos Carrillo Perera

Jesús María Casal

Alma Chacón Hanson

Rafael Chavero Gazdik

María de los Ángeles Delfino

Rafael Díaz Blanco

Hernando Díaz Candia

Román J. Duque Corredor

Néstor Ecarri Angola

Leopoldo Escobar

Margarita Escudero León

Ronald Evans Márquez

Luis Henrique Farías Mata

Liliana Fasciani M.

Héctor Faúndez Ledezma

Andreyna Febres-Cordero W.

Juan Carlos Fermín Fernández

Fernando M. Fernández

Gerardo Fernández

Alejandra Figueiras R.

Argenis Flores

Jenniffer Gaggia

Catherina Gallardo

Ramsis Ghazzaoui

Oscar Ghersi

Simón Gómez

Fortunato González Cruz

Gustavo Grau Fortoul

Angelina Jaffe

León Jurado Laurentin

Andrés L. Halvorssen Villegas

José Vicente Haro

José I. Hernández González

Luis Alfonso Herrera Orellana

Gonzalo Himiob Santomé

Jorge Kiriakidis

Gustavo Linares Benzo

Laura Louza

Luis Alberto Marín Rengifo

Manuel Marín

Alfredo José Martínez García

Juan Miguel Matheus Fernández

Luis Molina

Juan Pablo Molina Berrizbeitia

José Enrique Molina Vega

Miguel Mónaco

Alicia Monagas

José Antonio Muci Borjas

Bárbara Nava

Claudia Nikken

Humberto Njaim

Edgar Núñez Pino

Gilda Núñez

Jesús Ollarves Irazábal

Freddy J. Orlando

Alejandro E. Otero Méndez

Paciano Padrón

Alfredo Parés Salas

José Peña Solís

Rogelio Pérez Perdomo

Flavia Pesci Feltri

Pedro Alfonso del Pino

Rodolfo Plaz Abreu

Francisco Paz Yanastacio

Manuel Rachadell

Juan Manuel Rafalli

Jacqueline Richter

Carmen Luisa Roche

Miriam Rodríguez

Ninoska Rodríguez Laverde

Manuel Rojas Pérez

Manuel Román Ramírez

Andrea Rondón García

Ana María Ruggeri

Gabriel Ruan Santos

Leonel Salazar Reyes-Zumeta

Enrique Sánchez Falcón

Abdón Sánchez Noguera

Luis Pompilio Sánchez S.

Antonio Silva Aranguren

Nelson Socorro

Cecilia Sosa Gómez

José Gregorio Torrealba R.

Diana Trías Bertorelli

Héctor Turuhpial

Carlos Urbina

Gustavo Urdaneta

Daniela Urosa Maggi

Judith Useche

Juancarlos E. Vargas

Alfredo E. Vázquez L.

Adriana Vigilanza

Isaac Villamizar

Carlos E. Weffe H.

Corina Yoris

(Firmas en depósito)

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